La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente apeló al fallo del 4º Juzgado de Garantía de Santiago que el martes rechazó dejar a Verónica Rajii, madre y socia de Alberto Chang, con la medida cautelar de prisión preventiva, en medio de la investigación por una presunta estafa piramidal del Grupo Arcano a más de 800 clientes.

La acción por parte de los persecutores, que fue presentada el viernes y dada a conocer ayer, tiene como base que la única medida acorde a la gravedad de los hechos que se le acusan a Rajii es la privación de libertad.

La Corte de Apelaciones deberá confirmar o rechazar el arresto domiciliario total y arraigo nacional en que se encuentra la mujer, formalizada por estafa reiterada e infracción a la ley de Bancos.

En su declaración ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, publicada el jueves por El Mercurio, Rajii aseguró que no recomendó a nadie invertir en el Grupo Arcano. "No tengo intervención en la captación de clientes para que invirtieran, nunca le recomendé a nadie invertir en la empresa de mi hijo", declaró.

El mismo matutino reveló ayer que Rajii había iniciado en febrero los trámites para conseguir un permiso de residencia en Malta, lugar donde se encuentra su hijo desde el 12 de marzo pasado.

Este 28 de abril se realizará la audiencia de formalización de Chang. La solicitud se presentó el jueves pasado, luego que el empresario no acudiera a declarar a las dependencias del Ministerio Público.

"Se tendrá que mostrar en esta audiencia que concurren todos los requisitos, tanto que den cuenta de la existencia del hecho punible como su participación, para que se proceda o se autorice de parte del juez de Garantía a la extradición", señaló el jueves el abogado querellante Sergio Contreras, citado por radio Cooperativa.

Luego de comunicar los cargos en contra del empresario, los fiscales Gajardo y Norambuena solicitarán la prisión preventiva y luego la extradición de Chang.

Si bien no existen tratados entre Chile y Malta, la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 regula la extradición de delitos graves como el lavado de dinero, por lo que es posible proceder con el pedido de extradición.