Carolina Collins

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, confirmó ayer que la Contraloría General de la República aprobó el decreto que, en el marco de la ley de Inclusión, establece en qué pueden ocupar los recursos públicos los sostenedores de colegios subvencionados.

Esto a raíz de que el martes 1 de marzo entra en vigencia la ley de inclusión, que entre otros aspectos, prohibe el lucro en los colegios, lo que implica que los sostenedores de establecimientos subvencionados por el Estado ya no podrán retirar utilidades y solamente las podrán reinvertir en cosas que tengan fines educativos.

"Contraloría aprobó uno de los decretos muy importantes, sobre cuál es el uso educativo de los recursos públicos; se va a publicar entre hoy y el jueves, por tanto ya es y así va a ser", afirmó la secretaria de Estado.

La titular de Educación enfatizó que con esta resolución de la Contraloría, "los recursos que van a recibir los colegios de parte del Estado, sea el bono SEP y gratuidad, se podrán utilizar sólo en aspectos educativos como contratar a profesores, tomar talleres, equipar los colegios".

Delpiano manifestó que, a pesar de que el lucro aún va a estar vigente durante este año y hasta 2017, la aprobación de este decreto se traduce en que este año "no se puede echar esa plata al bolsillo nadie".

La ley de Inclusión establece que todos los colegios que reciban fondos públicos deberán reinventir sus utilidades con fines educativos, entre los que se cuentan la contratación de personal docente, arreglos y mantención en el inmueble e insumos para la gestión educativa, entre otros.

Los frutos de la reforma

La Presidenta Michelle Bachelet volvió a encabezar una actividad del área educación junto a la ministra Delpiano.

Durante la inauguración de un jardín infantil y sala cuna en la comuna de Huechuraba, en Santiago, la Mandataria se refirió a la importancia de la entrada en vigencia de la ley de inclusión.

Bachelet sostuvo que 2016 es "un año muy importante para la educación, porque la reforma ya está mostrando sus frutos".

Asimismo destacó la importancia de la educación pre escolar y manifestó que "es a esta edad, entre los tres meses y los cuatro años como aquí, donde podemos sembrar las semillas que verdaderamente dan buenos frutos". Y enfatizó que "a lo largo del país, estamos poniendo toda la energía en garantizar calidad e inclusión desde la cuna hasta el nivel superior".

"Los recursos que van a recibir los colegios de parte del Estado, se podrán utilizar sólo en aspectos educativos".

Adriana Delpiano Ministra de Educación.

"2016 es un año muy importante para la educación, porque la reforma ya está mostrando sus frutos". Michelle Bachelet Presidenta de la República.

El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien encabeza la investigación del caso SQM, sostuvo ayer en entrevista con radio Bío-Bío que el Ministerio Público está abierto a negociar con los involucrados y lograr terminar algunas de las causas a través de procedimientos abreviados.

El persecutor asimismo, aseguró que la investigación no está sesgada políticamente y manifestó que ésta debe extender su plazo.

Esto porque el martes recién pasado finalizó la ampliación al plazo que había sido otorgado por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Por eso, el fiscal confirmó que se le pidió un nuevo aplazamiento para realizar nuevas diligencias, que no detallará hasta el próximo 9 de marzo, cuando se lleve a cabo la formalización del ex senador Carlos Ominami, y el ex gerente de SQM, Patricio Contesse.

Según detalló Gómez a dicho medio, está considerando llegar a procedimientos abreviados en aquellos casos de personas que tuvieron una vinculación marginal en el caso.

Esta salida es habitual en este tipo de procesos, cuando se trata de delitos que son penados con menos de cinco años de cárcel efectiva.

Gómez señaló incluso que "se han fijado ciertos criterios que de aplicarse en personas que han tenido una participación marginal, no vemos ningún inconveniente".

El persecutor indicó que es importante que las defensas de los acusados se muestren dispuestos a llegar a este tipo de acuerdos.

El fiscal a cargo del caso negó que exista sesgo político en la investigación, aseverando que "que pertenezca a un partido político nos da lo mismo".

5 años o menos de pena efectiva arriesgan varios de los investigados, por lo que se llegaría a acuerdos.

Cristián Leay, el presidente de la fundación Chile Justo, que fue creada por el ex senador de la UDI Pablo Longueira, negó ayer que haya existido dineros destinados a financiar irregularmente campañas políticas, a propósito de la investigación que ha vinculado al ex ministro en el caso SQM.

La fundación se ha convertido en foco de atención luego de que se revelara que el Ministerio Público le envió antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII), por presuntos delitos tributarios, de dos personas que emitieron boletas a diversas empresas por servicios no prestados, cuyo destinatario final era la fundación fundada por Longueira y que es presidida por Leay desde que asumió como ministro en del ex Presidente Sebastián Piñera 2011.

El viernes pasado la revista Qué Pasa publicó que la fundación generaba muy poca información pública y no detallaba sus productos.

Cristián Leay, ingeniero y miembro del directorio de TVN, dijo a La Segunda ayer al ser consultado respecto a si se trata de una fundación "fantasma", que él tiene mayor conocimiento del área web que maneja la fundación, puesto que a él le ofrecieron "una colaboración" porque él trabaja en minería en el norte.

El profesional señaló que "los ingresos (de la fundación) nunca tuvieron relación con ninguna otra cosa que no fueran los aportes que legalmente se puede dar a las fundaciones", sin detallar quiénes y por qué montos.

"Quienes aportan lo hacen de manera legal, con certificado de la fundación. Eso está establecido por ley", dijo.

Al ser consultado respecto de si hubo dineros destinados a financiar campañas políticas, Leay sostuvo que "jamás, que yo haya sabido, hubo platas para campañas". Asimismo negó que hubieran existido sobresueldos para políticos.

El ingeniero asimismo rechazó que la fundación haya tenido relación con actividades relacionadas a la política y volvió a negar que hubiera ingresos ilegales. "¿Hubo ingresos distintos a los legales? No. ¿Hubo aportes a campañas desde la fundación? Jamás. ¿Sobresueldos para no sé qué diablos? Tampoco. No hay platas políticas", enfatizó al vespertino.