Marcelo Galindo Gallardo
El Ministerio Público no descarta recurrir al Tribunal de Garantía, para llevar adelante algunas diligencias que hasta el momento no se han podido concretar en el marco de la investigación por la probable contaminación ocasionada por el vertimiento de salmones muertos.
La Fiscalía está indagando a las empresas salmoneras relacionadas con el vertimiento de más de 4 mil 600 toneladas de pescado en mal estado en el Océano Pacífico.
La línea de investigación está enfocada en ese sentido, y saber si el vertimiento del salmón descompuestos provocó contaminación en las costas de la región.
Las diligencias están a cargo de la Brigada de Investigación Medio Ambiental (Bidema) de la PDI de Valdivia, quienes levantarán por cuarta vez este fin de semana muestras en las zonas supuestamente afectadas por la contaminación.
Las diligencias también contemplan una serie de toma de declaraciones, que ya se han estado efectuando, pero no se descarta que la Fiscalía recurra a órdenes judiciales en casos puntuales.
Los primeros pasos de esta investigación fueron dados por la Fiscalía de Castro y por disposición del fiscal regional Marcos Emilfork se decidió que desde Puerto Montt se hagan cargo de las diligencias, todo hace un mes.
Garantías
La fiscal especializada en delitos medioambientales de Puerto Montt, Pamela Salgado, confirmó que pedir autorización al Tribunal de Garantía para realizar algunas diligencias, se encuentra dentro de las posibilidades.
Por ahora, afirmó que se está en una etapa de recolección de información de diferentes fuentes, y allí la idea es recopilar datos y levantar evidencia y en la medida que se van aportando antecedentes se investiga con esa nueva arista.
"Como toda investigación del ámbito penal, toda medida que signifique vulneración de derechos o de garantías de una persona, uno de los mecanismos es pedir al tribunal autorización si fuese necesario. Siempre se está sujeto a pedir medidas de esa naturaleza si fuese necesario", aseveró.
Para Pamela Salgado se trata de una investigación de larga data, por lo extenso del territorio, "pero debemos aclarar que no se están recogiendo muestras desde ahora, pues esto se realiza desde antes que los pescadores comenzaran con las protestas, y antes que se cerrara el paso a Chiloé, donde ya se habían levantado muestras", comentó.
La persecutora destacó el trabajo desarrollado por la Bidema de la PDI, que además está tomando diversas declaraciones.
La fiscal dijo que se indagan las querellas deducidas que se efectuaron producto de la probable contaminación en el mar.
"Junto con la investigación por oficio llevada adelante por la Fiscalía, también está la otra línea de investigación que está basada en las querellas también a propósito de la contaminación de empresas pesqueras, y la idea es llegar a aclarar esto en lo que podrían ser delitos medio ambientales", acotó Pamela Salgado.
Antibióticos
El martes pasado, el Tribunal de Alzada en la capital acogió la reclamación interpuesta por Alex Muñoz Wilson, en representación de Oceana, en contra de la resolución dictada por el Consejo para la Transparencia el 20 de octubre de 2015.
La Corte estimó ilegal la resolución del Consejo para la Transparencia, y ordenó que se haga entrega por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura "a dicho reclamante, de la totalidad de la información solicitada, esto es la información desagregada por empresas y centros de cultivo, sobre cantidades y clases de antibióticos usados por la industria del salmón de cultivo durante el año 2014".
Para Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva interina de Oceana, este proceso no se puede seguir dilatando y las empresas deben acatar el fallo y transparentar el uso de antibióticos. "Dilatarlo sería un grave error", indicó.
"El acceso a esta información ayudará a identificar las empresas que utilizan grandes cantidades de antibióticos y a lograr un comportamiento de producción responsable, ya que los mercados internacionales de salmón se lo exigirán para competir con los mercados noruegos", manifestó la directora de Oceana.
Piden centro de monitoreo
El diputado Fidel Espinoza sostuvo una reunión con el director nacional del Sernapesca, José Miguel Burgos, y le solicitó la posibilidad de contar con un sistema de fiscalización y monitoreo en los centros de cultivos de la salmonicultura en la región. "Cuando modificamos la ley de pesca, quedó claramente establecido que cada centro de cultivo debiese tener un sistema de monitoreo que permita al Sernapesca, como entidad fiscalizadora, tener instrumentos para medir con eficacia la oxigenación de las aguas, los niveles de contaminación, los peligros medioambientales, y también, por cierto, sus potencialidades. Esto, a tres años de la puesta en vigencia de la nueva Ley de Pesca, no está en funcionamiento; por ello, exijo que se ponga en marcha en la brevedad", anotó.
