Aunque no está clara cuál fue la respuesta entregada por el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, a la coordinadora de Alerce respecto a la demanda de una mejor conectividad, los dirigentes sociales y vecinales han seguido con las protestas.

Uno de los compromisos asumidos por el intendente Leonardo de la Prida es entregar una respuesta a las demandas de aquí al 25 de abril.

El sábado, los integrantes de esta coordinadora de Alerce llegaron al centro de la ciudad y realizaron varias protestas, incluso en el frontis del Liceo de Hombres, donde llegó el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz.

Pese a que hubo una reunión con la autoridad, no está claro si hubo o no una respuesta concreta.

"Planteamos nuestra demandas principales, ensanchamiento de la Ruta Alerce, desde La Vara a Alerce, incluidos los puentes, donde pusimos como ejemplo lo realizado con el puente de la Poza en la Ruta a Ensenada, para argumentar que sí se pueden hacer esas obras; la conexión con la Ruta 5 de manera urgente por el camino existente actualmente; y agregamos con mucha fuerza el secretismo con que se ha manejado el trazado definitivo del proyecto privado denominado Ruta Metropolitana", argumentó Elías Imio, dirigente vecinal.

La coordinadora de Alerce también emitió una declaración, donde criticaron el accionar del seremi de Transportes, Enrique Cárdenas, y no lo reconocen como un interlocutor válido.

Para la autoridad, no se ha entendido bien lo que se ha señalado en las distintas reuniones.

"Es legitimo que ellos manifiesten sus dudas, pero estamos dispuestos aclarar las dudas que tengan", aseveró.

Cárdenas dijo que existen varias soluciones que se analizan. "Se va a construir una tercera pista como medida de mitigación de la empresa de revisión técnica, entre La Vara y Alerce. La duda de los peatones y ciclistas se va a tener que resolver una vez que el diseño de la tercera pista se presente a esta seremía", añadió.

Un trabajo más articulado para lograr un mayor impacto en materia de prevención en delitos, como robo en lugar habitado, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y consumo de alcohol y drogas en menores de edad, son algunos de los acuerdos que se establecieron en la primera sesión del Consejo Provincial de Seguridad Pública para este año 2016.

La instancia fue presidida por el gobernador de la Provincia de Llanquihue, Juan Carlos Gallardo, quien estuvo acompañado de autoridades policiales y del Ministerio Público. Además, estuvieron presentes los representantes de Senda, Sernam , Sename, Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia, entre otros.

La autoridad provincial dijo que durante este año y en el marco del plan provincial de seguridad pública, el trabajo se va a centrar en cinco ejes, siendo el primero de ellos la visibilización del problema de violencia intrafamiliar en la provincia, principalmente en los sectores rurales. "Para ello se va a realizar un conjunto de campañas preventivas en los diferentes establecimientos educacionales, enfocadas a jóvenes a través de la prevención de la de violencia en el pololeo", aseguró Gallardo.

También explicó que se espera visibilizar los centros de apoyo que tiene Sernam, en convenio con la Gobernación Provincial, para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y para hombres que ejercen esta violencia. "Se hace un trabajo interdisciplinario, para lograr la rehabilitación de los hombres que ejercen violencia al interior de la pareja", dijo Gallardo. Se abordarán los delitos contra la propiedad de la prevención, como el robo en lugar habitado.

En la ciudad de Puerto Montt, el gobernador provincial adelantó que se va a focalizar en diez barrios, que no han tenido una intervención más sistemática y de este modo poder trabajar con las organizaciones comunitarias, a través de monitores que ayuden a generar una modalidad preventiva que se espera replicar en otras comunas de la provincia.

Marcelo Galindo Gallardo

Fue la Dirección Regional de Gendarmería la que determinó hacer entrega al Ministerio Público todos los antecedentes del motín ocurrido el viernes pasado en la mañana en el penal de Alto Bonito en Puerto Montt y lo que terminó con 34 personas lesionadas.

Tras la revuelta, hubo 12 gendarmes heridos y 22 internos con contusiones e impactos de balines, lo que obligó a que Carabineros del Grupo de Operaciones Especiales (Gope) y de Fuerzas Especiales concurrieran al lugar.

En las redes sociales se han publicado varios videos del incidente ocurrido en el módulo 22 de imputados, y que se extendió por más de dos horas.

El coronel Pedro Ferrada, director regional de Gendarmería, confirmó la medida de hacer llegar la documentación de lo ocurrido al Ministerio Público.

"Se entregaron los antecedentes a la Fiscalía, y al magistrado del Juzgado de Garantía se hizo llegar todo lo ocurrido en ese módulo, el material remitido que corresponde a videos y lo registrado en los patios; además, el mayor Pablo Molina lleva adelante el sumario administrativo", adujo.

Procedimiento

El seremi de Justicia, Mario Madrid, comentó que Gendarmería está llevando adelante una investigación administrativa en el complejo penitenciario.

"La dirección regional de Gendarmería instruyó este sumario para establecer si existe alguna responsabilidad en el procedimiento efectuado por los gendarmes el viernes pasado", informó.

La autoridad también agregó que el director regional de Gendarmería hará entrega de los antecedentes al Ministerio Público.

"Allí se verá si los hechos son constitutivos de delito; de ello depende si se judicializa o no, y son ellos (Fiscalía) quienes deben decidir al respecto. La Fiscalía pondera los antecedentes", acotó.

Milena Galleguillos, defensora penal jefa de Puerto Montt, explicó que de este hecho tomaron conocimiento el mismo día.

La abogada explicó, tras concurrir al penal, que se conoció el reporte de los imputados heridos y se informó a cada uno de los defensores para que tomaran contacto con ellos.

"La idea era conocer la versión de ellos, para analizar si amerita alguna acción de cada defensor con su imputado", manifestó. La defensora explicó que cuando se detecta alguna situación irregular, generalmente se piden cautelas de garantías al juzgado para contar con medidas de resguardo. "Si el imputado tiene lesiones, derechamente el afectado puede denunciar a través de la Fiscalía", indicó.

La abogada añadió que cuando los defensores van a la cárcel a visitar a los imputados de inmediato se observa si existe o no abuso, "pero además están las cámaras de seguridad y por ello se debe ir caso a caso", argumentó.

Mauricio Moya, jefe de la sede regional del Instituto Nacional de derechos Humanos (Indh), dijo que se revisaron las cámaras de vigilancia en compañía del personal de Gendarmería y se entrevistaron a todos los reos del módulo que se vieron involucrados.

"Debemos aclarar que si se presentan querellas, no será para todo los casos, si las acciones prosiguen, será una querella por apremios ilegítimos, pero sólo en algunos casos. La próxima semana se podría confirmar si habrá o no acciones legales", señaló.

34 lesionados de diversa consideración arrojó la revuelta ocurrida el viernes pasado.

22 es el módulo (de imputados) que a la hora del incidente registraba alrededor de 90 internos.