La ex Presidenta argentina Cristina Fernández denunció ayer al juez que la procesó por supuesta administración fraudulenta en una causa sobre operaciones con dólar a futuro del Banco Central.

Fernández informó su decisión de denunciar a Claudio Bonadio luego de comparecer en el juzgado del magistrado donde se notificó del procesamiento que este dispuso en su contra tras considerar que las operaciones con el dólar realizadas a fines de su gestión generaron un perjuicio millonario al Estado.

Según medios locales, el magistrado también dispuso la inhibición de todos los bienes muebles e inmuebles de la ex Mandataria, lo que supone que no puede venderlos ni hipotecarlos.

A su salida de los tribunales, Fernández afirmó que "quedó visiblemente demostrado que el hostigamiento" del que se siente víctima "revista caracteres casi ridículos". Asimismo indicó que en su visita al edificio donde está el juzgado de Bonadio aprovechó para presentar una denuncia contra el magistrado y una diputada por supuesta connivencia para actuar judicialmente en su contra.

Fernández se refería al pedido que hizo el martes a la justicia la diputada Margarita Stolbizer para que se investigue si la ex dirigente y sus dos hijos guardan en cajas de seguridad varios millones de dólares cuyo origen sería ilícito. Según Fernández, lo que hizo Stolbizer se basa en información falsa.

Para Fernández, las medidas judiciales en su contra "tienen por objetivo que los argentinos no hablen de las cosas que realmente preocupan", dijo en referencia a las políticas de ajuste del Presidente Mauricio Macri.

Fernández reconoció, sin embargo, que tiene ahorros en dólares producto de una reciente decisión de convertir en divisas estadounidenses depósitos en pesos que databan de 2012.

Decenas de militantes y seguidores de la ex dirigente peronista se reunieron frente al edificio de los tribunales para manifestarle su apoyo. La multitud, sin embargo, fue menor a la registrada en abril pasado, cuando la ex gobernante acudió a tribunales para declarar.

El ex primer ministro británico Tony Blair fue duramente criticado en el informe sobre la guerra de Irak de 2003 por haber autorizado la invasión con pruebas de inteligencia "no justificadas" y sin haber agotado la opción pacífica.

El antiguo funcionario John Chilcot publicó ayer su extenso y exhaustivo informe sobre la guerra, después de siete años en los que evaluó miles de documentos oficiales, interrogó a testigos e interpeló a políticos, si bien su misión no tenía como objetivo procesar ni recomendar cargos contra nadie.

En el informe se indica que su propósito fue "considerar el periodo que abarca del verano (boreal) de 2001 hasta finales de julio de 2009, que implica la gestación del conflicto en Irak, la acción militar y sus secuelas".

En su documento, de 12 volúmenes, Chilcot colocó el peso de la responsabilidad en Blair y reveló el alcance de su alianza con el entonces Presidente de EE.UU. George W. Bush, a quien en 2002 le prometió apoyo incondicional para invadir Irak.

"Estaré contigo pase lo que pase", escribió Blair a Bush el 28 de julio de 2002, ocho meses antes de que sus dos países se embarcaran en un conflicto con consecuencias para Irak, Medio Oriente y la sociedad británica.

Al presentar su documento en el centro de conferencias Queen Elizabeth II, Chilcot dijo que la alternativa militar "no fue la última opción" disponible del Gobierno laborista de entonces y que la información de inteligencia para justificar la guerra fue "defectuosa".

Las consecuencias de la invasión fueron subestimadas a pesar de las "advertencias explícitas" al respecto y la planificación de la situación de postguerra en el país árabe fue "totalmente inadecuada", agregó Chilcot, que inició su trabajo en 2009 por encargo del entonces primer ministro, el también laborista Gordon Brown.

"Está claro ahora que la política sobre Irak se hizo sobre la base de una (información de) inteligencia defectuosa (...). Esta no se cuestionó y debió hacerse", afirmó Chilcot, cuyo informe fue mucho más devastador contra Blair de lo que se esperaba.

Blair, que estuvo en el poder entre 1997 y 2007, respondió al informe dejando claro que asumía "toda la responsabilidad" por cualquier error cometido en la invasión, pero adujo que tomó la decisión "de buena fe" y para "el mejor interés" de su país.

"Fue la decisión más difícil que he tomado. Expreso mi dolor y disculpas", manifestó.

Asimismo, Blair reconoció las "divisiones" que la guerra provocó en su país y explicó que sentía "profundamente" el dolor y el sufrimiento de las familias que perdieron seres queridos.

"La información de inteligencia que se produjo en el momento de la guerra resultó ser errónea, y las consecuencias resultaron ser más hostiles, prolongadas y sangrientas de lo que habíamos imaginado", señaló Blair.

El director del FBI, James Comey, y la fiscal general de EE.UU., Loretta Lynch, acudirán al Congreso para testificar sobre la investigación acerca del uso que hizo de varios servidores de correo electrónico privados Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado (2009-2013).

El director del FBI tendrá que comparecer hoy en el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, mientras que Lynch responderá a las preguntas de los legisladores el próximo martes ante el Comité Judicial de la misma cámara.

Estas comparecencias son inusuales por la rapidez con las que se programaron, solo un día después de que Comey diera una rueda de prensa para comunicar las conclusiones del FBI sobre el caso de los correos de la virtual aspirante demócrata a la Casa Blanca.

En su comparecencia, Comey anunció que el Buró Federal de Investigación (FBI) no recomienda al Departamento de Justicia presentar cargos contra la ex secretaria de Estado, aunque calificó de "muy negligente" el uso que hizo Clinton de sus comunicaciones.

El presidente del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, el republicano Jason Chaffetz, informó ayer de la comparecencia del responsable del FBI. Mientras, el encargado de anunciar la audiencia legislativa con Lynch fue el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Bob Goodlatte. Este expresó su deseo de preguntar a la procuradora por la investigación del FBI que determinó que Clinton no debe ser procesada.

2009 al 2013 Clinton se desempeñó como secretaria de Estado. En ese periodo usó servidores privados de correo.

30 mil correos de Hilary Clinton fueron analizados por el FBI. De ellos, 110 tenían datos confidenciales.