El pronunciamiento de la Contraloría Regional de Los Lagos, solicitó la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), frente a la autorización otorgada a una empresa de la Región del Biobío, para que capture cuota de jurel, transferida mediante la Organización Regional de Pesca (ORP) del Pacífico Sur.

La presidenta de la Conapach, Zoila Bustamante, ingresó el escrito en compañía del diputado PS, Fidel Espinoza.

"Hablamos de sustentabilidad, pero la mandan a las pailas cuando traen pescado (cuotas) del extranjero, para pescarlo dentro de nuestra Zona (Económica Exclusiva)", reclamó la dirigenta.

Expuso que hay un riesgo mayor para esa especie, ya que "pueden pescar con cerco, con arrastre, con lo que quieran. Y pueden recorrer el país pescando esta cuota", advirtió.

Reclamó que el accionar del sector artesanal está restringido y que disponen de cuotas menores, pero que hay un contrasentido al permitir la captura del recurso en base a cuotas transferidas desde el extranjero, lo que además favorece a la empresa que la compra, ya que al hacerlo aumenta también su cuota de captura.

Postuló, de mantener ese sistema, que la captura se realice fuera de la Zona Económica Exclusiva de 200 millas marinas. Dijo esperar que una declaración en tal sentido, surja de la reunión de la ORP del Pacífico Sur que por estos días tiene lugar en Valdivia.

Labor del estado

El diputado Espinoza planteó que esperan que la Contraloría Regional emita un rápido pronunciamiento, "que señale que debe ser labor del propio Estado proteger las especies".

Precisó que ello debe ocurrir mediante una prohibición para "evitar que se utilicen estos mecanismos para comprar cuotas de captura en el extranjero y pescar en Chile".

Dijo que el Estado "tiene que ser consecuente y complementar sus políticas. No puede haber una aplicabilidad de protección de especies, si no se lleva a la práctica con evitar estos graves hechos, en los que empresas burlan la propia ley chilena para enriquecerse".

La Tercera Sala de la Corte Suprema dictó sentencia del recurso presentado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en el caso del Monumento Natural Lahuen Ñadi, ubicado en el sector Lagunitas de Puerto Montt, cuyo acceso fue cerrado por los habitantes del Condominio Lagunitas con la instalación de un portón mecánico.

Esta situación se genera tras el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, a través del que Conaf solicitó el libre tránsito y acceso del público para visitar esta Área Silvestre Protegida del Estado, donde se pueden apreciar a los alerces milenarios a tan sólo 15 minutos de la capital regional de Los Lagos.

La Conaf ya recibió ese documento. Al respecto, Luis Infante, director regional de la entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, puntualizó que "esta sentencia nos obliga a funcionar de la misma forma como veníamos trabajando; es decir, vamos a tener una atención al público regulada los días martes, jueves, sábado y domingo, en horarios pre establecidos".

Luis Infante puntualizó que Lahuen Ñadi es una área silvestre protegida, cuya administración está a cargo de Conaf, que se ubica al interior del Condominio Lagunitas, cuyo camino de acceso es de servidumbre de propiedad de esa entidad fiscal, "donde tenemos que cruzar por ese condominio para llegar a esta unidad", especificó.

Cierre con portón

El director regional de Conaf explicó que los habitantes de ese sector habitacional cerraron con un portón el acceso al público, el que sólo se puede abrir con un control remoto para permitir el acceso de los visitantes.

Infante subrayó que "de esta forma se nos obliga a regular el acceso" a ese monumento natural.

En esa área es posible encontrar uno de los últimos bosques de alerce, de gran importancia ecológica, científica, educativa y turística.

Más de seis mil estudiantes de colegios públicos han visitado ese monumento natural, donde reciben charlas de educación ambiental.

Cristián Alvial

Desde hace tres años, que los habitantes de Lenca viven con cortes intermitentes de agua potable. Tras ello y luego de bloquear la Carretera Austral en diciembre pasado, a modo de protesta luego de permanecer por más de 27 días sin el suministro, decidieron interponer un recurso de protección en contra del Comité de Agua Potable Rural (APR) Lenca-Chaicas.

"Imagine lo que significa para un hogar no tener agua para lavar ni para el uso del baño", comentó Alicia Fuentes, vocera de las familias afectadas, agregando que recién esta semana se restableció el agua, tras seis días sin abastecimiento.

De acuerdo con el recurso de protección, desde el 14 al 21 de enero un total de 80 familias no contaron con el recurso.

"Cuando se conformó la mesa de trabajo, asistimos con la Dirección de Obras Hidráulicas, para ver de dónde proviene el desabastecimiento y nos enteramos que el comité de APR jamás se acercó a solicitar asesoría técnica, por lo que descubrimos varias falencias. Por ejemplo, antiguamente había un sistema que permitía sacar el aire de las cañerías y eso ya no estaba. Por ende, las tuberías no funcionaban y se supone que esos proyectos se hicieron para que no tengamos los problemas que tenemos hoy", afirmó Alicia Fuentes.

Efectos

Entre las dificultades que deben afrontar, Gladys Inostroza, quien vive a 100 metros del camino, comentó que ha tenido que transportar agua por sus propios medios. "Debo trasladar los baldes todos los días y sufro de artritis. El médico me indicó que no debo cargar más de 1 kilo, pero así es la cosa. Estos baldes llenos pesan cerca de 20 kilos", relató.

Además, las personas afectadas alegan que los cortes intermitentes han afectado su calidad de vida y el emprendimiento de algunas pymes.

"Aquí hay varios vecinos quienes trabajan en turismo con cabañas y otros preparando colaciones a los visitantes. Pero, se han visto afectados, ya que no los pueden atender de la mejor forma si no hay agua", comentó Alicia, recordando que en diciembre pasado la escuela de Lenca recortó la jornada por falta de agua, al igual que la posta rural.

Para analizar el problema, los vecinos llamaron a una asamblea para el sábado 30 de enero, a las 19 horas, en la sede la junta vecinal de Lenca.

Al respecto, el tesorero del Comité, Raúl Aburto, manifestó que las críticas vienen de personas ajenas al APR. "Estamos ejecutando un proyecto presentado hace tres años para el reforzamiento de la matriz, por un monto de $73 millones. El cual debería estar terminado a fines de febrero. Esto también pasa porque en Vialidad se tardan ocho meses en firmar un documento para empezar a trabajar", afirmó Aburto, agregando que él mismo repartió agua a los vecinos.