El Gobierno afirmó ayer que va a colaborar en lo que la justicia requiera para esclarecer un presunto enriquecimiento ilícito del ex comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba. Eso sí, varios secretarios de Estado rechazaron adelantar juicios respecto de la presunta participación del alto uniformado (r) en la causa que la Fiscalía tramita de manera desformalizada.

La ministra (s) de Defensa, Paulina Vodanovic, dijo ayer que el Ejecutivo entregará su colaboración en la investigación. "Desde la Fiscalía no nos han requerido ningún tipo de información, por lo tanto si somos objeto de algún requerimiento u oficio, tanto el Ministerio de Defensa como la Subsecretaría de Fuerzas Armadas o el mismo Ejército vamos a aportar todos los antecedentes que pudiéramos tener".

La indagatoria buscaría establecer cómo el general (r) Fuente-Alba habría acumulado unos $ 3 mil millones entre 2005 y 2014 en bienes raíces, depósitos y automóviles de alto valor. El fiscal regional metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, confirmó ayer la investigación, que tendría relación con una arista del denominado caso "Milicogate".

El ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo que al Gobierno "no le corresponde" emitir juicios sobre la investigación que abrió la Fiscalía. "Si hay alguien que cree que hay un patrimonio eventualmente distinto al que debiera tener, bueno, serán ellos los que tendrán que demostrar aquello", expresó el jefe de gabinete.

El ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, agregó que "serán finalmente los tribunales de justicia los que van a determinar si hay hechos que constituyan irregularidades o delitos y aplicar las sanciones que correspondan".

2005-2014 es el periodo de tiempo en que se indaga el incremento del patrimonio del general Fuente-Alba.

Una serie de consultas, a grupos representativos de la actividad pesquera regional, inició un equipo de la FAO en Puerto Montt.

La evaluación técnica local de la Ley General de Pesca y Acuicultura que solicitó el Gobierno, se llevó a cabo hasta ayer en la sala de reuniones de la Gobernación Provincial.

Alejandro Flores, oficial principal de Pesca y Acuicultura de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y El Caribe, explicó que invitaron a participar "a todos los actores relevantes de toda la cadena de la pesca", como los del sector artesanal e industrial, así como académicos y procesadores.

En base a esta reunión, explicó que esperan obtener "sus propias opiniones, con respecto a una serie de tema que enmarcan el trabajo que ha solicitado la Subsecretaría de Pesca, que tiene que ver con el alineamiento de la ley, con respecto a estándares y tratados internacionales de los cuales Chile es signatario, orientados a la gestión sostenible de los recursos pesqueros".

El grupo técnico de la FAO es integrado por consultores chilenos y extranjeros, quienes están captando la opinión de los actores sectoriales.

Durante este proceso participativo, el equipo consultivo aplica un cuestionario de 12 preguntas que hicieron llegar previamente al grupo de representantes, documento que aborda preguntas relativas a la revisón técnica de la norma.

Alejandro Flores explicó que "no sólo han llenado el cuestionario con sus agremiados, sino que comparten opiniones y las comparten con los demás actores"

Esta labor, que finaliza el próximo 4 de mayo en Valparaíso, se realiza en cuatro macrozonas del país. La de Puerto Montt corresponde a la N° 4, que además de la Región de Los Lagos, suman representantes del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Mauricio Mondaca

A través de la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, el Gobierno anunció que decidió vetar el proyecto de reforma laboral luego de que el Tribunal Constitucional declarara la titularidad sindical como contraria a la Carta Fundamental.

"El Gobierno ha decidido vetar el proyecto de ley. Ahora está haciendo un análisis de las implicancias de lo que ha anunciado el TC para ver la magnitud y el tipo de veto", dio la ministra en entrevista con La Segunda.

La secretaria de Estado agregó que "el veto puede ser de tres magnitudes: supresivo, sustitutivo y/o aditivo. Estamos estudiando de qué naturaleza será".

El veto supresivo elimina las normas declaradas inconstitucionales por parte del Tribunal Constitucional; el sustitutivo reemplaza las normas impugnadas por otras que se ajustan a lo adoptado en el fallo y al aditivo agrega artículos que lo pongan en línea con lo dictaminado por el TC.

La secretaria de Estado afirmó que el Ejecutivo no puede retirar el proyecto, porque ya está aprobado por el Congreso, pero que ahora recibirá las enmiendas incorporadas por el TC.

Rincón reconoció que el dictamen del tribunal, cuyos argumentos se conocerán el 9 de mayo, causó sorpresa en su cartera debido a que haya decidido que la inconstitucionalidad tenía relación con la titularidad sindical.

"Incluso pensé que nos iban a echar abajo el tema de información, porque podría haber susceptibilidad por la violación de la privacidad. De verdad que me sorprendió la titularidad", comentó.

La Presidenta Michelle Bachelet dijo ayer que la sentencia del TC "nos dificulta el cumplimiento de nuestros compromisos como país".

Al participar en la promulgación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para las trabajadoras de casa particular, la Jefa de Estado explicó que "es nuestra voluntad siempre cumplir con las obligaciones que tenemos ante la comunidad internacional, porque creemos que la dignidad del trabajo y la organizaciones de los trabajadores son una palanca para el buen desarrollo". Sin embargo, agregó, "lamentablemente no siempre es fácil de cumplir", aludiendo al dictamen del Tribunal Constitucional de esta semana.

"Seguiremos adelante en nuestro empeño por lograr relaciones laborales equilibradas y justas. Buscaremos los mecanismos más eficaces".

Michelle Bachelet, Presidenta de la República