La comisión de Trabajo de la Cámara aprobó el proyecto de ley que establece que en licitaciones de recolección de basura y cuidado de áreas verdes, deberá al menos ponderarse en un 15% la remuneración y condiciones laborales de trabajadores que realizan dichas funciones.

La información fue dada a conocer por el diputado integrante de esta instancia, Patricio Vallespín, quien explicó que "el objetivo de este proyecto es establecer normas que incentivan mejoras de las condiciones de remuneraciones y empleo de los trabajadores que se desempeñan en empresas que prestan servicios externalizados a las municipalidades, en recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios".

El legislador dijo que "esto es muy importante para los trabajadores que realizan estas labores, pues señala que en las licitaciones que realizan los municipios para contratar el servicio de recolección de la basura y mantención de áreas verdes, deberá al menos ponderarse en un 15% la remuneración y condiciones laborales de trabajadores recolectores y de transporte de basura, además de mantención de áreas verdes y aseo y ornato. De ese porcentaje, un 70% se pondera para nivel de remuneraciones y un 30% de condiciones de trabajo".

Precisó que "se trata de un gran logro para los trabajadores y traerá como consecuencia, que las empresas que licitan pongan más énfasis en los sueldos que pagan".

Turres destaca obligación de contratar personas con discapacidad

Un proyecto de ley que promueve la inserción laboral a personas con discapacidad es de autoría de la diputada Marisol Turres y está listo para ser promulgado.

La propuesta obliga a los organismos públicos y empresas privadas, con más de 100 funcionarios, a contar con una dotación de al menos un 1% de personas discapacitadas.

Para este propósito, el texto legal determina que los organismos públicos dependientes de la Administración del Estado, así como el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, entre otros, deberán en sus procesos de selección de personal, optar -preferentemente y con igualdad de mérito -por personas con discapacidad.

La diputada explicó que "se establece además que en estos organismos -con 100 o más funcionarios- a lo menos el 1% de la dotación anual deberá corresponder a personas con discapacidad o asignatarias a una pensión de invalidez".

"Los puntos claves en esta ley, apuntan primero a una discriminación positiva, para emplear personas con discapacidad ante igualdad de méritos y así poder optar a un cargo; y segundo, que obliga al Estado y a la empresa privada a contratar personas con discapacidad en un porcentaje no menos del 1% de sus trabajadores (empresas con más de 100 trabajadores). El objetivo inicial de este proyecto perseguía que tanto las empresas y el Estado se contrataran al menos el 2% de las personas.