Ayer se constituyó el Consejo Comunal de Seguridad Pública de Puerto Montt, instancia presidida por el alcalde Gervoy Paredes, que reunió a las policías, autoridades y representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil ligadas a la materia.

En la oportunidad, el jefe comunal sostuvo que la mesa de trabajo tuvo como fin poder estrechar lazos con los organismos que tienen competencias en el área, de manera de generar un compromiso en conjunto que permita disminuir la sensación de inseguridad en la capital regional.

Alcalde Gervoy Paredes aseguró que "estamos constituyendo el Consejo Comunal de Seguridad Pública junto a las autoridades pertinentes de acuerdo la normativa. Se trató de una reunión positiva donde tenemos que seguir trabajando unidos por el desarrollo de la seguridad en la ciudad".

El jefe comunal agregó que "va a ser una reunión de trabajo mensual y la segunda etapa quedará para el 28 de abril. Hay muchas propuestas de las juntas de vecinos, por eso que es muy importante la presencia de nuestros dirigentes sociales para explicarle a la gente que esos delitos también tienen que ser incluidos en las constancias para tener un registro".

Por su parte, el gobernador Juan Carlos Gallardo indicó que "los municipios están obligados a tener sus propios consejos comunales de seguridad, lo cual es una buena noticia para la ciudadanía, porque se incorporan a la tarea de trabajar en contra de la delincuencia. Aquí se dio un buen intercambio de opiniones con visiones distintas de todas las instituciones".

También participó el prefecto de Carabineros de Llanquihue, Patricio Yáñez, quien expuso frente a los actores presentes en el encuentro.

El Servicio Nacional de Menores (Sename), en su calidad de querellante en el caso de explotación sexual infantil, solicitó ayer al Juzgado de Garantía de Puerto Montt, la emisión de una orden de captura internacional sobre el empresario turístico Manuel Liberona Guerrero.

A principios de este mes, el hombre de 58 años de edad debería haber comenzado a cumplir dos condenas que en su totalidad suman seis años y un día de presidio efectivo por los delitos de violación de una menor de 14 años y obtención de comercio sexual infantil, pero a la fecha el OS9 de Carabineros no ha logrado dar con su paradero. La noche del jueves 2 de marzo personal de la unidad especializada llegó hasta Ensenada, lugar donde Liberona debería haber estado cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, sin encontrarlo.

Pamela Soto, directora del Sename en Los Lagos, precisó a El Llanquihue que "a través de un documento ingresado por el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, solicitamos que se remita a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) una orden de búsqueda para el condenado que está evadiendo la acción de la justicia, y a la vez una orden de captura internacional que permita a Interpol detener a Liberona en caso que haya salido del país".

Riesgo de fuga

La directora indicó, además, que el riesgo de fuga del condenado por los delitos sexuales contra menores, fue advertido en varias oportunidades a la justicia.

"En reiteradas ocasiones, tanto el Sename en su calidad de querellante, como el Ministerio Público, solicitaron la prisión preventiva de Liberona durante la investigación y en los procesos posteriores, atendiendo a que constituye un peligro para la sociedad y por la probabilidad de una fuga atendiendo su conocimiento geográfico, manejo de idiomas y contactos internacionales, elementos que posibilitarían su salida al extranjero", expuso.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que continúa la búsqueda del prófugo, realizando diligencias en la zona del lago Llanquihue, en la población Mirasol de Puerto Montt y en Osorno, donde mantenía contactos con algunos familiares.

Una querella por el delito de maltrato habitual en contra de su cónyuge, interpuso el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) en contra del teniente coronel de Carabineros, Sergio Fuentealba Sánchez, de dotación de la Zona de Carabineros Los Lagos.

Según el documento presentado ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, el maltrato "está constituido por episodios reiterados de violencia psicológica y económica", que habrían sido ejercidos desde octubre de 2009 y hasta el año pasado, por el oficial del servicio de Intendencia, que se desempeña como jefe de contabilidad de la Zona Los Lagos.

De acuerdo a los antecedentes de la causa, el 11 de octubre de 2016, G. H. C. B. denunció maltratos de su esposo en el Juzgado de Familia de Puerto Montt, tribunal que emitió una orden de alejamiento para Fuentealba Sánchez, por lo que la mujer y sus dos hijos quedaron ocupando la casa fiscal asignada por Carabineros al oficial.

El 30 de diciembre, la justicia de familia remitió los antecedentes al Ministerio Público, ya que el maltrato habitual reviste carácter de delito.

Con el caso ya en la justicia penal, la víctima solicita apoyo psicosocial en el Sernameg, iniciando la intervención judicial, solicitando como diligencias la toma de declaración a siete testigos.

Paralelamente, la víctima cuenta con la asesoría particular del abogado Juan Fernández, quien además la apoya en la tramitación de una demanda de alimentos en el Juzgado de Familia.

"Sabemos que este tipo de maltrato psicológico es difícil de acreditar, por lo mismo se está trabajando con el equipo de psicólogos de Sernameg , con el fin de reconstruir los relatos de experiencia de maltrato, y de esta manera determinar mediante peritaje los daños a su esposa e hijos", indicó el profesional.

El jueves, el abogado del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Marcelo Urra, quien actúa como querellante en la causa, envió un documento electrónico a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia de Puerto Montt, solicitando una reunión para analizar si en los hechos denunciados pudo haber un maltrato a un menor.

El Llanquihue tomó contacto telefónico con el aludido en la querella, quien no se refirió al caso. El teniente coronel Sergio Fuentealba precisó que tomaría contacto con su abogado antes de entregar cualquier antecedente sobre el caso.