Marcelo Galindo Gallardo

Auna semana de la celebración del aniversario patrio en la región, y como ya es costumbre, las autoridades lideradas por Senda (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol) iniciaron una serie de actividades preventivas, para disminuir el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, y de esa forma evitar graves o fatales accidentes.

Las cifras que mantiene el Senda en este sentido son inquietantes en la región, porque según el último estudio de población general, el 44,1 por ciento de las personas declaran haber consumido alcohol en el último mes.

Durante el primer semestre del presente año, de las 779 personas que se atienden en los centros de tratamiento de la región de Los Lagos, un 57 por ciento ingresó por consumo de alcohol.

Debido a esto, el organismo es el encargado de liderar en Fiestas Patrias y de fin de año el programa Control Cero.

El año 2015 esta instancia preventiva cerró con 10 mil 922 controles, 137 alcoholemias realizadas en la región; cuyos resultados fueron 81 bajo la influencia del alcohol y 56 en estado de ebriedad.

En lo que va del año 2016, se han realizado 6 mil 848 fiscalizaciones, 90 alcoholemias, 35 personas se han encontrado en estado de ebriedad y 55 conductores bajo la influencia del alcohol. En cuanto a los accidentes de tránsito durante el año pasado -de acuerdo al Senda- asociados al consumo de alcohol en la región, indican que se registraron 455 asociados al consumo de alcohol (407 conductores y 48 peatones) y 17 personas fallecieron por esta causa.

Durante Fiestas Patrias en 2015, en la región no hubo personas fallecidas por accidentes de tránsito vinculadas al consumo de bebidas alcohólicas. Hubo dos hechos fatales, pero no estuvieron referidos a la ingesta de alcohol.

A través del programa Control Preventivo a Conductores, el año 2015 durante los días de celebración de Fiestas Patrias (en la región) se efectuaron 701 controles, de los cuales se realizaron nueve alcoholemias, y donde cinco personas estaban en estado de ebriedad y cuatro bajo la influencia del alcohol.

Violencia

Para el director nacional de Senda, Mariano Montenegro, en la región y el país, lejos la sustancia lícita más consumida es el alcohol, y de las ilícitas está la marihuana, la cocaína y la pasta base. La gran preocupación por epidemiología y masividad, es el alcohol, ya que es una sustancia muy instalada en la población.

"El alcohol en la familia significa enfermedad, violencia, violencia intrafamiliar, accidentes, gastarse el sueldo, el temor de los niños, enfermedad física y mental, y a veces significa delito. Se trata de una cantidad de externalidades negativas brutales, que producen un enorme gasto para el país, mucho más de lo que se ingresa por la venta de alcohol", manifestó Montenegro.

El director de Senda añadió que no deben beber ni las mujeres embarazadas y menos las personas que conducen vehículos motorizados, "porque es un arma mortal".

Andrea Castillo, directora regional del Senda, agregó que el objetivo es que los conductores si beben alcohol no deben conducir. La autoridad hizo un llamado a los choferes y locatarios de los locales establecidos y que funcionan en Fiestas Patrias. "Con los locatarios vamos a trabajar para reforzar mensajes preventivos, entre ellos no vender alcohol a menores de edad y evitar vender a las personas en manifiesto estado de ebriedad, y sugerir el conductor designado, y para ello vamos a entregar las pulseras para reforzar el mensaje", adujo. A nivel nacional, serán más de 11 mil alcotest que se aplicarán en 53 comunas en todo el país. En la Región de Los Lagos se estima se aplicarán más de 600, entre 15 y 19 de septiembre.

Agenda corta antidelincuencia obliga a jueces a rebajar las condenas a acusados

Para el abogado y profesor de derecho penal y litigación de la Universidad San Sebastián de Puerto Montt, Andrés Firmani, lo resuelto por el Tribunal Oral en lo Penal en relación al juicio de los asaltantes de parcelas de Puerto Varas, y que rebajó las penas de perpetua simple, es ajustado a derecho y técnicamente correcto, según la normativa constitucional y legal vigente.

De acuerdo al académico, el tema tiene que ver con principios y reglas consagrados en la Constitución Política y en el Código Penal, ambas normativas resuelven técnicamente lo que sucede cuando un caso concreto que fuera regulado por una ley vigente al momento de cometerse el hecho, posteriormente (después de la condena incluso, esté o no cumplida la pena) pasa a ser regulado por una nueva ley que resulta ser más favorable.

En este caso, explica Firmani, las condenas se dictaron bajo el amparo de la legislación vigente al período del hecho, en que se establecía una circunstancia agravante de responsabilidad penal (ser dos o más los malhechores, del artículo 456 Bis número 3) que fuera acogida en su momento por el tribunal y que tuvo por efecto elevar o exasperar las penas concretas de los condenados (a presidios perpetuos).

"Sin embargo, en julio del presente año, la Ley 20 mil 931, llamada agenda corta antidelincuencia, suprimió del Código Penal la referida agravante, por lo que siendo posterior ésta nueva ley a la que reguló en su momento el caso concreto, y siendo objetivamente más favorable para los condenados (pues no opera la agravación porque ya no existe tal agravante) en virtud de lo prescrito por la Constitución Política (artículo 19 número 3 inciso séptimo) y nuestro Código Penal (artículo 18 inciso tercero) obliga a los jueces, de oficio o a petición de parte, a modificar o adecuar las sentencias dictadas a la nueva normativa más favorable, por expresa disposición constitucional y legal", adujo.

Los jueces, sólo han aplicado la ley vigente, a petición de los condenados, "que en ejercicio legítimo de las normas referidas, le han solicitado al tribunal que los condenó, a que se modifique el quantum de su pena -rebajándola- porque ya no existe la circunstancia que antes sirvió para agravar la misma", aseveró Firmani.

Para el abogado penalista Juan Cristóbal Grünwald, también es sorprende que en esta misma agenda corta antidelincuencia, hayan otras disposiciones que apuntan en el sentido contrario al espíritu de las modificaciones legales, como lo es facilitar los juicios 'negociados'. "En efecto, la modificación al artículo 406 del Código Procesal Penal (procedimiento abreviado) eleva a 10 años el tope para aplicar este procedimiento (antes era de 5 años), lo que apunta a acelerar los procesos, pero no a satisfacer el interés de las víctimas, evitando que los imputados sean llevados a juicios orales efectivos en donde arriesgan penas más altas", manifestó.

Para Grünwald, esta ley aprobada en el Congreso "deja en entrevero el trabajo legislativo de nuestros parlamentarios", aseveró.