Era conocido como "Punta Peuco", el cabaret que la noche del martes resultó totalmente destruido por un incendio y que dejó dos voluntarios con lesiones de menor consideración.

En el lugar trabajaron cinco compañías de Bomberos, pero el fuego se propagó a otros dos inmuebles aledaños.

En total, hubo 13 personas damnificadas, entre ellas nueve mujeres que pernoctaban en el local de alcoholes y cabaret emplazado en la avenida Brasil número 55.

La emergencia fue declarada alrededor de las 22 horas, pero los Bomberos controlaron totalmente las llamas alrededor de la 1 horas de ayer miércoles.

Desde el Ministerio Público se instruyó que sean peritos del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, quienes queden a cargo de la investigación para establecer el origen y causa del siniestro.

Daños

El conocido local de alcoholes de construcción de madera, de dos pisos y 225 metros cuadrados aproximadamente, era de propiedad de Carmen Ruiz. El inmueble resultó con daños en más de un 90 por ciento de su estructura, y no tendría seguros comprometidos.

Las llamas se propagaron rápidamente a otras dos viviendas de 35 metros cuadrados, cada una, y resultaron dañadas en un 50 por ciento. Las casas eran habitadas por cuatro personas adultas, las que quedaron albergadas en inmuebles de familiares.

Las nueve mujeres damnificadas en el siniestro del cabaret, quedaron albergadas en la casa de la dueña del local.

De acuerdo a los peritajes preliminares del Departamento de Estudios Técnicos (DET) de Bomberos de Calbuco, la causa sería ropa que se inflamó y que estaba secando cerca del caño de una estufa a leña en el segundo piso del inmueble de avenida Brasil 55.

El local conocido como "Punta Peuco" funcionaba hace muchos años en este punto de Calbuco, en el popular barrio La Vega.

Marcelo Galindo Gallardo

Afuncionarios públicos y empleados de los municipios de varias comunas de la Provincia de Chiloé, fueron cancelados los bonos por la crisis provocada por la Marea Roja en la Región de Los Lagos, de acuerdo a un informe elaborado por la Contraloría Regional.

El hecho fue confirmado por el contralor regional Víctor Fritis, quien dijo que en el informe -que está en etapa de revisión- se descubrió que existían funcionarios públicos, "y precisamente era uno de los requisitos que no se debía cumplir; es decir, una persona que percibía una remuneración permanente no tenía derecho a ésto y que sí lo estaban percibiendo", adujo.

Fritis añadió que estos casos se comunicaron a los servicios pertinentes, para que se efectuaran los descuentos o se tomaran las medidas. "Ahora estamos en la etapa del seguimiento y ver cómo se actuó respecto a esos funcionarios". añadió.

La situación -de acuerdo al contralor regional- es grave, porque para el organismo contralor se considera una información compleja o altamente compleja, cuando afecta el principio de probidad administrativa.

"Ello implica que el funcionario público debe respetar las normas legales, pero tiene la obligación de cumplir sus funciones en forma honesta y hacer prevalecer el interés general sobre el interés particular. Entonces, cuando una persona (funcionario público) ha obtenido recursos públicos, sin cumplir requisitos, eventualmente esto podría implicar una infracción a ese principio", explicó.

Víctor Fritis añadió que esto fue comunicado a los jefes de quienes recibieron el bono, "porque la jefatura correspondiente debe tomar una determinación al respecto", afirmó.

Subsistir

Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), calificó este hecho como una sinvergüenzura, porque se trabajó para conseguir los recursos, producto de la Marea Roja o contaminación, "porque para nosotros existió contaminación provocada. Con esos escasos recursos, la gente tuvo que subsistir los meses que estuvieron de para. Los mismos que estaban tramitando esto nos hicieron este tremendo daño", aseveró.

Para la dirigenta quienes tuvieron participación en esto deben ser duramente sancionados.

"Las personas que se quedaron con este dinero, son aquellos que reciben un sueldo mensualmente, por lo que el castigo debe ir más allá de un informe de Contraloría; debe ser ejemplar", anotó.

El intendente Leonado de la Prida manifestó que quienes recibieron bonos por la Marea Roja, son las personas que estaban en el registro pesquero artesanal. "Ese era el objetivo y así estaba puesto en el reglamento, y en la forma que se decidió. Si ellos eran o no funcionarios públicos, no fue el punto. El punto era que si estaban o no en el registro pesquero artesanal, porque había que llegar prontamente con la ayuda a las personas", agregó.

De la Prida dijo que el bono fue entregado a seis mil personas y quien hayan sido parte de este beneficio sin corresponder, lo tendrán que devolver.