Marcelo Galindo Gallardo

En dos posibles delitos se ha centrado la Fiscalía Regional, en la investigación que lleva adelante por la probable contaminación del sector costero de la región, debido al vertimiento de más de 4 mil toneladas de salmones muertos a 139 kilómetros en el Océano Pacífico.

Uno de los ilícitos da cuenta del artículo 136 de la Ley de Pesca. Este indica que "el que introdujere o mandare a introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de aguas, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos, que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños, será sancionado con multa de 50 a tres mil unidades tributarias mensuales (UTM). Si procediere con dolo, además de la multa, la pena a aplicar será la de presidio menor en su grado mínimo".

El Ministerio Público también esta basando la indagatoria en el artículo 291 del Código Penal: "Los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos o de cualquier otro orden, que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población, serán penados con presidio menor en su grado máximo".

Muestras

Las diligencias encargadas a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI de Valdivia, están avanzadas, pero ayer recogieron muestras en varios puntos donde se encontraron diversas especies de la fauna marina muerta.

Los peritos estuvieron acompañados por la fiscal especializada en este tipo de ilícitos de Puerto Montt, Pamela Salgado. Además llegó un equipo especializado de la Sección Ecología y Medioambiente del Lacrim central de Santiago.

De acuerdo a la PDI, esto se encuentra enmarcado en la investigación que por oficio comenzó la Fiscalía de Los Lagos, para establecer eventuales responsabilidades en el vertimiento de cuatro mil toneladas de salmones muertos frente a las costas de la región, situación que ha generado un debate público en torno a su relación con la aparición de especies muertas en la zona, así como a otros fenómenos que afectan la fauna y flora marina. La jefa de la Bidema Valdivia, comisario Carolina Herrera, señaló que están realizando diversas diligencias policiales y peritajes por la gran cantidad de especies marinas muertas en la Isla de Chiloé. Para ésto, se cuenta "con una instrucción particular y orden de investigar por parte del Ministerio Público por infracción al artículo 136 de la Ley de Pesca".

La oficial agregó que "a través de oficio, por parte de la PDI, fueron solicitadas diversas diligencias al Ministerio Público, las cuales fueron autorizadas y ya se han efectuado sobrevuelos por toda la isla de Chiloé, como también la georreferenciación, para apreciar con mayor detalle el impacto ambiental ocasionado", indicó.

El fiscal regional Marcos Emilfork añadió que la idea es llegar al fondo de cualquier situación que pueda determinar o no la existencia de un hecho punible en este caso.

"No sólo por un tema medioambiental y por el valor que le damos a este bien jurídico, sino que además en nuestra región una gran cantidad de familias viven de productos relacionados con el mar, de tal forma que contaminar nuestro mar significa contaminar las mesas y los bolsillos, la vida de niños, padres y madres, y de una gran cantidad de personas de la región", comentó.

Ayer, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, confirmó la conformación de un equipo de científicos independientes, para investigar la relación de la Marea Roja y el vertimiento de salmones muertos.

"Se conformó un equipo de cinco profesionales de reconocido nivel nacional e internacional. Ellos van a trabajar en dos tareas: poder determinar el vínculo de lo que fue el vertimiento de salmones y el fenómeno de Marea Roja, y en segundo lugar, un plan permanente en torno al trabajo de Marea Roja", aseguró el secretario de Estado.

El anuncio se hizo justo cuando la Fiscalía había informado que estos hechos eran investigados hace más de una semana.

El ministro Céspedes no aceptó preguntas.

139 kilómetros separan el sector de Faro Corona en Chiloé del vertimiento de los pescados muertos.

4.600 toneladas de salmones en descomposición fueron arrojados en pleno Océano Pacífico.

136 es el artículo de la Ley de Pesca que sanciona a quienes arrojen contaminantes en el agua.