Erwin Schnaidt Ávila

La idea era alcanzar el cruce de la Ruta V-60 (a Los Muermos) con el Aeropuerto El Tepual. Pero, los pescadores artesanales de la ribera norte del Río Maullín llegaron sólo hasta Las Quemas, a unos 23 kilómetros de Puerto Montt, donde fueron contenidos por Fuerzas Especiales de Carabineros, con los que mantuvieron esporádicos enfrentamientos.

Ante el envío de bombas lacrimógenas, el uso del "zorrillo" y del "guanaco" de la policía uniformada, los manifestantes respondieron con piedras.

Cerca de 500 hombres y mujeres se expresaron de esa forma, con la finalidad de hacer presente su malestar ante las medidas anunciadas por el Gobierno, para hacer frente a los efectos sociales y económicos derivados de la prohibición de extraer mariscos bivalvos, producto de la Marea Roja.

Dijeron diferir del monto de $ 100 mil mensuales conseguidos tras la declaración de Zona de Catástrofe. Expusieron que un monto que podría satisfacer sus necesidades es de $ 500 mil por familia.

El pescador Ricardo Figueroa dijo que hace dos meses que no puede trabajar en la extracción de mariscos. "Nos obligaron a salir a la calle, porque la situación es insoportable. Vamos a seguir hasta las últimas. Porque además nos pegaron, a una señora le partieron la cabeza, rompieron el parabrisas de un auto, hay dos personas que están con problemas respiratorios. Estamos todos mojados, hay detenidos. Nosotros veníamos marchando pacíficamente", resumió.

La lugareña Verónica Flores, quien participa de la Mesa del Alga, también pidió más recursos. "No queremos 100 mil pesos, porque con eso no vamos a hacer nada", aseveró.

Respecto del aporte solidario anunciado por el Gobierno, Uriel Navarro, secretario de la Federación Ribera Norte, lo calificó como "una limosna" y tampoco validó un monto cercano al sueldo mínimo de $250 mil. "Cómo vive la gente con $100 mil si tiene hijos estudiando, tiene que pagar las deudas, la luz, el agua...", se quejó.

Para la consejera regional Valentina Álvarez, es posible aumentar los montos, al amparo de la Zona de Catástrofe.

Apeló al Artículo N° 10 de la Ley 16.282, a través del que "la Presidenta tiene la facultad de usar el 2 % del recurso nación para estados de catástrofe. Quiero decir con esto que no estoy de acuerdo con que destinemos recursos regionales, porque dejaremos de gastar en otras cosas. Si nos estamos acogiendo a esa ley para decretar Zona de Catástrofe, entonces cumplámosla entera. Es el intendente (Leonardo de la Prida) quien debe hacer la gestión para que esto se haga efectivo", planteó.

Zoila Bustamante, presidenta de la Conapach, afirmó que "para todas las personas, (este aporte) es una miseria. Los $ 3.600 millones del Gobierno para toda la región, son una vergüenza".

A su juicio, se debe considerar "a la gente que realmente tiene problemas y entregar aportes dignos. No que nos falten el respeto, porque con la plata que están entregando no alcanza a cubrir todos los gastos de una casa".

En tanto que Jorge Bustos, presidente del Consejo Regional de Pescadores Artesanales (Corepa), también se mostró en desacuerdo con el monto anunciado por el Gobierno.

"Cuando hablamos de ayuda, lo que está ofreciendo el Gobierno no es suficiente. Eso es de sentido común. Creo que $ 100 mil no resuelve nada. El sueldo mínimo es el parámetro que debemos tener para enfrentar este tema. Lo otro es un maquillaje", comentó.

El presidente del Sindicato de Armadores y Recolectores de Puerto Montt, Segundo Parra, reflexionó: "Le quiero preguntar al intendente y a toda la gente de Gobierno, si comen y pagan sus deudas con 100 mil pesos al mes".

Salmones muertos

Uriel Navarro también reclamó que el Gobierno no haya adoptado la misma postura que mostró ante la muerte de cerca de 40 mil toneladas de salmones. "Le dijeron a la gente que por prevención no coman mariscos; y por qué la autoridad no hizo lo mismo cuando fueron a botar salmones muertos al mar. Por eso estamos aquí, no porque nos sobra la plata y el tiempo", enfatizó.

Luego, se preguntó "por qué los pescadores tenemos que pagar por lo que el Gobierno no supo cuidar. Tenían que haberse opuesto a botar esa cantidad de salmones muertos al mar".

El líder del Corepa, Jorge Bustos, coincide con esa percepción. "A todos esos salmones que lanzaron al mar, le aplicaron líquidos para evitar el mal olor y para que los tripulantes de las naves que los transportaban, no sufrieran daños. Ahí están las consecuencias que tenemos hoy, con la varazón de bancos naturales de machas, muerte de sardinas y anchovetas. Tenemos esa duda, respecto de la versión oficial. En base a nuestro conocimiento empírico, creemos que es un tema más profundo, ligado a la salmonicultura. Tenemos piel y cabezas de salmones que están llegando a las costas del Pacífico", afirmó.

Para aclarar las dudas, propuso que la autoridad de Pesca impulse un estudio, en el que se considere la participación del sector artesanal.

"El tema va más allá de la Marea Roja. Insisto: es por la contaminación general ante el excesivo y abusivo cultivo de salmones en la región", agregó.

Por la mañana, en tanto, un grupo de pescadores de Isla Tenglo marchó por el centro de Puerto Montt, hasta llegar a la Gobernación Provincial, donde hicieron entrega de una carta dirigida al Gobierno.

El dirigente Segundo Parra, explicó que "esto no da para más. Estamos en nuestra caleta, mirando cómo se nos va de las manos nuestro trabajo, el recurso para llevar sustento a nuestro hogar".

Aseveró que la Marea Roja ha estado instalada hace años en la región y que su actual magnitud se debe al vertimiento de salmones en mar abierto. "Nunca habíamos tenido mariscos, perros, ni chanchos muertos en las playas. Hay un efecto químico", acusó.

$ 100.000 es el monto que anunció el Gobierno el lunes para ir en ayuda de los más afectados, de un total estimado de 7 mil personas.

$ 1.593 millones pidió transferir el intendente al Core, a través de recursos que servicios públicos no usarán en este año presupuestario.