Muchas familias, cuyos hijos ingresan este año a la educación superior, encontrarán que uno de los grandes anuncios del programa de gobierno de la actual administración no les va a beneficiar en nada. Van a sentir que se jugó con sus expectativas ya que no están considerados entre quienes pueden optar a esa tan anunciada gratuidad universitaria. La realidad es que cuando el Gobierno habla de que el 50% de los estudiantes más vulnerables van a realizar sus estudios de manera gratuita, lanza a la opinión pública un mensaje con errores matemáticos y de información. Un reciente estudio realizado por la Asociación de Investigadores de Mercado, que utilizó los datos de la Encuesta Casen, arrojó que el 45,1% de los hogares chilenos está compuesto por tres o cuatro personas. Para optar a la gratuidad universitaria, las familias deben ubicarse debajo del quinto decil, en definitiva contar con un ingreso per cápita menor a los $154.166. Si con estos antecedentes realizamos el cálculo para una familia de tres integrantes (un matrimonio con un hijo ad portas de ingresar a la universidad) nos encontramos que para optar a la gratuidad el grupo familiar debe percibir ingresos por debajo de $462.498. Actualmente el sueldo mínimo se encuentra en $250.000. Es decir si ambos padres de ese joven reciben ese salario, no recibirá el beneficio. En otras palabras el reciente modelo de financiamiento de la educación superior instalado por el Gobierno no beneficia en nada a la clase media chilena, que además ha visto recargada su carga impositiva por la Reforma Tributaria. A ello se debe agregar la improvisación. Preliminarmente la promesa estrella del programa de gobierno se incluyó en una glosa presupuestaria que dura sólo un año, y que fue rechazada por el Tribunal Constitucional por discriminar arbitrariamente en función de la entidad en la que los jóvenes que realizan sus estudios. Luego el Ejecutivo presentó un proyecto de "ley corta" que fue aprobado en el Congreso tras una apresurada negociación, que marginó del beneficio a los alumnos de institutos profesionales y centros de formación técnica, que son precisamente las instituciones que forman a los estudiantes más vulnerables de nuestro país.
Por Jaime Brahm Barril,
ex intendente de la Región de Los Lagos