Los parlamentarios por la Región de Los Lagos criticaron de manera transversal el cambio de gabinete realizado ayer por Michelle Bachelet (ver página 10), donde los dardos fueron apuntados a la carencia de modificiones en el comité político.

El diputado Fidel Espinoza, quien también es presidente regional del PS en Los Lagos, aseguró -a través de su cuenta Twitter-, que "el Gabinete político (sigue) intacto. Es para no entender absolutamente nada. Seguimos en las mismas. Mejor no pasar más rabias y seguir trabajando".

Sobre la salida de Javiera Blanco de la cartera de Justicia, hizo hincapié en la consecuencia y lealtad al gobierno de Bachelet. "La seguidilla de casos que ocurrieron bajo su dependencia le costaron el cargo", afirmó, en relación al caso Sename, los errores en el padrón electoral y las jubilaciones en Gendarmería, entre otros.

Iván Moreira, senador UDI, aseveró que "una buena señal del Ejecutivo hubiese sido el cambio de los ministros políticos". Mientras que el diputado DC Patricio Vallespín coincidió en el análisis, asegurando que el cambio de gabinete debió haberse hecho después de las elecciones municipales.

Desde el oficialismo, el seremi de Gobierno, Francisco Reyes, comentó que está en manos de la Presidenta la decisión del cambio de gabinete, y cuáles son las fichas que estime pertinente cambiar.

"La toma de decisiones respecto a la conformación del gabinete es una facultad exclusiva de la Presidenta de la República. Por ello, los funcionarios de confianza del Gobierno no sólo la respetamos, sino que también la respaldamos", afirmó el periodista.

Luis Toledo Mora

Un lapidario informe, en el que se ratifica la difícil situación financiera del Departamento de Administración Municipal (Daem) de Puerto Varas, emitió la Contraloría de Los Lagos, tras auditar al organismo lacustre a solicitud de la diputada de la UDI, Marisol Turres.

El documento de 175 páginas recoge 41 observaciones detectadas al revisar el funcionamiento y las cuentas del Daem entre agosto de 2015 y agosto de este año, fecha en la que se registró una crisis en los establecimientos públicos lacustres, con una paralización que se extendió por tres semanas en demandas de mejoras en la administración del departamento.

Según el análisis de Contraloría, reflejado en la página 161 del informe especial 261/2016, el déficit presupuestario del órgano municipal a la fecha de la auditoría superó los 579 millones de pesos. La observación fue calificada como "altamente compleja" y de acuerdo al texto tiene su origen en "deuda corriente, fondos de terceros, facturas sin devengar, deuda extrapresupuestaria, deuda informada por proveedores no contabilizada y deuda con la Subsecretaría de Educación".

Además del déficit presupuestario, el examen de cuentas detectó que 204 decretos de pago (por más de $748 millones), no fueron entregados para el análisis correspondiente, por lo que se ordenó al municipio remitir los antecedentes a la Contraloría Regional en un plazo de 30 días, indicando además la entidad fiscalizadora que "realizará las acciones que en derecho correspondan, dado a que tales hechos pueden revestir caracteres de delito".

Honorarios de concejal

Otro de los cuestionamientos del informe final, al que tuvo acceso El Llanquihue (y que aún no está disponible en el sitio web de Contraloría), apunta a los honorarios pagados al concejal socialista Héctor Jacob, por la suma de 8 millones 770 mil pesos, pagados en su desempeño como "asesor en gestión estratégica educativa", entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2015.

El documento indica que el municipio deberá solicitar a la autoridad la restitución de esos fondos, ya que la "certificación de labores no adjuntan antecedentes que permitan comprobar el efectivo cumplimiento de funciones"; situación en la que además se encuentran otras cinco personas que recibieron honorarios del Daem por un monto total cercano a los 30 millones de pesos.

El Llanquihue intentó recoger la opinión del concejal Héctor Jacob, frente el cuestionamiento de Contraloría, pero el edil no respondió las llamadas telefónicas.

La investigación también comprobó que se pagaron 11 millones 470 mil pesos al proveedor Sur Diesel Spa, para efectuar reparaciones y mantenciones de vehículos del Daem, empresa propiedad en un 50% de Boris Cancino, cónyuge de la administradora municipal de Puerto Varas, Patricia Álvarez.

Precisamente, de acuerdo a los datos del informe, el decreto de pago número 162, que permite saldar los servicios de Sur Diesel Spa, fue formado por la administradora municipal puertovarina.

Además, se indica que uno de los móviles reparados, con un costo de 3 millones de pesos, no pertenecía al municipio sino que a un privado, por lo que se deberá solicitar el reintegro de esa suma.

Consultada frente a la observación realizada por el equipo de fiscalizadores a la contratación y pago de los servicios destinados a los móviles, Patricia Álvarez declinó entregar su versión al tema, indicando que las respuestas las entregarán a través de los organismos pertinentes.

Frente a los resultados de la auditoría que solicitó en marzo, la diputada Marisol Turres sostuvo que "vamos a esperar el resultado de la investigación que ya está realizando el Ministerio Público, con el objetivo de determinar si existen delitos, y de ser así las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados".