Es altamente preocupante el negativo fenómeno social, -causado por mentes desequilibradas o juventudes de deficiente formación-, manifestado a través de las falsas llamadas a los teléfonos de emergencia de instituciones como Bomberos, Carabineros y la Armada.
Es lo que ha registrado en la temporada estival que se va, la Armada en Puerto Montt. Su fono 133 de auxilios, en dicho período, recibió 877 pitanzas, de las que sólo 10 fueron justificadas. Cifra que se incrementó en un 291% en cuanto a la misma etapa del año anterior.
No puede ser más impresionante esta problemática, por su evidente agravamiento. Sobre todo, porque esta distracción puede costar vidas humanas, además de pérdidas materiales, por las demoras y confusiones que surgen al no conocerse a ciencia cierta si ese clamor es verídico o no. Lo que también suele derivar en gastos inútiles, al desplazarse hacia focos de riesgo inexistentes.
En el plano nacional, entre los años 2010 y 2013, la central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco) atendió en promedio 13 millones de llamadas al 133, de las cuales 10 millones al año correspondieron a comunicaciones inoficiosas. Mientras que Bomberos de Chile recibe un promedio de 300 llamadas diarias, de las cuales sólo el 15% provienen de procedimientos reales.
Es oportuno recordar que el año pasado el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley -que va a segundo trámite en la Cámara Baja- que regula las llamadas falsas o inoficiosas a organismos de emergencia, que bloquean el sistema y dificultan la posibilidad de respuesta o reacción ante reales amenazas. La normativa permite exigir a las compañías telefónicas la entrega inmediata de los datos del involucrado, proceder judicialmente y alcanzar una multa de 1 a 5 UTM. Y si la falta es cometida por un menor de edad, asume la responsabilidad quien lo tenga a su cargo.
Ya es tiempo de frenar esta grave anomalía, que tanto perjudica a la seguridad social y a las instituciones que la resguardan.