S eis personas resultaron heridas a consecuencia de una cruenta lucha generada entre dos pandillas a plena luz del día en la población Bernardo O'Higgins.

Los hechos comenzaron alrededor de las 15 horas en calle Fortuoso con Los Lirios, sector donde residen dos pandillas separadas entre ellas, por dos viviendas.

El origen de la gresca se habría producido- según la información entregada a Carabineros por vecinos-, luego de una colisión de un vehículo Nissan, modelo Sunny, color gris y un Toyota Célica de color rojo. Ambos conductores bajaron de su autos y se trenzaron a golpes, ante lo cual salieron en su defensa las respectivas familias.

Los sujetos usaron hachas, piedras, cuchillos y escopetas de confección artesanal, generándose una batalla a fuego cruzado.

De la descomunal riña, resultaron seis heridos, de los cuales tres hombres recibieron disparos de escopeta y una mujer de 78 años que se encontraba en una de las viviendas, fue herida en el abdomen, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por Carabineros de Padre Hurtado.

El cuarto contrincante fue herido, pero no disparos; mientras que una joven de 17 años recibió un golpe de una piedra en la cabeza, siendo todos enviados al hospital, a excepción del que no recibió perdigones.

Además, una de las vecinas recibió un disparo en la rodilla, pero no concurrió a ningún centro asistencial .

Muchos vecinos contaron que la población está "tomada" por estas pandillas y que todos les temen; incluso sintieron disparos en la noche del sábado.

En el procedimiento concurrió el jefe de la Séptima Comisaría Carlos Sandoval Mora y, Labocar, Sip y Gope.

Hernán Osses S.

Cinco de las víctimas del mayor (r) de Carabineros, René Villarroel, conocido como "Juan Metralla" condenado por el delito de tortura, presentaron una millonaria demanda contra el Estado de Chile, reclamando el pago de indemnizaciones por los perjuicios sufridos.

La acción judicial fue presentada contra el Fisco en el Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, al estimarse que Villarroel era un agente del Estado al momento de aplicar las torturas en 1973.

La demanda fue presentada por la abogada Marcela Fuentes, en representación de Carlos Rehl Varas (agricultor), Hugo Huenusumuy (pensionado), René Paredes (obrero) y dos hermanas, ambas pensionadas.

Las 5 víctimas están solicitando el pago de 100 millones de pesos para cada uno de ellos.

La acción judicial fue presentada luego que la Corte Suprema rechazó en septiembre de 2015, el recurso de casación que la defensa de Villarroel había presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la que a su vez había confirmado el fallo del ministro Leopoldo Vera. El magistrado condenó a Villarroel a 3 años y un día de presidio como autor de los delitos consumados de aplicación de tormentos o rigor innecesario causando lesiones graves.

Esto se debe precisamente a que las víctimas se basan en la causa criminal para exigir al Estado el pago de las correspondientes indemnizaciones, al estimar que existe responsabilidad del Estado en la reparación de los daños causados, toda vez que fueron ocasionados por uno de sus agentes.

Ramón Espinoza, hijo del exdiputado Luis Espinoza, caso en el cual es investigado también Villarroel, reconoció que "nos parece algo legítimo y es algo que ha estado ocurriendo después de las condenas penales; que las víctimas recurran en contra del Estado por que éste no tomó las medidas necesarias para que no se cometieran torturas tan graves".

José Alfredo Arjel, presidente de la Agrupación de Derechos Humanos, recordó que en estos casos, el daño causado a las víctimas está comprobado, pese a lo cual y a los años que han transcurrido, nunca han sido reparados.

"La demanda civil nunca va a reparar el año que sufrieron. Ni toda la plata del mundo va a ser suficiente, pero en algo aliviará el dolor en los últimos años de sus vidas. Es penoso, pero es así", manifestó el dirigente.

Arjel insistió que lo que se busca en estos casos, tal como ha ocurrido a lo largo del país, es que el Estado se haga cargo de los perjuicios efectuados por uno de sus agentes.

Según los testimonios recogidos por el ministro Vera en la causa criminal, Carlos Rehl fue sometido a una serie de torturas en la Tenencia de Carabineros de Fresia. En la declaración que prestó a la justicia, se asegura que en la unidad policial "fueron torturados desde el primer momento por cinco días y en los cuales participó directamente el teniente Villarroel y funcionarios del Ejército, torturas que consistían en culatazos con los fusiles, les quemaban con cigarrillos en el cuerpo y la tortura de los caballitos de madera". Hugo Huenusumuy relata que fueron maltratados y torturados con golpes de culatazos de fusil, patadas, puñetes en la boca del estómago y quemados con cigarros. En cuanto a las mujeres, ambas fueron abusadas sexualmente por sus victimarios.