Según la alianza opositora MUD, ya han sido recolectadas más de 1,5 millones de firmas a favor del referéndum revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro. Esto superaría ampliamente el número requerido para que el proceso continúe, que es el equivalente al 1% del electorado nacional.
Las centrales sindicales argentinas se manifestaron ayer en una masiva movilización en Buenos Aires contra el alza de los precios y los despidos de los últimos meses, por lo que reclamaron la aprobación definitiva de una ley para frenarlos.
"Esta es una convocatoria histórica, que han hecho cinco centrales en las que está dividida el movimiento obrero", expresó el secretario general de la CGT-Azopardo, Hugo Moyano, en el discurso central de la protesta, realizado en el centro de Buenos Aires y al que asistieron miles de personas, lo que generó problemas en el trafico de la ciudad.
El dirigente aseguró que "no puede ser" que apenas asumió el Gobierno de Mauricio Macri, en diciembre, se desataron impuestos y retenciones a sectores que "a lo mejor debieron ser necesarios o no".
"Pero mientras les saca el pago de retenciones no se acuerda de los trabajadores ni de los jubilados. No pretendemos gobernar conjuntamente pero sí que debe consultar con los sindicatos", aseveró.
La movilización estuvo convocada por las tres secciones en las que está dividida la peronista Confederación General de los Trabajadores (CGT), que en los últimos años ha tenido disidencias entre su líderes por su posición sobre el kirchnerismo y que planean reunificarse en agosto próximo.
También convocaron las dos vertientes de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), también dividida por su afinidad con los anteriores gobiernos.
"No es un acto en contra del Gobierno, es un acto por los derechos de los trabajadores, la suba indebida de la canasta familiar", dijo por su parte en el discurso Antonio Caló, el titular de la CGT Alsina.
A su juicio, no pueden "seguir adelante" los trabajadores, ya que "muchos compañeros" todavía están con el salario del año pasado y se registró "más de un 60% de subida en la canasta básica".
"Lo que no ha aumentado es el salario, lo que ha aumentado es la pobreza. Un millón (de personas) ha entrado en la pobreza en cuatro meses", agregó.
La preocupación por la situación laboral en Argentina se debe a los 120 mil despidos -según cálculos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa- ocurridos en los últimos meses, tanto en el sector público como en el privado, y la disconformidad respecto de los impuestos que agravan los salarios.
Sin embargo, el Ejecutivo asegura que no se registra una situación de despidos masivos, sino que la tasa de empleo se mantiene estable y sin creación de nuevos puestos de trabajo desde hace cinco años.
Además, prevé un proceso de creación de empleo para el segundo semestre de este año.
Es así que en la protesta tuvo especial protagonismo el proyecto aprobado el miércoles por el Senado e impulsado por la oposición para frenar los despidos durante seis meses y con el que el Gobierno no está de acuerdo.
Macri señaló el jueves que esa iniciativa es una "política equivocada" que "destruye el trabajo" y "perjudica a los argentinos", aunque no detalló si vetará la ley en el caso de que el proyecto sea aprobado también por los diputados.
No obstante, recordó que hace 12 años, durante la Presidencia de Eduardo Duhalde, cuando el país trataba de salir de la crisis de 2001 y soportaba tasas de más del 20% de desempleo, se visó una ley con las mismas características y "no funcionó".
En un acto en la provincia de Tucumán, el Presidente Mauricio Macri apostó ayer por la creación de trabajo de calidad y a partir de la inversión, frente al "clientelismo" y el empleo público "inútil". "Creo que hay una enorme agenda por delante, que tiene que ver con encarar un tema de fondo que es la generación de empleo. Estamos todos preocupados en Argentina", señaló el Mandatario el mismo día en que miles de trabajadores se movilizaron en Buenos Aires.
Las autoridades venezolanas impidieron ayer la visita a Leopoldo López, recluido en una prisión militar, de un grupo de líderes de la oposición de ese país que pretendía que el opositor sumara su firma a la solicitud del proceso de referendo revocatorio presidencial.
Los opositores fueron despachados de las instalaciones del centro de reclusión militar conocido como Ramo Verde, ubicado en las afueras de Caracas, luego de que las autoridades militares les explicaran que, pese a ser el día de la visita, para ver al opositor se requería de la autorización del Ministerio de la Defensa.
El grupo de opositores, que alegó haber pedido el permiso sin recibir respuesta, decidió retirarse de las instalaciones luego de insistir en varias ocasiones.
A la prisión acudieron el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup; el ex candidato presidencial Henrique Capriles y el presidente de la Conferencia Episcopal venezolana, Diego Padrón, entre un nutrido grupo de dirigentes de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El coordinador del Partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, que dirige el movimiento político en ausencia de López y que también acudió a Ramo Verde, aseguró que con lo ocurrido "quedó constancia que el Gobierno miente cuando dice que Leopoldo no está aislado, porque en efecto hoy (ayer) tampoco pudimos entrar a verlo".
El objetivo de la visita era registrar la firma de López en el formulario en el que la oposición debe recolectar un porcentaje de rúbricas de venezolanos que respaldan la solicitud de referendo para revocar el mandato del Presidente Nicolás Maduro.