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En prisión quedó el constructor que intentó quemar a su esposa

FORMALIZADO. Tribunal de Garantía decretó 120 días para el cierre de la investigación. Fiscalía formuló cargos por tres delitos, entre ellos femicidio tentado.
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Marcelo Galindo Gallardo

Después de una hora y 20 minutos de audiencia, el juez de garantía Daniel Holzmann-Wieizmann decretó la prisión preventiva del constructor que intentó quemar a su esposa y su casa en un hecho ocurrido el miércoles en la madrugada en Valle Volcanes.

El suceso motivó un intenso operativo que se extendió desde la medianoche hasta cerca de las 3 horas.

El fiscal Narciso García formuló cargos por tres delitos contra Sergio Alberto Zambrano Santana (43 años). Femicidio e incendio en calidad de tentado y amenazas contra Carabineros. Durante la audiencia el persecutor dio a conocer la dinámica con que ocurrieron los hechos en calle Choshuenco en Valle Volcanes, y confirmó que el arma utilizada por el imputado para amenazar a Carabineros era de aire comprimido.

También a través de peritajes preliminares realizados por Carabineros del Labocar se estableció que el líquido esparcido por Zambrano Santana en el suelo de su domicilio y sobre su cónyuge era inflamable.

Período

El fiscal Narciso García comentó que el plazo de 120 días para el cierre de la investigación va a permitir establecer cuál es exactamente el líquido inflamable utilizado.

"Compartimos la resolución del tribunal que acogió nuestra petición de prisión preventiva, más si se trata de una de nuestras línea de persecución penal compartidas por la fiscalía regional y local, y que ha tomado como una bandera de lucha para este período lo que es la violencia intrafamiliar", anotó. Para el persecutor, "esta es una situación grave y compleja que afectado no sólo a la víctima directa sino que a todo el grupo familiar".

En la audiencia se dio a conocer que fue la cuñada del imputado quien evito que este encendiera fuego.

Silvana Schafer defensora penal que representa al imputado se refirió a la millonaria deuda que mantendría el constructor, y que la idea era quitarse la vida, y no afectar a su familia. La abogada también se refirió al principio de ejecución y agregó que iba a solicitar diligencias investigativas para cuestionar lo señalado por el Ministerio Público.

"Aquí se está forzando la norma por parte del Ministerio Público y se formaliza por dos delitos con concepto de tentado y no es más lo que señalamos y lo que paso es que mi representado se vio superado por las deudas, tiene alrededor de 200 o 300 millones de pesos que debe y en ese contexto quiso atentar contra su vida, pero jamás contra la vida de sus hijos y su señora", adujo.

El magistrado Daniel Holzmann-Wieizmann junto con decretar la prisión preventiva, debido al riesgo que significa para la víctima que se encuentre en libertad, también se refirió a los alegatos.

"No se puede minimizar el ciclo de la violencia infrafamiliar, especialmente cuando este delito ha tomado tantos casos en el país, terminando el ciclo en femicidio", acentúo.

El Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) presentó una querella representando a la víctima. El abogado Marcelo Urra dijo que si no es por la hermana de la víctima "ella hubiese resultado quemada y hasta probablemente muerta", manifestó.

La oficina de derechos de del niño del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Puerto Montt evaluará la situación de los dos niños.

Pamela Soto directora regional consideró lo ocurrido como un hecho de extrema violencia y gravedad.

"Vamos a actuar a favor de los derechos de los dos niños. Nuestra oficina de protección de derechos tomará contacto con la madre para levantar un diagnóstico del daño sufrido por los niños. A partir de ahí se iniciará el proceso de reparación con sicólogos y de ser necesario iniciaremos también acciones ante los tribunales para solicitar las cautelares que permitan protegerlos".

Imputado por crimen en Pob. O'Higgins cumplía una condena perpetua

INVESTIGACIÓN. Juzgado de Garantía determinó la prisión preventiva.
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Hace tres años que el imputado por el crimen ocurrido el jueves en la madrugada en la población Bernardo O'Higgins de Puerto Montt que estaba en libertad condicional, producto de una condena perpetua que estaba cumpliendo en el Penal de Alto Bonito.

Segundo Rosauro Mancilla Andrade (56 años) fue condenado a cadena perpetua el 10 de junio de 1986 y logró su libertad condicional el 29 de abril del 2013.

Mancilla Andrade fue formalizado ayer en el Juzgado de Garantía por los delitos de homicidio simple y lesiones, quedando en prisión preventiva.

En el mismo tribunal se decretó un plazo para la investigación de 90 días.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 horas del miércoles pasado, cuando el imputado se dirigía junto a un amigo hacia su domicilio.

El imputado discutió con un grupo de jóvenes en la calle Frontera fue a su domicilio y retornó con un cuchillo con el cual dio muerte a Francisco Miranda Miranda (19 años) y provocó lesiones de mediana gravedad a Percy Muñoz (28 años) quien debió ser internado en el Hospital de Puerto Montt.

La fiscal Miriam Pérez indicó que se formalizó por los delitos de homicidio simple y lesiones.

"Se verificó una situación de libertad condicional en la que estaba el imputado. Se refería a una condena de presidio perpetuo desde el año 1986 y hace tres años que estaba en libertad condicional", explicó.

La defensora penal Carol Munzenmayer dijo que existe un contexto en que ocurren los hechos. "Esta persona estaba volviendo a su hogar, estaba con el beneficio de libertad condicional, no había tenido problemas, y lo que hace pensar que efectivamente se estaba reinsertando", adujo.

La abogada agregó que "había un grupo de jóvenes que estaba en la vía pública en la madrugada en estado etílico, lo provocan, le quitan la caja de vino que llevaba, le quieren quitar el dinero, y ello hace que reaccione de esa forma. No es que la persona llega y mata a otra. Él se ve amenazado y quizás la reacción no fue la adecuada, pero le quieren quitar las cosas", explicó.

Para la defensora es necesario que se reúnan más antecedentes para determinar si hubo una intención de matar o defenderse.

Procesan a presuntos implicados en hechos de tortura en ex cuartel de la PDI

1973. Entre las víctimas figuran el arquitecto y académico de Puerto Montt Juan Leonhardt y el hermano del ex diputado Luis Espinoza, Saúl Sergio Espinoza.
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Varios ex oficiales del Ejército, Carabineros y de la Policía de Investigaciones fueron sometidos a proceso en Puerto Montt imputados por secuestro, detención ilegal y torturas; hechos registrados con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, tras el Golpe de Estado.

Fue el ministro en visita para causas de violaciones de derechos humanos de la Corte de Apelaciones Leopoldo Vera quien sometió a proceso a los oficiales en retiro, por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestros, detención ilegal y aplicación de tormentos, ilícitos perpetrados en contra de 19 víctimas en el ex cuartel de la PDI en calle Serena 60. El ministro, sometió a proceso a Eugenio Covarrubias Valenzuela, Carlos Tapia Galleguillos y Roberto Díaz Moya, quienes desempeñaron funciones de inteligencia al interior de Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) de Puerto Montt, unidad que comenzó a operar a partir del 11 de septiembre de 1973 en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena.

El ministro Vera logró acreditar en la etapa de investigación que "integrantes de las Fuerzas Armadas -en algunos casos con orden emanada de la Fiscalía Militar en tiempo de guerra y en otros sin orden alguna- detuvieron a cientos de personas que en los días inmediatamente posteriores al 11 de septiembre del '73 fueron trasladadas a dependencias del Regimiento Sangra, pero después, a medida que las detenciones aumentaron, fueron ingresadas directamente a los calabozos del cuartel de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt".

Entre los detenidos figuraban Juan Guillermo Leonhardt Catalán, Paulo Hernán Anderson Muñoz, José Alfredo Argel Marilicán y Saúl Sergio Espinoza Villalobos, entre otros.