Hernán Osses S.

Hace algunas semanas, el vespertino La Segunda publicó un listado con los congresistas cuyo patrimonio superaba el millón de dólares. Y entre ellos, estaba el diputado por Puerto Varas, Fidel Espinoza (PS).

La misma crónica entregaba un antecedente que no es nuevo. Se trata del campo avaluado en unos mil millones de pesos, del que el congresista es propietario en calidad de heredero, junto a su madre y sus hermanos.

La nota llevó al abogado y ex seremi de Justicia, Marcos Velásquez, a solicitar, vía Transparencia, al Serviu, los antecedentes que permitieron a Espinoza -antes de ser parlamentario- obtener en 1997 un subsidio habitacional para la compra de un departamento en el sector de Mirasol.

El abogado ha sostenido una pública rivalidad con Espinoza, a raíz de las causas por violaciones a los derechos humanos, en las que el primero figura como defensor de acusados y el congresista, como víctima.

Velásquez explicó que "me parecía razonable que cualquier persona o profesor pudiese acceder a un subsidio. Pero si antes de ser diputado, tenía un patrimonio de miles de millones de pesos, el tema es que para pedir subsidio habitacional debió necesariamente ocultar su patrimonio. Eso es inaceptable en cualquier autoridad, más en una persona que permanentemente usa los medios de prensa, especialmente su cadena de radios, para insultar, desacreditar, dar lecciones de probidad y el correcto uso de fondos públicos".

Velásquez solicitó al Serviu los antecedentes que Espinoza presentó para acceder al beneficio fiscal, pero el organismo estatal se negó a entregarlos, argumentando que, como se trataba de datos personales, se había hecho la consulta a Espinoza, quien se negó.

"Eso demuestra que el señor Espinoza está ocultando información y que no quiere que la comunidad sepa cuál fue su declaración, los antecedentes que presentó para obtener ese subsidio habitacional", recalcó.

Velásquez insistió que lo mínimo que debe hacer el congresista es devolver las 90 UF que recibió de subsidio habitacional, "más aún cuando -en 2014- lo vendió a una persona que también obtuvo un subsidio... Él cobró el subsidio y lo cobró ahora, siendo diputado. Lo que tiene que hacer es reembolsar esos recursos".

De acuerdo a los antecedentes que figuran en el Conservador de Bienes Raíces, Fidel Espinoza vendió el inmueble en septiembre de 2014 a José Paredes Montiel, quien le pagó 554 UF, cifra en la que se considera el subsidio habitacional DS 1.

Respuesta

Espinoza descartó la veracidad de la denuncia del abogado Velásquez. "Jamás he ocultado información", recalcó.

El congresista recordó que los únicos requisitos que, en esa época, solicitaba el Programa Especial para Trabajadores, era tener un contrato de trabajo -se desempeñaba en el Fosis y hacía unas horas de clases en la universidad- por lo que "califiqué al programa porque cumplía todos los requisitos".

El congresista recordó que en su primera declaración de patrimonio como parlamentario -de 2002- incluyó el departamento; mientras que calificar el patrimonio familiar como de más de mil millones de pesos "es una ridiculez. En la década de los 90, ese campo era parte de la ruralidad, no valía ni el 10% de lo que hoy. Fue en la década del 2000, cuando pasó a ser parte del plano urbano... En aquellos años no valía prácticamente nada. Hoy sí vale mucho".

Espinoza recordó que ese inmueble fue una herencia que dejó su fallecido padre a su familia.

También aclaró que cualquier persona puede pedir toda la información de su actuar como parlamentario, cumpliendo así lo que dice la ley. "Pero lo que haya hecho hace 20 años, no tiene relación con lo que él plantea. Una vez más falta a la verdad", insistió.

Espinoza dijo que era verdad que vendió el departamento en 2014, después de haberlo cancelado íntegramente.

Al respecto, también aseguró que se hicieron las consultas al Serviu, entidad que no puso reparos en la venta del inmueble a un beneficiario de subsidio habitacional.

Finalmente, Espinoza dijo sentirse orgulloso de la denuncia de Velásquez. "Que haya tenido que hurgar en mi vida 25 años atrás, demuestra lo correcto que he actuado en mi vida como parlamentario. A diferencia de los amigos de él, de la UDI, no soy coimero, no me he vendido a los empresarios. Me debo a la gente. Que hoy salga con este show, con este tongo, demuestra el tipo de persona que es", advirtió.

El congresista aseguró que el odio que el abogado tendría en su contra se debe a que su defendido, René Villarroel, está procesado por el crimen de su padre, el ex-diputado Luis Espinoza.

Espinoza anunció que recurrirá a los tribunales por el actuar del abogado. "La honra de mi familia, no la toca nadie", insistió.

El Juzgado laboral de Puerto Montt falló a favor de un grupo de trabajadores del Sindicato número 1 de los supermercados Unimarc, en una denuncia por presuntas prácticas desleales que había presentado la empresa en su contra.

Esta había solicitado que se condene a los trabajadores que habían participado en la huelga a una multa de 150 Unidades Tributarias Mensuales.

Lo anterior, debido a que la empresa había considerado como prácticas desleales, una serie de acciones que habría impedido a los supermercados de Puerto Montt, Calbuco y Ancud, atender en forma normal al público, durante la huelga legal que se desarrollo a fines de mayo de 2016.

La empresa describió tales actos como "encendido de barricadas, bloqueo de los accesos, derramamiento de líquidos tóxicos, etc", lo que a juicio del empleador "ha amedrentado a trabajadores que no se encuentran en huelga legal y que desean ejercer su derecho al trabajo y han hecho lo propio con dependientes de proveedores, con el claro ánimo de perjudicar el funcionamiento diario de los locales".

Sin embargo, la representación de los trabajadores, que estuvo a cargo de la Defensoría Laboral, alegó que la misma definición de una huelga legal establece que se "se debe alterar la normal marcha de la empresa, de lo contrario no tendría razón de ser la existencia de este instituto".

El abogado de la Defensoría, Claudio Fernández, insistió que los hechos denunciados "no constituyen conductas que configuren prácticas desleales... Sino conductas propias de la una paralización que tiene por objeto el presionar a la parte empleadora para que se logre un acuerdo".

El Juzgado del Trabajo coincidió con esta apreciación, estimando los actos de los trabajadores "son las normales que se producen en toda paralización de labores y que busca llamar la atención y presionar para el logro de las demandas colectivas. No se concibe una huelga en que los participantes permanezcan mudos".