Secciones

Descartan desalojo policial de liceos tomados en Puerto Montt

EDUCACIÓN. Concejales privilegiaron el diálogo con los estudiantes, y del Daem precisaron que pueden adoptar medidas en caso de destrucción de los edificios.
E-mail Compartir

Luis Toledo Mora

Tres establecimientos públicos emblemáticos de Puerto Montt, el Liceo de Hombres Manuel Montt, el Liceo de Niñas Isidora Zegers y el Liceo Industrial, permanecen en toma por varias semanas, siguiendo al movimiento estudiantil nacional y planteando demandas locales principalmente de infraestructura.

Ante el desalojo de varios planteles en la Región Metropolitana, El Llanquihue dialogó con autoridades locales, quienes descartaron la aplicación de esa medida a nivel local.

Albán Mansilla, director del Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem) de Puerto Montt, explicó que "esperamos que las tomas concluyan dado que afecta los aprendizajes de los alumnos, y pone en riesgo los recursos de la subvención, pero sólo aplicaremos medidas si hay daños en la infraestructura o se observa la presencia de extraños que no pertenezcan a las comunidades educativas al interior de los liceos".

El funcionario explicó que parte del petitorio local ya está siendo atendida, incluso con obras en ejecución al interior del Liceo Industrial, y que la situación está siendo constantemente evaluada.

Llamado al diálogo

El Llanquihue consultó la opinión de varios concejales, quienes concordaron en la necesidad de privilegiar el diálogo.

"No estoy de acuerdo con los desalojos, estoy de acuerdo con la comunicación entre los estudiantes y las autoridades. Debemos darle la posibilidad a los estudiantes de ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes", dijo la concejal y docente María Elena Barría.

En todo caso, la representante de RN sostuvo que los movimientos deben ser válidos y representar el interés de todos los estamentos de los planteles educacionales, además de no poner en riesgo el año escolar y la infraestructura de los establecimientos educacionales.

"Si estas circunstancias no se cumplen, se justifica plenamente que la autoridad pueda solicitar el actuar de Carabineros", sostuvo.

Similar es la opinión del concejal DC Eduardo Matamala. "Creo que se debe establecer una mesa de diálogo con tiempos definidos, y no optar de manera inmediata por un desalojo. Eso sí, estamos hablando de conversaciones con plazos razonables, solicitudes viables y que las partes asuman responsabilidad frente a los compromisos adquiridos", indica.

El edil dijo comprender que hay alumnos y apoderados que no desean un paro extenso, por sus efectos en el ámbito académico; pero, se mostró partidario de solicitar el accionar policial "sólo si la instancias de negociación se agotan".

Una visión más crítica respecto a la movilización estudiantil en la capital regional, es la que sostienen los concejales Fernando España (PS) y Pedro Sandoval (Ind).

España indicó que, al menos en el caso del Liceo de Hombres Manuel Montt, participó en varias reuniones en las cuales los estudiantes entregaron su petitorio al Daem, principalmente en infraestructura.

"Considero que si no hay una respuesta clara del municipio a sus demandas. Es impropio disponer el desalojo con la fuerza pública", manifestó.

Para el concejal Sandoval, la discusión va más allá si la autoridad debe desalojar o no los establecimientos.

"Las tomas son un síntoma de que los estudiantes se dan cuenta de la pésima administración municipal en materia de educación de los últimos años. La mayoría de los puntos de su petitorio han sido planteados de manera reiterada sin obtener respuestas", dijo.

El edil independiente recordó que hace dos semanas se aprobó una trasferencia de $646 millones al Daem para resolver observaciones de Contraloría y amortizar el déficit.

"Con esos recursos podríamos haber resuelto gran parte de las demandas de los liceos movilizados", sentenció.

Por Monte Verde fue la última querella mediática

EN LA REGIÓN. A partir de la medianoche, las acciones se presentarán por internet.
E-mail Compartir

La presentación de una querella contra quien resulte responsable por la contaminación del estero Chinchihuapi, en Monte Verde, fue la última acción judicial de interés mediático que se interpone en la ventanilla de un tribunal de la Región de Los Lagos; ello ante la entrada en vigencia, en la medianoche de hoy, de la nueva Ley de Tramitación Electrónica.

El jueves, el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, llegó hasta el Juzgado de Garantía de la capital regional, y estampó frente a las cámaras el documento, precisando que se suma a otras acciones que buscan sancionar a los responsables de la contaminación del curso de agua que cruza por el sitio arqueológico de Monte Verde, en una escena que desaparecerá de los juzgados de la zona.

Según precisó la autoridad comunal, en la práctica la querella que se presentó en papel "implicará algunas diligencias, que tiene que realizar la PDI con sus unidades especializadas, para encontrar a quienes vertieron estos líquidos contaminantes, generando un daño que aún está por dimensionarse en el sitio arqueológico y patrimonial de Monte Verde".

La acción legal solicita que "se disponga a través del Laboratorio de Criminalística de la PDI de Puerto Montt, el levantamiento de muestras de los residuos vertidos; se disponga una orden de investigar a la Brigada Investigadoras de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bridema) de la PDI de Valdivia; y se oficie a la Superintendencia del Medio Ambiente, a fin de que informe de fiscalizaciones o investigaciones en curso".

Implementación

La ley que regula la tramitación electrónica de procedimientos judiciales y permitirá dejar atrás los expedientes en papel, comenzará a regir en los 24 tribunales que se encuentran bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, además del mismo Tribunal de Alzada. "La implementación de esta nueva reforma, en el marco de la modernización del Poder Judicial, significa un gran desafío, y es por eso que, tal como lo hemos hecho frente a cada reforma que se ha iniciado en nuestra jurisdicción, los ministros, jueces y funcionarios nos hemos preparado, a través de capacitaciones, y hemos informado sobre los alcances de estos cambios a la comunidad", dijo la ministra Teresa Mora, presidenta de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.