Con las fotocopias de tres cheques en sus manos llegó a mediados de agosto de 1990 el Presidente Aylwin a una reunión con sus ministros en La Moneda.

Los documentos fotocopiados habían sido emitidos por el Ejército, totalizaban $ 971.940.001 (alrededor de US$ 3 millones) y tenían como destinatario a Augusto Pinochet Hiriart, segundo hijo del comandante en jefe.

Con ello comenzaba a surgir el caso conocido como "Pinocheques", relacionado con tres cheques que habían sido pagados por el Ejército para comprar acciones de Valmoval, una empresa dedicada a la administración de fusiles, gestionada por el Ejército y que se había declarado recientemente en quiebra.

Luego que las fotocopias llegaran a varios medios de comunicación y en la Cámara de Diputados se impulsara una investigación, el Comité Asesor alertó a parlamentarios opositores sobre la "farsa política" con la que a su juicio se quería dañar la imagen de Pinochet.

Tres años después, el ministro Enrique Krauss advertía a Aylwin que la eventual decisión del CDE de pasar el caso de Valmoval a la justicia del crimen podría causar nuevos problemas. Y así fue.

En una de sus portadas de mayo de 1993, el diario La Nación tituló: "Reabren caso cheques del hijo de Pinochet". El general Jorge Ballerino mostró un ejemplar a Pinochet, quien interpretó la publicación como una "orquestación" en su contra, según recogió "La historia oculta de la transición".

El 28 de mayo de 1993, comandos del Ejército se reunieron en las cercanías del Palacio de La Moneda, armados y con vestiduras militares de combate, lo que después se conoció como "Boinazo". El objetivo era hacer presión para que no se abriera el caso "Pinocheques".

El "Boinazo" fue "la segunda y peor crisis militar de la transición", según consideró Ascanio Cavallo en su libro, y reflejó que los oficiales "se las ingeniaban para añadir, a ese impresentable motivo, todas las razones institucionales que pudieran justificar un extenso movimiento de insubordinación".

Finalmente, y gracias a acciones como el "Boinazo", el caso no fue abierto nunca oficialmente durante el periodo de la transición y sus autores no fueron condenados.