La detección de la Armada de dos lanchas artesanales que transportaban salmones muertos por el bloom de algas, motivó el rechazo de SalmonChile contra los responsables. El gremio pidió, en caso de determinar que buscaban comercializar esa carga en Pto. Montt, que se aplique "todo el rigor de la ley". La autoridad naval denunció este hallazgo ante la Fiscalía Local del Ministerio Público. SalmonChile llamó a investigar la procedencia de los "y cómo se obtuvo o sustrajo". En caso de ser efectivo lo anterior, proponen identificar a los responsables. La asociación gremial estableció que las empresas productoras no destinaron a consumo humano la mortandad.

El alcalde de la comuna de El Bosque, Sadi Melo, presentó ayer una querella por homicidio contra quienes resulten responsables del asesinato de Alison Calderón (17), cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en un colegio de esa comuna de Santiago.

"Como Municipio lamentamos la muerte y condenamos enérgicamente este delito que se cometió contra una mujer joven, esto se suma a la situación de violencia contra la mujer en nuestro país, y queremos que se cumpla todo el rigor de la ley sobre quienes resulten responsables", sostuvo el edil.

Melo informó que se llevará a cabo un sumario administrativo, ya que el cuidador del establecimiento, que se encuentra suspendido de sus funciones, es el padre del principal sospechoso del crimen, Julio Rodrigo Miranda Herrera (32).

El imputado fue detenido el sábado en Puerto Montt, desde donde fue trasladado hasta Temuco, para luego ser llevado ayer a Santiago, hacia donde viajó custodiado por 10 gendarmes.

El imputado enfrentó el control de detención el domingo en Puerto Montt, cuando la jueza amplió el plazo de la detención para que fuera trasladado hasta la capital, donde hoy será formalizado.

Por otro lado, otra joven, luego de conocer el caso, contactó a la familia de la menor asesinada y aseguró que había sido víctima de agresiones y abusos de Miranda.

El ex senador UDI Pablo Longueira anunció ayer que el Ministerio Público le comunicó que será formalizado. Ello, por el presunto delito de cohecho en la investigación del llamado caso SQM. El ex legislador, quien recientemente presentó su renuncia a la UDI, cuestionó a la fiscalía y aseguró que dicho organismo no está actuando con la objetividad que corresponde.

A través de una declaración pública, Longueira dijo que "en la tarde de hoy he sido informado que el Ministerio Público ha solicitado mi formalización sin siquiera esperar que preste mi declaración e incluso antes que formule mis descargos en la causa". Por ello, calificó la situación que lo afecta como de una "extrema injusticia".

En la citada declaración, el ex ministro de Economía de la administración anterior se preguntó "¿en qué sistema de investigación es posible que formalicen a una persona que voluntariamente ha prestado toda su colaboración a la investigación, ha abierto voluntariamente su cuenta personal para acreditar que no ha recibido recurso alguno que no corresponda a su trabajo y ha manifestado su disposición para prestar declaración en la fecha que determine el Ministerio Público?".

Junto con ello, el legislador gremialista dijo que "no descansaré hasta demostrar que jamás he cometido delito alguno. Esta injusticia la combatiré con la verdad, que es lo único que tengo en este momento para defender mi inocencia".

Hace algunas semanas, la fiscalía confirmó que indaga a Longueira por presunto cohecho. Dicho anuncio ocurrió poco después de conocerse un correo electrónico en el que el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, le enviaba al entonces senador un correo electrónico en el que proponía una redacción a un artículo de la ley del Royalty minero que se dictó en 2010 para financiar la reconstrucción tras el terremoto de ese año. El texto final del artículo era casi idéntico al contenido de ese correo electrónico, lo que desató criticas en diversos sectores políticos. Longueira fue defendido por la UDI, partido al que renunció recientemente.

Carolina Collins

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch se refirió ayer a la indicación aprobada por el Senado la semana pasada, que busca sancionar penalmente a las filtraciones que se produzcan en una investigación judicial y sostuvo que esa normativa sería un retroceso en el sistema procesal penal actual.

"Me parece que habría que estudiarlo bastante porque es una especie de vuelta al secreto de sumario o algo parecido", afirmó ayer el presidente del máximo tribunal sobre la norma que establece 541 días de presidio por ese tipo de acciones.

"De todas maneras, me da la impresión de que si se trata de una norma que va a impedir la publicidad -cosa que si bien es cierto en la actual ley existe una forma de control- va a influir en la organización de los tribunales de justicia", agregó.

Dolmestch señaló que "es muy probable que deba pedirse informe a la Corte Suprema" para que se pronuncie al respecto.

"Puede ser cierto lo que se dice de que el acto de la formalización o el acto de la publicidad (de las causas) pudiera acarrear o sea una forma de empañar la imagen de cierta persona, pero de ahí a sancionar penalmente a quienes incumplan aquello, me llama la atención", ahondó.

Al ser consultado respecto de si había oportunismo, Dolmestch sostuvo que se trata de "facultades del Parlamento", añadiendo que "en Chile siempre se ha legislado en caliente".

Burgos reconoce firma

La norma fue ingresada con la firma del ministro del Interior Jorge Burgos en enero, cuando oficiaba de vicepresidente, y según detalló a La Segunda ayer el diputado Felipe Harboe, la indicación se hizo a petición del Ministerio Público y por recomendación de parlamentarios en el marco de la tramitación de la Agenda Corta Antidelincuencia.

Consultado al respecto, Burgos reconoció que él firmó la norma del Gobierno. "Yo firme la indicación e incluso creo que lo hice como vicepresidente, porque fue en un periodo en que la Presidenta estaba en el extranjero en alguna reunión internacional", dijo.

El jefe de gabinete explicó que el tema surgió en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, donde se planteó "la necesidad de que hubiera una norma que asegurara el secreto de las investigaciones, en el periodo que son secretas".

Burgos agregó que "no se ha creado ahora una norma que hable del secreto de la investigaciones, salvo para los intervinientes y el imputado por cierto. Lo que se ha puesto fue una norma de sanción para quien no guarde ese secreto, eso es lo que se ha hecho".

Sobre el debate desatado por la normativa, Burgos dijo que "siempre habrá apertura para rediscutirlo, de parte del Ejecutivo no hay inconveniente".

"(sin filtraciones) La Agenda de Probidad no habría avanzado de igual forma".

Eduardo Engel Consejo asesor anticorrupción.

A 21 kilómetros al sureste de Puerto Octay se registró ayer un movimiento telúrico, de magnitud. Se trató de un temblor registrado a las 16.38 horas de ayer, a 85 kilómetros de profundidad en el lago Llanquihue, entre los volcanes Osorno y Calbuco.

Alejandro Vergés, director regional de la Onemi, explicó que se hizo un monitoreo y la gente no lo percibió en la zona del radio donde ocurrió el sismo.

"Existe una cierta inquietud de la gente, pero es una zona que está monitoreada, que está con sensores directos e indirectos, varios en el volcán Calbuco", aseveró la autoridad regional.