Dirigentes y comerciantes de P. Montt piden cambios al código procesal penal
TURBAZOS. Parlamentarios señalaron que es la ciudadanía y las autoridades las que deben presionar para mayores sanciones. Pedirán reuniones con los legisladores de todos los sectores. EX FUNCIONARIO. Imputado fue detenido y formalizado en el Juzgado de Garantía. Jefe comunal de Puerto Varas no tuvo lesiones.
Cambios al Código Procesal Penal, para que las sanciones sean más fuertes en el caso de los "turbazos", hurtos y robos están pidiendo dirigentes sociales y del comercio de Puerto Montt, tras los últimos sucesos que han causado conmoción pública, y donde han sido detenidos delincuentes con nutrido prontuario.
De acuerdo a Carabineros, durante la última semana se han detenido 39 personas por los delitos de hurtos, pero además se suman siete aprehensiones por robo en lugar no habitado.
Estos hechos han causado inquietud entre las autoridades y dirigentes sociales, pero además en el comercio céntrico, debido a la seguidilla de robos, algunos de elevados montos.
Para Valeria Árgel, secretaria de al Unión Comunal de Juntas de Vecinos Reloncaví, los Carabineros hacen su labor, los fiscales toman conocimiento, "pero llegan al tribunal y hasta allí no más existe sanción y el ladrón sigue en la calle aunque tengan 50 causas", afirmó.
Al profundizar en su critica la dirigenta vecinal dijo que los defensores son más escuchados que los fiscales, pero además en Puerto Montt las medidas que se han tomado para dar seguridad no han dado resultados.
"Yo creo que en este tema son los parlamentarios los que tienen que regular esta situación, ellos deben cambiar las leyes, mejorar para las víctimas", adujo.
Justicia
Carlos Stange, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, señaló que por ahora hay calma porque Carabineros ha tenido una buena respuesta a la necesidad de mayor fiscalización.
"Muchos de los que han estado involucrados en estos delitos tienen antecedentes, hasta 48 causas y nuestra inquietud esta dirigida para quienes imparten justicia, porque algo está ocurriendo en el nivel de jueces, porque quedan en libertad en forma muy fácil estos delincuentes", aseveró.
Para Stange, si no se pone atajo ahora a esta problemática, la situación podría empeorar.
Indicó que en los turbazos pueden ser afectados los clientes o personas que nada tienen que ver.
"Vamos a pedir reuniones con los senadores y diputados porque así como se hicieron las leyes, son muy garantistas, y ello debe cambiar", expresó.
Agenda
Para el senador (UDI) Iván Moreira, lo más complejo de estos últimos delitos es que tienen una connotación pública distinta por su forma y características. Lo que lamentablemente genera mucha inseguridad en la comunidad.
"La agenda antidelincuencia ha hecho cambios importantes, pero aquí también influye mucho el exceso de trabajo del Ministerio Público que ha tenido bajos resultados en la persecución y condena de los delincuentes", anotó.
Moreira añadió que el combate a la delincuencia debe ser un trabajo de la sociedad donde cada una de las partes, los ciudadanos, los fiscales, tribunales, policías y la autoridad deben poner de su parte.
"Porque si hay algo que no podemos permitir es que a nuestra región lleguen delitos con mayor violencia y riesgo para la comunidad. Lamentablemente la delincuencia esta desatada no sólo en la región sino también en el país", aseguró.
El senador (PS) Rabindranath Quinteros indicó que los delitos evolucionan y requieren también respuesta integrales y no sólo de Ley. "Hace más de un año se puso en marcha la agenda corta antidelincuencia, que entregó mayores atribuciones al Ministerio Público y endureció las sanciones asignando penas mayores a los delitos de connotación social como los que están ocurriendo en Puerto Montt. Y hoy vemos que delitos que eran característicos de Santiago se están replicando en ciudades intermedias y pequeñas, como ocurre con los llamados alunizajes y turbazos. Respecto de este último caso, que generalmente es calificado como hurto, en algunas ciudades ya ha sido recalificado como robo con intimidación, lo que implica mayor castigo", analizó.
Para Quinteros, en esos casos ha sido la fiscalía y la presión de las autoridades locales la que ha logrado que la justicia opere con mayor energía.
"Aquí todos tienen responsabilidad: la policía que cuenta con nuevos y mayores recursos para perseguir los delitos, la justicia a la hora de sancionar a los delincuentes y el municipio en su rol de administrador de la comuna", afirmó.
Alcalde Ramón Bahamonde es amenazado e incluso lo intentan agredir
En el Juzgado de Garantía de Puerto Varas, este viernes fue sometido a la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, el imputado por amenazas contra el alcalde Ramón Bahamonde.
Tras la audiencia, Nelson Montoya, quedó en libertad con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse a las oficinas de la autoridad en el edifico consistorial.
El hecho ocurrió tras una reunión del Concejo Municipal, donde el imputado habría intentado golpear a Bahamonde, amenazándolo posteriormente con golpearlo.
"El señor Montoya le dijo textualmente: 'Te voy a pegar' y hay testigos presenciales de estos hechos y de los dichos. Si no hubiera sido porque un funcionario municipal se interpuso entre Montoya y el alcalde, este habría sido efectivamente agredido", explicó Lorena Celis, asesora jurídica de la Municipalidad.
El imputado fue desvinculado del municipio durante la administración anterior.
Barbará Schmidt, también asesora jurídica, dijo que existe una causa laboral vigente con Nelson Montoya, y que estaban en un proceso de negociación.
"Nelson Montoya no quiso aceptar la negociación y hoy (jueves 4 de mayo) llegó al Concejo acusándonos de mentirosas", adujo.
Montoya era el cuidador del cerro Philippi y fue desvinculado por la administración municipal anterior.
De acuerdo a lo informado en el departamento jurídico de la Municipalidad, a raíz de la agresión al alcalde Bahamonde, se decidió iniciar una acción precario en contra de Montoya.
De acuerdo a lo explicado por las abogadas, esto quiere decir que el dueño del inmueble, en este caso la Municipalidad de Puerto Varas, iniciará acciones para recobrar la posesión del inmueble a través del tribunal civil.