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Comerciantes apelan a recuperar la confianza de los consumidores

MAREA ROJA. En los principales mercados muestran los certificados de mariscos libres de la toxina paralizante.
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Erwin Schnaidt Ávila

La Seremi de Salud decretó la autorización para extraer y comercializar mariscos bivalvos en la zona de Castro y Canal Lemuy, en Chiloé central, lo que trae una luz de esperanza para quienes están dedicados a la actividad.

Sin embargo, persiste el cierre para toda la costa del Pacífico, así como el litoral interior de la Isla Grande, incluido el Canal Chacao.

La presencia de la Marea Roja, que se mantiene hace más de un mes, también ha generado graves perjuicios económicos para los comerciantes de ferias libres y mercados.

Recuperar confianza

Armando Gallardo, del local 40 en el Mercado Ibáñez, reconoció que está endeudado en más de un millón de pesos, pero tiene fe en que poco a poco los consumidores retomarán la confianza.

"Yo compro en Chaicas (Carretera Austral), donde no hay Marea Roja. Tengo el certificado de Salud que me respalda para venderlos", enfatizó.

En un lugar destacado luce la placa que lo certifica como local autorizado y el acta de toma de muestras con el timbre "Negativo a VPM (Veneno Paralizante de los Mariscos". En tales elementos, dijo, "debe confiar la gente. Poco, pero han comprado. Hemos hecho curanto y no pasa ná", agregó.

Mientras que Rafael Venegas, del local 53, dijo que sólo vende con esa acreditación. "Lo que es mariscos, viene todo del Estuario (del Reloncaví) y de la Carretera Austral. Eso está todo habilitado", aseguró e invitó a sus clientes a confiar en ese control que realiza la Seremi de Salud.

Gracias a eso, reveló que el fin de semana vendió todos esos productos del mar.

También en angelmó

La confianza de los consumidores debe recuperarse con un plan comunicacional, en el que las autoridades tengan una participación activa.

Esa es la propuesta de Rosa González, presidenta del Sindicato de Locatarios del Mercado Angelmó, para quien todos deben estar involucrados en esta iniciativa, "porque las autoridades dan confianza. Su ejemplo podría servir", planteó.

Una actividad de estas características, aseguró la dirigenta, podría potenciar los esfuerzos que en esa misma línea ha desplegado Salud.

De hecho, está tan segura que los productos que vende están libres del VPM, que el fin de semana preparó cinco curantos para vender en su cocinería. Los resultados le sorprendieron. "El sábado vendí cuatro, lo que para mí fue muy bueno. Y ayer, vendí dos pailas marinas y pescado, que es lo que más pide la poca clientela que está viniendo", reconoció.

A nivel de venta directa de mariscos, el panorama en ese mercado sigue siendo desolador. Sólo había un local con oferta de cholgas y almejas.

A cargo del "Plástico", estaba Jimena Lara, para quien la recuperación de la confianza de los clientes pasa por la unión de esfuerzos de los propios comerciantes.

"No saco nada con estar sola vendiendo mariscos. Somos los únicos que estamos vendiendo hoy (ayer). Y todo analizado por Salud. Pero, si mis colegas no me acompañan, ¿cómo vamos a llamar a la gente? Si yo no doy confianza, ¿los demás qué?", interrogó.

Llamó a ir paso a paso en esta tarea. "Partir los fines de semana y poner un poquito (de mariscos). Hay que arriesgarnos. Sé que la venta no está buena y cuesta, pero aun así hemos vendido", aseguró.

La forma en que lo ha logrado -aseveró- ha sido mediante la exposición de la placa de la Seremi de Salud.

A pesar que hay escasa demanda, los productores oferentes mantienen los valores precrisis de Marea Roja. Por eso es que sigue vendiendo en $ 800 el kilo de cholgas (tres kilos por 2 mil) y en mil pesos el de almejas. Todo -afirmó- viene de Panitao, Estero Comau y de la Isla Tenglo.

Reconoció que persiste una especie de sicosis entre los consumidores. Para dar tranquilidad, aseguró que el sábado consumió los mismos mariscos que tiene a la venta.

Maullín interpone recurso por supuesta contaminación del mar

EN CORTE DE APELACIONES. Alcalde de la ciudad del río, Jorge Westermeier, llegó al tribunal de alzada acompañado de decenas de dirigentes sociales.
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Un recurso de protección, basado en la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, interpuso ayer la comunidad de Maullín en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, apuntando en contra de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

A las 12.30 horas, llegó el alcalde Jorge Westermeier al tribunal de alzada, acompañado del abogado y asesor jurídico la Municipalidad de Maullín, Mauricio Barría, y de una treintena de dirigentes sociales y de la pesca artesanal de la comuna del río, para presentar el recurso que busca aclarar si existe relación entre el vertimiento de salmones en descomposición con los altos niveles de Marea Roja.

Según precisó el abogado Barría, la decisión de iniciar acciones judiciales fue adoptada en una reunión entre el municipio y las organizaciones sociales de Maullín, indicando que "se interpone el recurso a efecto de estimar como un acto ilegal y arbitrario la resolución que autoriza el vertimiento de pescados en el mar, que a nuestro entender genera gran parte de los efectos que estamos viviendo y que como comuna nos genera una crisis importante".

El profesional adelantó que también se solicitó un informe en derecho a un abogado especialista en el ámbito ambiental, y se está a la espera del documento para estudiar posibles demandas en el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.

Por su parte, el alcalde Westermeier destacó que "esta acción surgió del diálogo con los dirigentes sociales de la comuna, con quienes acordamos iniciar acciones que permitan determinar, a base de la información de distintos servicios públicos, si efectivamente se cumplieron los parámetros y normativas durante el vertimiento de estos salmones en el mar, precisamente frente a las costas de nuestra comuna; y si tiene relación con la inusual floración de algas nocivas".

Entre los líderes comunitarios que llegaron hasta la Corte de Apelaciones, se encontraba José Molina, dirigente de los pueblos originarios.

"Esta problemática afecta a cientos de familias indígenas, que ven en el mar su fuente de alimentación primaria, y cuyos excedentes los dedican a la venta. Hemos sido testigos de grasa y aceite de pescado en las costas de Carelmapu, y creemos que la industria salmonera es la responsable de ésto, lo que debe ser aclarado en este recurso de protección", dijo.

El dirigente también apuntó al ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, por no hacerse presente en la crisis.