Son alrededor de 50 familias de las localidades de Río Blanco y Lago Chapo, que están viviendo en Puerto Montt, las que no han recibido el bono de arriendo hace dos meses.

Se trata de las familias desplazadas por la erupción del Volcán Calbuco, emergencia que está por cumplir un año.

Los grupos familiares afectados por esta situación, tras la erupción del 22 de abril de 2015, debieron dejar sus hogares en las faldas del macizo, por el riesgo que sean afectados por lahares.

La situación es compleja, porque tras dejar sus propiedades, la producción es mínima, y han debido sobrevivir realizando algunos trabajos esporádicos. Hasta el momento, se les adeudan los meses de enero y febrero por el concepto de bono de arriendo.

"Nos adeudan el bono de arriendo o acogida del mes de enero y febrero, y vamos para marzo, y no hay ninguna posibilidad. Son varios los vecinos de Río Blanco que están con el mismo problema", relató Nancy Belmar, quien no ha podido retornar a su domicilio.

Iris Jaramillo, del sector de Río Blanco, dijo que junto a su familia estaban de allegados. "Nos arreglamos entregando lo que podemos, pero se sabe que quienes están más complicados son los que están arrendando", dijo.

Para Iris, el problema es que las autoridades dicen distintas cosas, pero les prohíben retornar a sus hogares. "Nos hacen esperar demasiado y no entregan ninguna respuesta, pese que al principio cuando ocurrió la erupción nos prometieron muchas cosas; y así como está todo, parece que se burlaran de la gente", añadió.

Juan Barría, presidente de la junta de vecinos de Río Blanco, dijo que en la Intendencia le han dicho que los presupuestos están aprobados para estos pagos. "Hemos realizado las gestiones con las autoridades, para que se regularice esta situación, por lo que esperamos una pronta respuesta", dijo. Para el dirigente es necesario reactivar la mesa de diálogo, para tener más claridad respecto al futuro de los vecinos.

Con un acto cultura y posterior velatón, hoy en la tarde se va a recordar en el sector alto de Puerto Montt la llamada "matanza de Pampa Irigoin", zona donde en la actualidad convergen varios sectores poblacionales.

El hecho histórico ocurrido en 1969 es uno de los más recordados en la capital regional, y son 47 años desde la muerte de nueve personas.

El acto cultural y velatón está programado para las 19 horas en la esquina de las calles Las Acacias con Esmeralda en población Manuel Rodríguez, y es organizado por el Comité Herencia Digna.

Hogares

En marzo de 1969, cerca de 90 familias de escasos recursos, apoyadas por el entonces diputado electo y regidor del Partido Socialista, Luis Espinoza, ocuparon un terreno en el sector llamado Pampa Irigoin en Puerto Montt, con la intención de obtener una expropiación legal por no uso de la tierra, posible en la legislación chilena de aquel entonces y poder construir allí sus futuros hogares. La historia señala que la toma transcurrió de forma tranquila y pacífica, y no existió una acción inmediata por parte de Carabineros.

Las negociaciones transcurrieron con normalidad durante cuatro días, sin señas por parte del gobierno de que se realizaría un desalojo.

Sin embargo, en el quinto día de ocupación, y una vez que el contingente policial hubo recibido refuerzos de otras prefecturas, la cantidad de ocupantes sobrepasaba los 400 pobladores, la policía ingresó en el lugar, con el objetivo de poner fin a la toma. El desalojo se realizó por la madrugada, confiando en encontrar a los ocupantes dormidos y poner fin a la ocupación sin resistencia. Pero los improvisados sistemas de alarma, latas atadas con alambre a baja altura, que los ocupantes habían instalado, les permitieron reaccionar armados con palos y piedras. La policía respondió haciendo uso de carabinas y gases lacrimógenos, causando la muerte de nueve pobladores y dejando cerca de 50 heridos entre los ocupantes. Resultaron lesionados 23 carabineros.

Marcelo Galindo Gallardo

Para el lunes 21 de marzo a las 8.30 horas, fue programada la audiencia del Tribunal de Garantía de Puerto Varas para ver la competencia del juzgado en el caso Haeger, que mantiene como imputados a Jaime Anguita Medel (58 años) y José Pérez Mancilla (51 años), ambos en prisión preventiva en el penal de Alto Bonito.

La competencia del Juzgado de Garantía de Puerto Varas fue lo primero que adujo el ex abogado de Anguita, Jorge Vásquez. Ello por el "principio del delito" que habría ocurrido en Puerto Montt en el año 2010, antes del asesinato de María Viviana Haeger Masse (42 años).

Los nuevos abogados del ingeniero civil, Matías Künsemüller Solé y Jorge Ponce Amar, solicitaron la audiencia para pedir la incompetencia del tribunal de garantía, lo que será discutido el 21 de marzo, con todos los intervinientes; entre ellos, los defensores de ambos imputados, la Fiscalía y la parte querellante.

Se trata de la primera audiencia después de la formalización, por el delito de homicidio y parricidio, el viernes 11 de diciembre pasado.

Jaime Anguita fue detenido el 8 de diciembre, después que el presunto sicario (José Pérez) lo involucrara como el autor intelectual de la asesinato de la contadora.

Tras ello, el abogado de Anguita, Jorge Vásquez, decidió renunciar, y el lunes 11 de enero el ingeniero presentó en los tribunales la renuncia de quien había sido su abogado por más de 5 años y medio.

Ese mismo día, se presentó el documento en el Juzgado de Garantía de Puerto Varas, dando cuenta que los abogados penalistas de Santiago, Matías Künsemüller y Jorge Ponce asumían la defensa.

Ejecución

Para el abogado querellante que representa a Delia Masse, madre de Viviana Haeger, Sergio Coronado, es una situación evidente que el delito se cometió en Puerto Varas.

"Los abogados defensores deben entender que en la carpeta hay antecedentes de que habría un principio de ejecución del delito en Puerto Montt y no en Puerto Varas. Esto se refiere a lo relativo a la primera reunión en la cual Jaime Anguita le propone a José Pérez la ejecución del homicidio de Viviana Haeger", aseveró.

El ex fiscal explicó que en lo relativo al principio de ejecución cuando existió el primer contacto (entre imputados) "todavía no ha sido despejado, porque hay diligencias pendientes, y para ello se está investigando en relación a las comunicaciones telefónicas entre ambos imputados", anotó.

Para Coronado, "no debería prosperar esta solicitud, considerando que el juzgado conoce la causa; no tiene perjuicio para la defensa, el juzgado da plena garantía de imparcialidad respecto a la causa".

El abogado agregó que aún está pendiente "lo relativo a las pericias psicológicas y psiquiátricas que están por realizarse en este mes, sumado al informe complementario de la doctora Vivian Bustos y de la PDI".

De acuerdo al querellante, se trata de diligencias complementarias a la reconstitución de escena y a todo el período previo a la detención de José Pérez y Jaime Anguita.