En los últimos días de enero, el Gobierno convocó a parlamentarios de la Nueva Mayoría junto al Ministerio de Economía y a la Subsecretaría de Pesca, a la primera de una serie de reuniones con el propósito de trabajar en la modificación de la actual legislación pesquera nacional.

La proposición presentada por un grupo de diputados para anular la Ley de Pesca -que resulta poco probable en tanto implicaría dejar al país sin regulación en materia- ha permitido, sin embargo, reentablar con la debida urgencia el debate sobre la necesidad de contar con una legislación justa, eficiente y elaborada con transparencia.

Hoy, la opción que parece más viable es la de revisar y modificar. Así, precisamente, lo manifestamos en julio de 2015, junto a las senadoras Carolina Goic y Adriana Muñoz, a través de la presentación de una moción para modificar la Ley de Pesca. Lo hicimos porque creemos que la legislación vigente requiere profundas modificaciones, no sólo por el cuestionamiento a su legitimidad, sino también porque ha demostrado ser una ley insuficiente para proteger y cautelar el patrimonio pesquero del país.

Esta moción fue aprobada en la Comisión de Pesca y ahora debe ser discutida en la sala, donde esperamos que se enriquezca y perfeccione. Hay sectores de la pesca artesanal que están totalmente de acuerdo con las modificaciones que hemos propuesto -incluido un sistema de licitaciones más equitativo, competitivo y de mayor rentabilidad para el Estado-, otros las apoyan parcialmente y hay un sector de la industria que rechaza cualquier cambio, pues en las debilidades de la actual legislación hay un espacio de comodidad para que unos pocos hagan buenos negocios. Esas discrepancias deberán ser zanjadas en el trámite del proyecto.

Lo que resulta fundamental para el país, es que la ley de Pesca que exprese de modo claro y decidido el carácter público de los recursos del mar -que hoy no está explicitado en el texto vigente-, que asegure la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos -terminando por ejemplo de manera definitiva con la pesca de arrastre-, que evite que las principales pesquerías queden en mano de unas pocas empresas y que mejore sustantivamente la participación de la pesca artesanal.

El estudio encargado a la FAO -que en un principio se planteó como la solución definitiva al problema- es un paso importante, pero no puede ser el único. La Ley de Pesca debe discutirse en el Congreso- Y debe hacer con calidad, con participación y con transparencia.

Rabindranath Quinteros

Senador por la Región de Los Lagos