Recientemente, el Gobierno, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere, profundizó los alcances de la Agenda de Descentralización, en una actividad que reunió a la Prensa Regional.
En la ocasión, explicitó el estado de avance de dicha agenda, que constituye la reforma política más importante de los últimos años al elegir democráticamente a los intendentes y fortalecer el vínculo con los distintos territorios.
Dicho proceso, ciertamente fortalecerá la democracia y entregará herramientas para alcanzar un mayor desarrollo, en la medida claro, que aquellos aspectos que aún son motivo de controversia se resuelvan en favor de un real empoderamiento regional y no un mero maquillaje.
En la agenda es posible advertir tres hitos claves: la elección directa de los intendentes, la transferencia de competencias y la promulgación de una ley de financiamiento regional y responsabilidad fiscal.
Respecto del primero de estos hitos es bastante evidente que es necesario, no sólo porque legitimará democráticamente el cargo, contando además con mayor autonomía; sino que permitirá darle más estabilidad (hoy los intendentes duran en promedio dos años en el puesto). En relación a las competencias, aquello es fundamental para empoderar a la autoridad y sus equipos, en base a parámetros de excelencia y no sólo de manejo político; y el tercero, apunta a contar con los recursos para impulsar el desarrollo, pero también la inversión de éstos con responsabilidad.
En aquel sentido, el proceso incluye dos grandes transformaciones que irán de la mano del éxito del mismo, como son el fortalecimiento municipal, con adecuación de plantas y entrega de competencias para por ejemplo, presentar proyectos de futuro para cada una de las comunas y no sólo subsidios para reparaciones aisladas y puntuales; y el otro gran cambio, tiene que ver con el rol que deberán jugar los consejeros regionales, quienes ya no votarán en particular los proyectos comunales y que en muchos casos responden al interés acotado de las comunas que representan, sino que ahora serán presupuestos generales, por áreas de inversión; lo que los obligará a dar una mirada regional a su trabajo.
Y quizás si el otro gran cambio que se producirá, es que la mirada de los gobiernos regionales o de los propios consejeros, ya no sólo apuntará a los Fondos de Desarrollo Regional (Fndr), sino que a los presupuestos ministeriales; lo que se traduce en una visión de largo plazo y no en el subsidio en el que se han convertido los Fndr.
Ahora, aún resta por delimitar las competencias y facultades exactas de esta figura electa versus las que tendrá esta suerte de delegado presidencial, y otras materias que deben quedar zanjadas antes del término del primer semestre, para que sea Ley de la República.