En prisión preventiva quedó un funcionario del Ministerio Público de Puerto Varas imputado por el delito de cohecho y falsificación de documento público.

Se trata del empleado que se desempeñaba como recepcionista en la Fiscalía local, quien tras la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación a cargo del fiscal jefe de Puerto Varas Daniel Alvarado, quedó recluido en el penal de Alto Bonito.

Fue la propia Fiscalía regional la que dio a conocer estos hechos, informando además la realización de un sumario.

El fiscal regional Marcos Emilfork señaló enfáticamente que "no aceptaremos actos que vulneren la probidad al interior de nuestra institución, por lo que este hecho está siendo investigado a fondo y utilizaremos todas las herramientas procesales para perseguirlo y que sea castigado, siendo inflexibles con cualquier acto que atente contra este valor".

Según se precisó, los hechos se detectaron al revisar el proceso de ingreso de algunos partes policiales que daban cuenta de la detención de imputados por conducir en estado de ebriedad. Ante esto se inició la investigación para establecer el origen de las mismas. Así es como se determinó la participación de un funcionario auxiliar de la Fiscalía local de Puerto Varas, quien habría recibido pagos a cambio de no ingresar la información del parte policial al sistema informático, eludiendo así la persecución penal.

El empleado -que fue desvinculado de sus funciones-, fue representado por el defensor penal público Gonzalo Castro.

El Tribunal de Garantía de Puerto Varas dio un plazo de 120 días para investigar.

Luis Toledo Mora

Una visión crítica respecto a la gratuidad en la educación superior, que excluyó a los estudiantes de carreras técnicas y sólo está dirigida a alumnos de algunas universidades, es la que expone Fernando Martínez, rector nacional del Instituto Profesional Aiep y miembro del directorio de Vertebral, la Asociación de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados.

Precisamente la institución gremial a la que pertenece, sostiene que el dejar fuera del beneficio a 400 mil estudiantes en situación de vulnerabilidad que estudian en instituciones técnicas, no sólo es una injusticia sino que también un error.

- ¿Disminuyó la matrícula en la educación técnica de nivel superior con la gratuidad?

- Recientemente salieron las cifras del pre índice del Servicio de Información de Educación Superior (Sies), con respecto a la matrícula del sector técnico, y por segundo año consecutivo hemos observado una caída. Esto se registra en un sector que estaba creciendo al doble del universitario, hasta que se instaló la discusión de la gratuidad universitaria y luego se implementó.

- ¿Qué efectos puede traer a nivel país?

- Esto viene a romper una tendencia que habíamos logrado revertir recién el año 2010, cuando por primera vez la matrícula técnica superó a la universitaria, apuntando a las necesidades productivas reales de nuestro país.

- ¿Esto agravaba el déficit de técnicos en Chile?

- Hoy estamos actualizando, junto con la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), el estudio que hace algunos años determinó el déficit de más de 600 mil técnicos en el país, por lo que obtendremos una radiografía cuanto se ha incrementado esta brecha con las nuevas políticas de financiamiento en la educación superior. Preliminarmente, podemos indicar que si se mantiene la gratuidad, cada año van a ingresar 15 mil estudiantes menos a carreras técnicas de alta empleabilidad. En definitiva, la gratuidad universitaria aumentará el grave déficit de técnicos que registra Chile.

- ¿Cómo podría afectar esto a las cifras de empleo en el futuro?

- De aquí al año 2020, hay un millón de trabajadores calificados chilenos que se van a jubilar, lo que va a incrementar la brecha de cargos técnicos. Ellos se formaron tras años de experiencia en las empresas, y lo que hacemos en las carreras técnicas es entregar a los estudiantes en el aula los conocimientos que esos trabajadores han obtenido durante años de experiencia laboral. Pero como se están formando más personas en las universidades y menos en los institutos, vamos a tener un superávit de profesionales y un déficit de técnicos, lo que va a afectar las actividades productivas y a la vez va a generar profesionales universitarios cesantes.

- ¿Hay actividades económicas que ya presenten esta problemática?

- Sí, en la minería. Actualmente hay una sobreoferta de geólogos y una falta de operadores de maquinaria fija y móvil. Lo que hace esta reforma en el financiamiento de la educación superior es acentuar la falta de concordancia entre la demanda laboral y la oferta académica instalada.

- Si esta es la realidad, ¿por qué el ejecutivo implementó la medida?

- Sumados los alumnos de la educación básica, media y superior, son cinco millones de estudiantes. De ellos sólo 350 mil pertenecen a universidades del Cruch (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas), pero son los que tienen junto a sus rectores, la capacidad de organizarse y visibilizar sus demandas. Además estas son las casas de estudio que históricamente han formado los líderes que ocupan los espacios de poder. El sistema ha sido capturado por este grupo de interés, el que ha buscado el beneficio de sus instituciones, en desmedro de las necesidades reales que presenta el país. A ello se agrega un desconocimiento del rol de la educación superior técnico profesional.