La ex rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey, presentó ayer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando que su remoción del cargo fue "un acto arbitrario e ilegal". En su acción legal, que ya había anunciado, Pey acusa que su remoción la privó de ejercer las garantías constitucionales de "libertad de emitir opinión, igualdad ante la ley, libertad de enseñanza, respeto a la honra e integridad psíquica y derecho de propiedad". El recurso, que ahora deberá ser revisado por el tribunal de alzada que deberá declarar si es admisible o no, es en contra del ministro del Interior, Mario Fernández, y de la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, que firmaron el decreto para removerla del cargo. El recurso acusa a las autoridades de incurrir en una "desviación de poder", ejerciendo sus competencias "para fines u objetivos distintos" amparándose en una "supuesta legalidad formal del acto".

Germán Berger deja jefatura de comunicaciones de La Moneda

El periodista Germán Berger Hertz, hijo de Carlos Berger Guralnik (ejecutado por la Caravana de la Muerte) y de la abogada Carmen Hertz, dejará el cargo de director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de La Moneda. Según consignó La Segunda, el periodista Francisco Poblete, ex editor de "Tolerancia Cero", asumirá en su reemplazo en calidad de subrogante. Berger Hertz asumió el cargo en agosto de 2015 y según informó el vespertino, hasta ayer seguía en sus funciones en el Palacio y declinó entregar una versión sobre su salida. El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, manifestó que el Gobierno debiera aprovechar el momento para comunicar mejor lo que hace. "Lo importante es que las personas pasen y las instituciones queden", dijo.

Carolina Collins

El Gobierno le otorgó ayer el carácter de discusión inmediata al proyecto de ley que regula las libertades condicionales que se encuentra en segundo trámite legislativo, con el objetivo de aumentar los requisitos.

Esto último, con el objetivo de evitar que vuelvan a suceder situaciones como la cuestionada liberación masiva de reos ocurrida en mayo pasado

Reinserción social

La iniciativa busca regular el "beneficio de la libertad condicional, a la que podrán acceder las personas que estando privadas de libertad, cumplan determinados requisitos y muestren un real avance en el proceso de la reinserción social".

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, explicó que "queremos que se apruebe lo antes posible. Tenemos un próximo proceso de evaluación de libertades condicionales en el ámbito judicial y nos gustaría que se hiciera bajo los nuevos parámetros".

Actualización de ley

La secretaria de Estado agregó que "es una moción parlamentaria que nosotros apoyamos, porque creemos que es necesario actualizar una ley del año '25. Y así poder asegurarle a la gente que las personas que salen en libertad den garantías de haber sido rehabilitadas".

La idea es que el proyecto sea despachado antes del 1 de octubre, fecha que coincide con el inicio de un nuevo proceso de las comisiones que revisan las libertades condicionales, que comienzan a sesionar la primera semana de ese mes.

La iniciativa ya fue aprobada por el Senado y debe ser vista por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Lo que establece

El proyecto que regula las libertades condicionales busca elevar los requisitos para acceder a ese beneficio. Entre los puntos que plantea están: haber cumplido la mitad de la condena, haber tenido una conducta intachable durante el cumplimiento de la condena, haber sido beneficiado y estar haciendo uso de alguno de los permisos de salida ordinarios establecidos en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y contar con un informe favorable de reinserción social.

Asimismo, se modifica la composición de las Comisiones de Libertad Condicional, que estarían integradas por un ministro de la Corte de Apelaciones, que será su presidente, cuatro jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal y un funcionario que designe el tribunal de alzada será secretario.

Tras pagar una fianza de $1 millón en el marco de su procesamiento en calidad de cómplice y encubridor en el caso Caravana de la Muerte, el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, podrá viajar a Colombia para supervisar el proceso de paz. En julio se había dictado el arraigo, medida que será suspendida por 11 días según determinó del juez Mario Carroza. Según consignó The Clinic, la solicitud de la defensa señala que "se ha desempeñado activamente durante los últimos años en la observación y seguimiento del proceso de paz y profundización democrática que (ha) experimenta (do) Colombia".