Tras haber pasado 52 días en prisión preventiva, el seleccionado de basquetbol osornino Julius Holt, fue absuelto de todo cargo y no deberá pasar ni un día más en la cárcel, tras haber sido acusado como autor del delito de violación en contra de otra deportista que participó en los Juegos Odesur en marzo de 2014.

La decisión fue tomada de manera unánime por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que en la audiencia de juicio realizada ayer encontró inocente al deportista de la violación contra la seleccionada, que en el momento de lo sucedido era menor de edad, con 17 años.

Tras una investigación que se extendió por más de un año, el fiscal de delitos sexuales de la Fiscalía Oriente, Francisco Lanas, pidió siete años de presidio mayor en su grado mínimo para Holt, lo que finalmente no fue acogido por el tribunal.

A lo largo del juicio que comenzó el pasado 3 de octubre, el persecutor presentó, en total, 22 testigos y cinco peritos para sustentar la acusación, además de una serie de pruebas reunidas tras la formalización, que se realizó en junio de 2015.

Según lo que estableció el Ministerio Público, el deportista participó, el 17 de marzo, de 2014 de una fiesta junto a la selección femenina de basquetbol tras su participación en la competencia.

Los seleccionados fueron a un local nocturno, tras lo cual decidieron seguir la celebración en el departamento del preparador físico, Marco Cornez.

Durante la madrugada, la denunciante, identificada como "C", volvió al Hotel Atton, donde estaban concentrados los equipos. Ahí habría consumido alcohol y luego de eso ingresó a la habitación que Holt compartía con su compañero y el masajista Guillermo Ramos, donde según las acusaciones, habría sido forzada a tener relaciones sexuales.

Holt permaneció por casi dos meses detenido, quedando en libertad ayer tras la determinación del tribunal.

Posible apelación

El fiscal Lanas comentó que "el veredicto de hoy, que es un resumen de lo que expondrá el fallo, dice relación con que no se logró acreditar la participación de señor Holt en los hechos que acusamos. A diferencia de lo que nosotros sostenemos, se estimó que la prueba testimonial y pericial no fue suficiente". "Ahora esperaremos el fallo para ver sus fundamentos en extenso, que será entregado el próximo miércoles", agregó, a la vez que explicó que "desde la lectura del fallo, tenemos 10 días para evaluar si recurriremos o no al recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones".

Carolina Collins

El tribunal de Garantía de Rancagua, salió ayer a responder por los cuestionamientos a un error que terminó con la defensa del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, pidiendo el sobreseimiento de ambos de la arista por cohecho del caso Caval.

La notificación

Esto último, luego de que el pasado 22 de septiembre se le enviara a las partes una notificación dictada por el juez Ricardo Labretti, respecto al sobreseimiento total de la causa, argumentando que la parte querellante no había pedido diligencias en 30 días.

Se trata de la querella en la que también aparecen el socio de Compagnon, Mauricio Valero y los ex funcionarios de la Municipalidad de Machalí Wilfredo Valdés, Jorge Silva Menares y Cynthia Ross, y que fue tramitada por el cientista político Diego Acevedo y patrocinada por los abogados querellantes Mario Zumelzu y Carolina Contreras.

Dictamen borrado

El Mercurio publicó ayer que la decisión se trató de un "proyecto de resolución, que fue rechazada, por lo que no firmándose ésta con la respectiva firma digital, por lo que se invalidó y se eliminó el trámite del sistema".

En tanto, según publicó ayer La Tercera, Contreras apeló al dictamen aduciendo que la norma invocada para el sobreseimiento se refiere a delitos de acción privada, lo que no se cumpliría en esta causa, que "es un delito de acción pública".

Tras esto, el tribunal se desentendió del dictamen argumentando que "en la presente causa no se registra resolución con fecha 21 de septiembre de 2016".

Esto último no dejó conforme a la defensa de Dávalos y Compagon que el 6 de octubre exigieron que la resolución fuera ejecutada. A través de un comunicado, el tribunal explicó que la resolución no se tramitó de forma adecuada por lo que fue eliminada del sistema.

"Con fecha 30 de septiembre recién pasado, la parte querellante presenta recurso de aclaración respecto de la resolución de fecha 21 del mismo. Al advertirse que no existía resolución alguna con esa fecha en el sistema SIAG se ordena certificar y con el mérito de aquello (que la presente causa no registra resolución de esa fecha) se desestima el recurso", dice el texto.

El documento además señala que lo anterior se hizo "con posterioridad en relación a los recursos deducidos por la contraparte, al constarse que lo notificado fue una resolución que no se tramitó íntegramente conforme a las normas vigentes de la firma electrónica".

Después de egresar de la carrera de medicina general, que dura siete años, los profesionales tienen la opción de acceder a una beca de especialización financiada por el Estado, a través del Programa de Formación de Especialistas y Subespecialistas.

Al término de su beca, los médicos deben cumplir un Período Asistencial Obligatorio (PAO) en hospitales o consultorios, el doble del tiempo que dura su especialización, algo que los profesionales saben al momento de aceptar el beneficio.

De no cumplir con esto, el Estado decreta la inhabilidad del médico para ocupar cargos públicos y hacer efectivo un pagaré de hasta $200 millones.

Según publicó ayer El mercurio, de los 63 médicos que no cumplieron con el pago de la beca trabajando en el servicio público entre 2008 y 2015, solamente 28 fueron demandados por el Estado.

Respecto a la fiscalización de los médicos que no pagan sus becas, la ministra de Salud Carmen Castillo señaló ayer que "los registros así como los tenemos, hay que perfeccionarlos".

La mejora en los registros tiene como objetivo para la secretaria de Estado "tener realmente una verdadera fiscalización para ver cómo van a devolver esta no entrega al Estado de su formación".

Además de un perfeccionamiento en las bases de datos, Castillo explicó que "estamos viendo colocar otro tipo de alternativa. Por ejemplo (...) tenemos que ver jurídicamente si es factible quitar el registro de la formación de especialistas en caso de que no cumplan con esta devolución".

La ministra destacó que la proporción de médicos que no han cumplido, que es de un 3%, "es un porcentaje menor".

Visión del gremio

El presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, recalcó que los médicos que no cumplan con su deuda con el Estado "deberían ser demandados".

"Si el Estado no hace valer sus prerrogativas, bueno ahí es culpa del mismo Estado. El Consejo de Defensa del Estado debería tomar cartas en el asunto", dijo el dirigente a Emol.

"Lo lógico es que el médico que recibió una beca financiada por el Estado, con los impuestos de todos nosotros, debe devolver con el doble del tiempo como dice el reglamento", agregó, destacando que de todas formas "el porcentaje que no ha devuelto la beca es mínimo".