Con ocasión de las interesantes exposiciones efectuadas ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en el marco de la tramitación del Proyecto de Ley que busca la nulidad de la ley 20.657 que modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura, surgen posturas y legítimas interrogantes que enriquecen la discusión, y que son necesarias tener presentes pues inciden en aspectos de fondo que nos atañen a todos, sin distinción.

Todos volcados a resolver la siguiente pregunta:

¿Procede en nuestro ordenamiento la nulidad legislativa?

Argumentos en uno y otro sentido se han otorgado, sosteniendo el Gobierno su improcedencia, y otros la necesidad de aplicar la sanción a un acto legislativo con evidentes muestras de corrupción.

En esta lógica, estimamos que más allá de las posturas, es un debate que es necesario sostener, pues no resulta lógico pretender que nuestro ordenamiento no contempla remedio alguno ante vicios de tal entidad.

No es admisible sostener que nuestra Constitución Política avala el fraude y los efectos del mismo, y que ante una ley totalmente tramitada al alero del dolo, la simulación y la corrupción, nada podamos hacer como sociedad, salvo derogar.

La derogación no es una sanción al acto legislativo viciado, es una forma de extinguir la ley pero validando a la misma y a sus efectos, otorgando licitud a los "derechos" que emanaron de un engaño.

No cabe hablar de derechos en tal supuesto, pues ello se opone a una máxima universalmente aceptada: Fraus Omnia Corrumpit (El Fraude todo lo corrompe).

El sostener la procedencia de nulidad legislativa ante actos de la naturaleza descrita, es la única vía que resguarda los principios democráticos que inspiran a nuestra república; pretender lo contrario, implicaría validar la corrupción como mecanismo de generación de la ley, reconocer que el fraude ha ganado y que nuestro ordenamiento se encuentra en la penosa situación de aceptarlo.

Pablo Manríquez Díaz. Abogado. Asesor jurídico Fedepes. Profesor de Derecho Económico.

Luego que la reciente elección de directiva en Deportes Puerto Montt confirmara oficialmente en la presidencia al timonel interino Julio Aguilar -y ante una inhabitual importante presencia de socios-, la gran misión de este directorio, como la de los asociados a la entidad, es trabajar muy estrechamente unidos -bajo la consigna del engrandecimiento institucional- en los años que vienen.

El desafío es potente: superar la crisis económica que en la actualidad se afronta; incrementar fuertemente la escasa cantidad de socios; incorporar más decididamente al empresariado en los planes de desarrollo de la entidad; proyectarse más a la comunidad a través de iniciativas prácticas que la acerquen y comprometan con la institución; mantener campañas que promocionen la importancia de preservar la presencia de Puerto Montt en el fútbol profesional chileno, entre otras propuestas de colaboración.

Todo este cúmulo de tareas y responsabilidades, muy particularmente, tiene como destino único financiar y mantener un plantel futbolístico competitivo, que garantice certeras opciones de subir de categoría en el balompié rentado. Lo que en la presente temporada no ha sido posible conseguir, precisamente por las falencias económicas y los vaivenes directivos por todos conocidos.

Se espera -¡se anhela!-, que el nuevo directorio que asume le imprima una marcada estabilidad a Deportes Puerto Montt , comenzando por privilegiar la incorporación de los tres nuevos jugadores refuerzos que se prometió en junio pasado. Y de esa manera, la segunda rueda -que es determinante para mejorar lo rendido hasta ahora y tener alguna oportunidad de ascenso y no volver a segunda- enfrentarla con mayor dignidad y mejores resultados.

Debemos insistir que para una ciudad capital regional, con más de 300 mil habitantes, la escuálida cifra de socios que posee el club porteño, -en relación al número de residentes-, surge como un contrasentido difícil de explicar. Y que no se justifica ni refleja su meritoria trayectoria. Menos aún con el notable Estadio que lo respalda.