Es interesante ver lo que ha pasado en la discusión de la llamada Ley Corta Antidelincuencia. Podemos encontrar algunas ideas para reflexionar. La primera, es que en la medida que ha pasado el tiempo, el gobierno ha perdido su atractivo político. El liderazgo de la Presidenta no convoca, como lo hizo durante los primeros meses de su gestión, en donde la Nueva Mayoría se paseaba con el pecho inflado por La Moneda y el Congreso, impulsando grandes y mal planteadas reformas, sin que existiera una resistencia mayor ya que, como es sabido, la Alianza (como se llamaba la coalición de centro derecha en ese entonces) cuenta con muchos menos parlamentarios que la izquierda.
Por ejemplo, la reforma tributaria. Se aprobó en la Comisión de Hacienda en menos de tres semanas. ¡Los expertos invitados tenían siete minutos para hablar! Al poco tiempo, hubo que discutir una nueva reforma tributaria para corregir algunos de los problemas de la primera.
Un desastre. Luego, y tal como se dijo en la UDI cuando explotaron los primeros casos de financiamiento irregular, vino Soquimich, comprobando que el problema era generalizado y, por lo mismo, había que abordarlo como tal y no como una ventaja política. Cayó Peñailillo y por primera vez, desde el año 1990, hubo cambio de ministro de Hacienda.
Llegó Caval y la Nueva Mayoría perdió su figura por la cual, renunciaban al servicio público por cuotas de poder. Con la aprobación de la Presidenta en bajos niveles el Partido Comunista vio un espacio que llenar y comenzó a ejercer presión, logrando que ingresaran proyectos claramente inadmisibles y dividiendo las filas dentro de la coalición gobernante. La segunda, tiene que ver con cómo llegamos a la discusión de la Agenda Corta Antidelincuencia. Con parlamentarios votando en contra de sus mismas propuestas hechas meses antes. Con el ministro Burgos teniendo que explicar que las indicaciones más polémicas no eran suyas, como si eso fuera algo reprochable, con el Partido Comunista como claro vencedor.
El proyecto tiene varias falencias técnicas. Pone en riesgo el ejercicio de libertades civiles que es peligroso de consagrar bajo la siempre promesa de inseguridad. Pero el problema es más de fondo y queda claro en este proyecto.
El problema es el desorden de una fuerza política que está en La Moneda y que goza de amplia mayoría en el Congreso.
Ese desorden es un problema para la gente.
Diputado de la República. Región de Los Lagos.
Felipe de Mussy Hiriart.