Una demora en los trámites administrativos ha impedido que comience a operar el nuevo contrato de concesión para el transbordo en el Estuario del Reloncaví, punto de conexión entre las provincias de Llanquihue y Palena a través de Ruta 7.

El nuevo servicio, que considera una frecuencia de transbordadores cada 30 minutos entre caleta La Arena y Puelche, y que dispone de una nave para la navegación nocturna que asegure el paso del estuario las 24 hora, ya está adjudicado por parte del Ministerio de Transportes y debió haber comenzado a operar en enero.

"Tenemos la naves disponibles para iniciar el nuevo contrato, el que ya nos hemos adjudicado con a través del Consorcio Transportes del Estuario, pero que aún no entra en operaciones a la espera de que finalice un proceso administrativo al interior del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones", informó Rodrigo Pacheco, gerente general de Naviera Puelche y de Consorcio Transportes del Estuario.

El ejecutivo aclaró que el contrato vigente exige frecuencias de embarque de 45 minutos en La Arena y en Puelche, lo que como empresa asegura han cumplido. "Ante el aumento de demanda en el hemos reforzado por iniciativa propia el servicio con una cuarta nave de apoyo. El agregar esta cuarta barcaza es una gestión de nuestro consorcio, sin recibir subsidios extras por parte del Estado", dijo.

Para el gerente general de Naviera Puelche y de Consorcio Transportes del Estuario, los plazos fijados en un principio por las autoridades "no se ajustaron a la demora de los procesos administrativos de una licitación de estas características, la que de acuerdo a los plazos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debió haber estado operando en enero, para la temporada alta de turismo".

Por su parte, el seremi de Transportes de la Región de Los Lagos, Enrique Cárdenas, indicó que "efectivamente existe una demora administrativa, pero no es atribuible al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sino que a la empresa adjudicataria, ya a que debieron constituir una nueva sociedad para formalizar el contrato de concesión y a la vez reemplazar boletas de garantía entregadas".

Con el testimonio de una veintena de testigos y peritos, ayer se inició en el Tribunal Oral en Lo Penal de Puerto Montt, el juicio por el primer caso de Ley Emilia que se registró en la zona y que cobró la vida de Marciano del Carmen Zúñiga Soto (61 años de edad) quien murió tras ser atropellado en la Ruta 7, aparentemente por su sobrino.

El hecho se registró la cerca de las 5 de la madrugada del 19 de septiembre de 2014 en el sector de Chaicas, kilómetro 25 de la Carretera Austral, y a menos de tres días de la entrada en vigencia de la modificación a la Ley del Tránsito, respecto al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves, gravísimas o, con resultado de muerte, más conocida como Ley Emilia.

De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, el imputado de 37 años de edad, identificado por las iniciales L.H.Z. (luego que el tribunal prohibiera divulgar su nombre y la imagen de su rostro), "es autor de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, tras lo cual se da a la fuga y se entrega tres días después en una unidad de Carabineros", explicó el fiscal Jaime Rojas.

A juicio del persecutor, este hecho "dificulta el caso, ya que al momento de entregarse la alcoholemia arrojaría un resultado negativo. No obstante ello, se han presentado testigos que vieron al acusado bebiendo alcohol en las ramadas de Fiestas Patrias del sector Chaicas; esto también es confirmado por el acusado quien confiesa su ingesta de bebidas alcohólicas pero en un nivel menor".

Daños en el vehículo

Dentro de los antecedentes expuestos durante la jornada, está la declaración de Carabineros, las imágenes de los daños del vehículo que fue encontrado en un taller mecánico, y del parabrisas retirado del móvil, el que resultó destrozado tras impactar a un peatón.

Para el ministerio público existen dos delitos en el caso, el de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y el de darse a la fuga sin dar cuenta a la autoridad, por lo que está solicitando penas privativas de libertad, la inhabilitación perpetua para conducir y el comiso del vehículo.

Por su parte, la defensa, en manos del abogado penalista privado Andrés Firmani, sostiene que este es un "mal llamado primer caso de ley Emilia en Puerto Montt", ya que la prueba expuesta es contradictoria.

"Sostenemos que la acusación presentada por la Fiscalía, de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, es imposible de probar ya que no hay una prueba técnica como lo es la alcoholemia. Lo que existe, y está documentado por informe de la Siat, es la víctima que se expone indebidamente al riesgo al cruzar en estado de ebriedad por un lugar no habilitado", dijo el profesional.

Familia divida

El caso divide a la familia. Juana Hernández Zúñiga, hermana del acusado (y sobrina de la víctima), asegura que "mi hermano es inocente, ya que fue otro el vehículo que atropelló y dio muerte a mi tío, un auto de color rojo". Fidelia Soto, esposa de la víctima, señala que "esto separó a la familia, pero él debe pagar por lo que hizo".

61 años tenía la víctima que murió tras ser arrollada por un automóvil el 19 de septiembre de 2014.

3 días después del accidente, se entregó el presunto autor del atropello ante Carabineros.