Erwin Schnaidt Ávila

Su rechazo a la designación de la cuota de merluza austral para el período septiembre-diciembre de este año en la Región de Los Lagos, expresó Juan García, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Demersales A.G.

De acuerdo a la resolución N° 2651 de la Subsecretaría de Pesca, del pasado 26 de agosto, se determinó un total de dos mil 20 toneladas, de las cuales para las dos áreas de Puerto Montt corresponden 418 toneladas y 970 kilos.

Esa cantidad motivó la protesta de los pescadores locales, quienes hicieron presente su disconformidad ante el Gobierno Regional.

"En lo global, parece una devolución considerable, cuando se desglosa es cuando empieza a quedar la 'tendalá'", argumentó García.

El dirigente detalló que deben distribuir esa asignación de extracción dentro de la macrozona y entregar parte de ella a sus colegas de las regiones de Aysén y Magallanes.

"En realidad, cuando llegamos a la parte nuestra, tenemos que dividir por áreas. Por ejemplo, como área Puerto Montt B, nos quedan 244 kilos para pescar de aquí a fin de año. Si lo dividimos en meses, nos da 61 kilos para cada uno de los 177 botes", expuso.

García también alegó que hicieron todo el esfuerzo para que la Subpesca resolviera esa capacidad extractiva, tras la veda biológica que se extendió durante el mes de agosto. Sin embargo, "tenemos que entregar un 40 % (del total) a la industria, sin que se muevan del escritorio. No hicieron nada para lograr ésto", criticó.

Expuso que "por ética la industria no debió haber aceptado estos kilos. Con eso, a lo mejor, hubiéramos llegado a fin de año tranquilamente. Pero, hoy se sigue privilegiando un sector que le ha hecho mucho daño a la pesca. Están ahí, mientras que nosotros recibiendo, como siempre, las migajas".

Pesca ilegal

A juicio del también presidente de la Caleta de Pescadores Artesanales Anahuac, este es un "acuerdo de hambre, una cuota que no resiste ningún análisis".

Juan García manifestó que esta decisión de la Subsecretaría de Pesca motivará la pesca ilegal. "Si hoy entregamos los 61 kilos (de merluza) al mes, el pescador va a ser legal un día y al siguiente va a ser ilegal y va a seguir haciendo lo mismo", aventuró.

Por ello, es que propuso que si se ofrecen las condiciones básicas para asegurar el diario sustento y responder a sus compromisos familiares "todos vamos a ser garantes de cuidar el recurso. Pero con estas prácticas y que la autoridad no se atreva a revertir esta situación a través de una redistribución en la macrozona sur austral, creo que vamos a seguir como estamos".

El presidente de la Asociación Demersales especificó que bajo las actuales circunstancias no tienen claridad acerca de las condiciones en las que podrán llegar a fin de año.

"Creo que esto nos va a dar para unos días y después vamos a ser todos ilegales, nos vamos a llenar de infracciones, a lo mejor con pescadores detenidos, pero nadie dice nada", se lamentó el líder gremial.

Reponer mesa regional

García agregó que han hecho presente este panorama al intendente Leonardo de la Prida, así como al subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, a quien dijo ser invitado a la región.

Se mostró confiado en que al reponer la mesa regional de la pesca, tras la crisis de la Marea Roja, se logrará una posición unitaria. "Vamos a revertir la situación. Tenemos que hacer una autocrítica fuerte para lograr acuerdos de verdad, no acuerditos, como los que se consiguieron durante ese conflicto. Tenemos que salir adelante, con un solo discurso, un solo propósito tanto para el sector demersales, alguero, bentónico y todos los que participan de esta mesa", planteó.

El dirigente no descartó que las bases se manifiesten en las calles, en caso de no encontrar una salida. "No la vemos por ningún lado y, entonces, van a saltar los conflictos por todos lados. Eso es lo que le dijimos al intendente, no fuimos a amenazarlo. Sólo a avisarle que es súper grave lo que está pasando", aseveró.

El Grupo Defensa Deudores se hará parte en la demanda colectiva, que este lunes presentó el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) contra la empresa financiera Sociedad Latinoamericana de Comercio de Puerto Montt.

El gerente general del Grupo Defensa, el abogado Ricardo Ibáñez, llegó ayer a la ciudad, oportunidad en la que manifestó que en la zona de Puerto Montt al menos hay 50 afectados, quienes al atrasarse en el pago de una cuota, comenzaron acciones en su contra para el remate de su bien raíz, hipotecado al momento de solicitar ese crédito.

"Parece ser que hay un aprovechamiento de las necesidades de las personas, que resulta poco solidario con la situación económica que estamos viviendo", comentó.

Ibáñez anunció que se harán parte de la demanda colectiva por cláusulas y prácticas abusivas, para que los perjudicados sean debidamente reparados e indemnizados. Ello dependerá de que cuenten con los respectivos patrocinios de los propios implicados.

"La demanda colectiva que interpuso Sernac debiera terminar en una sentencia, que puede servir como fundamento para quien se sienta afectado. Con ella, uno puede interponer demandas civiles que tengan por objeto indemnizar los perjuicios", especificó.

Para el abogado, "no resulta lógico que por el solo atraso de una cuota, se ejecute una garantía hipotecaria, ni por los montos que se prestaban. Se estaban haciendo de las propiedades por un 10 % o 20 % de su valor. Hay un abuso de la cláusula en favor del acreedor y no del consumidor", detalló.

También, estimó que "hay mala fe al momento de celebrar esos contratos. En el fondo, es aprovecharse un poco de la ignorancia de la gente".

Problema estructural

A juicio del abogado, la maniobra de la empresa porteña "es una versión 2.0 de Eurolatina".

Añadió que es una realidad que con diferentes actores se repite en el país, por lo que consideró que es un dilema estructural. "Es un problema del sistema, más que local. Estas empresas aprovechan las restricciones que ha impuesto la banca para acceder al crédito formal, y otorgan créditos con garantías hipotecarias", dijo.

Según Ibáñez, firmas de ese tipo surgen para prestar dinero "de manera lícita, con intereses lícitos (3 %), pero con un fin perjudicial para los consumidores. Nacen con el objetivo de quedarse con las propiedades de estas personas, que no son sujetos de crédito", adujo.

El gerente de Defensa Deudores orientó a futuros solicitantes de esos préstamos para que lo rechacen, si el monto al que buscan acceder no es igual o superior al 70 % del valor de su propiedad.

Sin embargo, aconsejó privilegiar el endeudamiento formal, además de apelar a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que ofrece un procedimiento gratuito.

Desde 1974 a 1994, es el período que abarca la investigación periodística que realizó Carlos Tromben, para establecer cómo se produjo la privatización de gran parte de las empresas que había creado el Estado. Esa labor recopilatoria la plasma en su libro "Crónica secreta de la economía chilena", material que será presentado este viernes en Puerto Montt.

La actividad se realizará a partir de las 19 horas, en la sala Mafalda Mora, de la Casa del Arte Diego Rivera, ubicada en Antonio Varas con Quillota.

En ese material, el autor resume esos 20 años, en los que se comenzó a establecer la actual economía nacional, al mismo tiempo que reflexiona acerca de las razones por las que varias instituciones hoy son objeto de aprensiones.

En la descripción, se establece que el libro muestra "años de experimentos, precariedad, individualismo y bulladas bancarrotas. Los protagonistas de entonces, todavía, ejercen una influencia mayúscula en el acontecer político y económico del Chile de hoy, heredero -quizás hijo, quizás fantasma- de ese país que olvidamos".

Tromben es periodista y escritor. Ha publicado: Poderes Fácticos (2003), Prácticas Rituales (2005), Karma ( 2006), La Casa de Electra (2010) y Huáscar (2015), además del libro de cuentos Perdidos en el Espacio I y II ( 2008 y 2011).