La Corte de Apelaciones de Puerto Montt determinó no dejar en libertad a los dos ex oficiales procesados por el ex ministro Leopoldo Vera, y por lo cual deberán seguir en prisión preventiva.

Se trata de los funcionarios en retiro de Carabineros y la Policía de Investigaciones Carlos Tapia Galleguillos y Roberto Díaz Moya, quienes desempeñaron funciones de inteligencia al interior de Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) de Puerto Montt, unidad que comenzó a operar a partir del Golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena.

La defensa de ambos procesados por el caso de secuestro, detención ilegal y torturas en el ex cuartel de la PDI en calle Serena en el centro de Puerto Montt, había apelado solicitando la libertad, lo que fue negado por el tribunal de alzada tras los alegatos llevados a adelante el sábado pasado.

El abogado Nofal Abud quien defiende a una de las 19 víctimas torturadas en el ex cuartel de la Policía de Investigaciones (José Teodomiro Vargas Niello) estuvo en los alegatos.

"Es una determinación importante que refuerza lo que ha dicho José Vargas, quien es una de las varias personas que fueron sometidas a estos vejámenes en el ex cuartel de la PDI", acotó Abud.

Entre los que figuran que fueron sometidos a torturas en este emblemático lugar utilizado en tiempo de Dictadura, se encuentran José Árgel, Juan Leonhardt, Paulo Anderson y Saul Espinoza Villalobos, entre otras víctimas.

Marcelo Galindo Gallardo

Lo que están viviendo las 170 familias residentes de la pequeña localidad de Parga en Fresia, está muy cerca de una alerta sanitaria.

Todo el sistema de alcantarillado se encuentra en mal estado, y la planta de tratamiento que se intentó levantar hace una década, no está en funcionamiento, porque la empresa que ejecutaba estos trabajos quebró, y la obra quedó inconclusa.

La situación que viven alrededor de 600 personas a 13 kilómetros de Fresia y aproximadamente a 80 kilómetros al poniente de Puerto Montt es tan dramática, que vecinos que han vivido toda su vida en esta zona, decidieron vender sus propiedades y alejarse de la localidad.

"Aquí no se pueden abrir las puertas y menos las ventanas porque el mal olor inunda toda la casa", relató Luis Díaz quien es el encargado del aseo en las calles de Parga.

Ingrid Vargas dijo que decidió desconectar varios servicios de la casa del sistema de alcantarillado. "Sólo permanece el baño con conexión, porque el mal olor que retorna desde las tuberías es insoportable", anotó. Sin ningún tipo de tratamiento, las aguas servidas decantan directamente al Río Llico que se junta con el Río Parga.

Bote

Eduardo Mancilla compró su propiedad a orilla del río en 1974, pero en los últimos 10 años ha vivido una verdadera pesadilla.

"Acá el río tiene una crecida durante dos o tres veces en el invierno. No fuera nada que el agua llegara a mi casa, pero arrastra todas las descargas de las casas y no sólo es agua sino que está mezclado con todo lo que sale del baño. Acá me han venido a sacar en bote los Bomberos", aseveró.

Don Eduardo y su esposa se van de Parga en un par de semanas más a vivir con una hija.

Para el diputado Espinoza acá hay un problema que se acerca a una alerta sanitaria para un poblado completo. "Aquí los vecinos viven en condiciones inaceptables, donde hay habitantes que están vendiendo sus propiedades producto de los malos olores y constante rebalse de las aguas servidas en sus patios. Amerita una preocupación mayor de todas las autoridades desde las locales a las regionales", indicó.

Mensaje a intendente

El parlamentario dijo que la Presidenta Michelle Bachelet ha sido clara en su mensaje al país y en el mandato a las autoridades. "Este tipo de problemas se deben solucionar con rapidez, y por ello quiero hacer un llamado público al señor intendente (Leonardo de la Prida) para que por favor visite la localidad de Parga y pueda ver en terreno la realidad de la que estamos hablando que es lamentable para nuestra gente", manifestó.