Erwin Schnaidt Ávila

A punto de cumplir la tercera semana de paralización de los empleados públicos y municipales del país, que demandan un reajuste salarial de un 7 %, la coordinadora regional de la Mesa del Sector Público convocó a los vecinos de Puerto Montt a manifestarse y exigir al Gobierno la pronta finalización del paro.

Zulema Sandoval expuso que "pueden presionar a través de otro medio, como insistir ante las Gobernaciones y la Intendencia, para que esto termine", postuló.

La extensión de este conflicto ha significado que durante todo este tiempo los usuarios del sistema público no puedan realizar sus trámites habituales, recibir atención médica en hospitales y Cesfam, además de suspender las clases en escuelas y liceos municipales, entre otros.

La dirigenta convocó a que la comunidad manifieste su reclamo "para que esto termine, haciendo explícito su malestar y exigencias hacia la autoridad, no hacia nosotros".

Propuso organizarse mediante agrupaciones comunitarias o de consumidores. "Ellos también tienen un rol importante que cumplir. No sabemos por qué no lo han hecho. En este país, todo el mundo vocifera en forma individual, pero cuando se trata de hacer una acción conjunta, la gente no la realiza. Por eso tenemos las autoridades que tenemos", manifestó.

Zulema Sandoval también ofreció disculpas y pidió la comprensión de la ciudadanía. "Para nosotros es una complejidad también. Estamos conscientes que ese es un malestar de la comunidad. Pero , las autoridades deben velar para que la gente tenga atención", expuso.

Sus declaraciones fueron formuladas al finalizar la lectura de una declaración pública de cinco puntos, en la que -entre otros aspectos- anunció que "continuaremos la paralización el tiempo que sea necesario, con el objetivo de lograr llegar a un acuerdo justo para nuestros representados". Expresó que buscan "recuperar nuestro poder adquisitivo y ser partícipes de las utilidades que generamos como nación".

Sobre el movimiento local, afirmó que "se mantiene firme" y que "no ha decaído", a pesar que reconoció que las últimas convocatorias de las marchas, el número de asistentes ha sido menor. Explicó que ello se debe a que en esas oportunidades "han venido (funcionarios) de otros puntos de la provincia".

Efecto en usuarios

Frente a esta movilización, Hernán Navarro, presidente de la Asociación de Consumidores Independientes Décima Región (Cider), reclamó que "los usuarios, que son los principales afectados, no están considerados en las negociaciones" que llevan adelante el Gobierno y los dirigentes de los empleados públicos y municipales.

A diferencia de lo que han planteado los dirigentes de la Coordinadora, para Navarro "este es un paro contra los usuarios" y reclamó por la extensión del movimiento. "Es mucho tiempo y está impactando en las atenciones. Es necesario que se busque una salida", planteó.

En tanto, Hernán Navarro llamó a atender las necesidades habituales en los recintos de Salud, tanto en el Hospital como en los Cesfam, "ya que los turnos éticos no están siendo suficientes".

Sobre el llamado que hizo Zulema Sandoval, para que la gente se manifieste, el presidente de Cider argumentó que no se les ha considerado y que para que ese llamado sea efectivo, es necesario que en la Coordinadora también estén presentes las uniones comunales de Juntas de Vecinos de la ciudad.

horas se extenderá el nuevo llamado a paro nacional del sector público y municipal del país. 48

es la oferta de reajuste salarial que ha ofrecido el Gobierno y que debe ser aprobado en el Congreso. 3,2 %

El diputado (PS) Fidel Espinoza denunció el irregular despido de los 30 trabajadores que se mantenían laborando en la construcción del servicentro en Puerto Varas, donde el martes 25 de octubre se registró un accidente que le costó la vida a cuatro empleados.

El parlamentario se hizo acompañar del abogado Francisco Paredes, quien está asesorando a las cuatro familias, quienes emprendieron acciones legales en tres instancias, en el Tribunal Laboral, en materia civil y penal.

Espinoza dijo que iban a ser defendidos los 30 trabajadores desvinculados, porque adujeron artículos ajenos a la realidad de lo que ocurrió en el accidente laboral.

"El cambio de la ley que hicimos en el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, no deja en indefensión a las víctimas, pero si este accidente hubiese ocurrido hace siete u ocho años, hubiesen terminado sin que las empresas respondan a las familias. Hoy en día la ley, independiente del nivel de prelación en la que se encuentre el mandante, tiene responsabilidad el empresario y tendrá que responder", aseveró.

El abogado Francisco Paredes dijo que la carta de despido fue invocando la causal de necesidades de la empresa.

"Se refería a razones de estructuración ajenas a su voluntad, que motivan el despido, y ello es falso porque acá hay culpa de la empresa, y nuestra jurisprudencia en forma reiterada ha dicho que en los contratos de faenas se debe pagar a los trabajadores hasta el término de la obra", aseguró.

Desde la empresa Shell, se explicó que en el directorio extraordinario realizado por Enex a raíz del accidente, se acordó poner término a los contratos, en virtud de los cuales R&R se encontraba construyendo proyectos de la empresa en la Región de Los Lagos.

"Actualmente, Enex se halla en proceso de traspaso de las obras a una nueva empresa. Una vez que esto se concrete en terreno y la nueva compañía tome posición en la obra, se le solicitará que le ofrezca empleo a los trabajadores desvinculados, quienes podrán decidir continuar en sus labores, si es que están de acuerdo", se indicó.