Como una "política pública histórica" calificó la Presidenta Michelle Bachelet la nueva ley de etiquetado de alimentos, que entró en vigencia el lunes y que la Mandataria aseguró que no busca "prohibir". "Las personas comprarán lo que quieran. Lo que nosotros queremos hacer es asegurar el derecho a elegir lo que es más sano para ellos y para sus familias, y la única manera de elegir bien es que tengamos la información correspondiente", comentó. Asimismo destacó que se trata de "una regulación inédita en el mundo" que sigue las recomendaciones de organizaciones como la OMS y la OCDE. Por otro lado, el Minsal anunció que tomará muestras a la "Cajita feliz" de McDonald's, tras la polémica desatada entre la compañía y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la U. de Chile (INTA). El restorant emitió una declaración en la que sostuvo que ese producto cumple con los límites establecidos por el INTA, que a su vez acusó que no realizó un muestreo representativo, sino sólo un análisis de muestras que fueron entregadas por McDonald's.

Carolina Collins

Con firma quincenal y arraigo nacional quedó el ex ministro Laurence Golborne, quien fue formalizado ayer por presuntos delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas, en el marco del caso Penta.

Esto luego de que el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Carlos Valdés, desestimara la petición de la fiscalía y del Servicio de Impuestos Internos (SII) que habían solicitado arresto domiciliario total, que habían argumentado que esa medida cautelar era acorde a la gravedad y la reiteración de los hechos imputados al ex candidato presidencial.

Sin embargo, el tribunal consideró que las medidas cautelares aplicadas eran suficientes para seguir adelante con el proceso de investigación. Pese a esto acogió la petición de dejar a Golborne con arraigo.

El tribunal consideró en su resolución como un atenuante que el ex ministro del Gobierno de Sebastián Piñera colaboró con la investigación, al acceder a declarar ante la fiscalía, a pesar de que el Ministerio Público había señalado que su testimonio no podría ser reconocido porque omitió antecedentes clave, como mencionar a otras 10 empresas que habrían contribuido con recursos para financiar su campaña.

El ex candidato presidencial de la UDI fue formalizado por la emisión de facturas ideológicamente falsas por servicios que no habrían sido prestados a varias empresas -entre ellas Penta, BCI y Ripley- por un total de $378 millones entre los años 2012 y 2014, según los datos recopilados por el Ministerio Público.

De ese total, $218 millones fueron recibidos a través de la empresa Vox Comunicaciones y $160 millones por facturas emitidas por VSA y Siglo Outsourcing.

Según los antecedentes recopilados por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, esos dineros fueron utilizados para financiar las campañas senatorial y presidencial de Golborne.

"Juicio político"

Tras ser formalizado, el ex secretario de Estado acusó que en su caso ha existido un "un juicio político donde se está acusando de manera distinta a diferentes actores", a la vez que rechazó haber cometido delitos tributarios.

"No me voy a escudar en lo que otros hicieron o en la situación que otros estén viviendo, yo asumo mi responsabilidad y estoy dispuesto a someterme a los tribunales para llegar a determinar que desde el punto de vista tributario, no he cometido delito alguno", dijo al salir de la audiencia.

"Están claros los hechos que reconozco, sin embargo, desde el punto de vista tributario, la acusación que formula la Fiscalía, creo que no es correcta, no he cometido delitos tributarios", enfatizó.

El ex ministro argumentó que "en la ley electoral no existía ningún mecanismo de financiamiento para las pre campañas políticas".

El martes el fiscal nacional Jorge Abbott había asegurado que la fiscalía estaba en "conversaciones" con la defensa del ex presidenciable para llegar a un juicio abreviado, negociación que no prosperó.