Deudas impagas correspondientes a multas por más de 284 millones de pesos y que el edificio del hotel siga sin ser utilizado, forman parte de la argumentación que está manejando la Municipalidad de Puerto Montt, para poner término anticipado al contrato con Inmobiliaria del Pacífico S.A. (IPSA), que administra y explota la concesión por 47 años del Terminal de Buses.

A la advertencia que en ese aspecto hizo el alcalde Gervoy Paredes, se sumaron concejales como Pedro Sandoval, quien estimó que debido a que no está operando el hotel, la corporación edilicia dejó de percibir más de $ 354 millones entre el 1 de abril de 2015 y el pasado 20 de junio. Esto, considera la ocupación de sus 127 habitaciones, a un costo de $25 mil diarios.

El presidente de la Comisión Infraestructura del Concejo explicó que por contrato el municipio recibe un 25 % de las utilidades de las nuevas unidades de negocios, como el hotel.

A ello suma que se deben cobrar multas por robos y problemas de seguridad en el terminal; responsabilidad que debe asumir el concesionario, según el contrato vigente.

Se suman concejales

Mientras que otros ediles también han denunciado situaciones anómalas por parte de la empresa.

Fernando España dijo que hay un cobro desmedido de arriendo de locales, que en algunos casos aumentó hasta en un 100 %, así como el de consumo de agua en locales donde no hay acceso al recurso y, para hacerlo, los locatarios deben acudir al baño público y pagar la tarifa de ingreso.

Mientras que María Elena Barría afirmó que los estacionamientos para vehículos particulares cierran a las 22 horas, lo que debería ocurrir a la medianoche.

Ante el Concejo, expuso que "quienes van a buscar a pasajeros, deben estacionar y esperar afuera (del terminal). Los pasajeros deben salir por el portón de los buses. Y, como el alumbrado no es el mejor, exponemos a todos los pasajeros a un eventual asalto", afirmó.

Barría se mostró partidaria de poner fin a la concesión, ya que "si no se está cumpliendo con los requerimientos y acuerdos firmados, es lo justo dar término a esa relación".

Su colega Eduardo Matamala llevó a la sala de Concejo la queja de choferes de minibuses intercomunales, que no pudieron hacer uso de los calzos de estacionamiento del terminal, producto del bloqueo de las carreteras durante la crisis de la Marea Roja.

"Ellos no pudieron ingresar al terminal durante esos 16 días de tomas, pero la concesionaria igual les cobró el derecho a losa por ese período. Esto es aberrante e incongruente, porque no puedes pagar por algo que no ocupaste", acusó.

Frente a estos hechos planteados por los concejales, Matamala dijo compartir la idea de poner fin a la concesión, pero amparada en un estudio acabado de la situación.

Coincidió con el alcalde Paredes, en cuanto a que se debe desviar personal municipal para esas labores. Comentó al respecto que "las plantas municipales no están diseñadas para eso, por lo menos en nuestro municipio. Hay que estudiarlo minuciosamente, desde todos los puntos de vista".

A pesar de ello, dijo ser partidario que "alguna vez el municipio 'tome el toro por las astas' y dijera esto se acaba y lo administramos nosotros".

Erwin Schnaidt Ávila

Como un paso importante para mejorar los sistemas sanitarios y productivos de la industria, calificó SalmonChile a la serie de medidas que -en tal sentido- anunció el Ministerio de Economía.

El presidente de esa organización gremial, Felipe Sandoval, explicó que el método propuesto cumple con los objetivos de sustentabilidad y competitividad que anhela proyectar el sector, pero que sus efectos podrán verse materializados sólo una vez que "todo esté completamente implementado", subrayó.

Afirmó que el plan "va en la dirección correcta", pero insistió que las medidas de producción y sustentabilidad "deben aplicarse de manera conjunta para que cumplan con los objetivos de sustentabilidad sanitaria y competitividad".

Algunas propuestas

Entre las modificaciones propuestas por la autoridad destacan bajar el número de peces por barrio (agrupación de concesiones) y concentrar la producción en menos centros productivos. Asimismo, exponen que aquellos que tengan mal desempeño sanitario, reduzcan la cantidad de peces en el agua. En tanto que los que muestren buen rendimiento, puedan crecer hasta en un 3 % durante el próximo período.

En declaraciones a medios capitalinos, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, planteó que buscan tener "un proceso eficiente", así como asegurar el cumplimiento de los estándares sanitarios que permitan "una producción estable en el tiempo".

El gobierno adelantó otra medida con efectos sanitarios, ya que analizan aumentar la etapa productiva, que hoy es de 21 a 24 meses, para extenderlo a 45 meses. Para Sandoval, "eso es muy importante, pero falta por implementar".

Aunque considera que "está bien avanzar por etapas", reitera que "el sistema en su conjunto cumple con los objetivos planteados, pero tiene que estar aplicado completo. Para eso, hay que apurar lo que falta".

Dijo que hay coincidencia en el sector en cuanto a la necesidad de minimizar el riesgo sanitario, para llegar a un nivel de producción adecuado para el sistema.

A su juicio, este conjunto de propuestas debería estar en vigencia a fines de 2016 o durante los primeros meses del próximo año.

Medidas estructurales

Asimismo, el líder de esa entidad gremial expuso que una vez que ello ocurra, es necesario avanzar en otras medidas de carácter estructural y permanente.

Una de las acciones que debería ser aprobada es la implementación de un sistema que busca mejorar la distribución de la tabla de densidades en las jaulas de los centros de cultivo. De esta forma, las empresas podrán optar ahora por limitar su producción, según sus resultados sanitarios-ambientales.

"Para operar en este sistema, necesitamos que las unidades geográficas de operación sean más amplias que los barrios. Eso no está aprobado, pero anunciaron que lo van a trabajar. Por eso, decimos que tienen que apurarse", afirmó.

Consultado sobre los eventuales efectos en la competitividad, el presidente de SalmonChile afirmó que "se necesita mayor flexibilidad para que las empresas puedan decidir en qué concesión instalar su producción. Para eso se necesita que los barrios operen en macrozonas (conjunto de barrios). Eso falta por implementar".