Para nadie es un misterio que el servicio público, y en especial la actividad política, pasa por una crisis de confianza ciudadana. Pero tampoco es menos cierto que los partidos y conglomerados son esenciales para el fortalecimiento y la continuidad de nuestro sistema democrático, que son los instrumentos que nuestra institucionalidad establece para que la ciudadanía participe y plantee sus necesidades, ideas y esperanzas.

Por ello es que el nacimiento de Chile Vamos, que se oficializó este sábado y que es impulsado por los partidos RN, UDI, PRI y Evópoli, pero que reúne, además, a independientes, es tan importante en el nuevo escenario de nuestra democracia criolla.

Fue el mismo ex Presidente Sebastián Piñera quien aseguró que Chile Vamos nace con una misión de "futuro, de convocar, de entusiasmar para construir un país mejor".

Cuando se navega en aguas turbulentas, los partidos y conglomerados políticos deben incrementar sus niveles de transparencia y democracia participativa interna, con el fin de que vuelvan a cumplir el rol de ser el catalizador de las propuestas que los ciudadanos expresan para hacer de Chile un país mejor. Hoy la misión es volver a ser entidades confiables, y como en el pasado retomar el liderazgo de las ideas y representatividad popular.

El ex Presidente Piñera dijo que "tenemos que ser capaces de ofrecerles a todos los chilenos una vida cada vez más libre, justa, próspera, con más dignidad y esa es la misión de Chile Vamos".

En definitiva, se debe apuntar a ser una oposición firme y constructiva, que sea capaz de interpretar las demandas y necesidades de la sociedad chilena, para enfrentar los desafíos que vienen más allá de los escenarios electorales, sólo así lograremos recuperar la confianza y el optimismo en el futuro.

Esta mirada también debe ser descentralizada e integradora. Debemos buscar la participación de cada chileno, sin importar en la latitud que él resida. Para ello los liderazgos regionales son claves, ya que en un contexto nacional somos los ciudadanos de regiones quienes debemos plantear nuestras inquietudes y demandas, haciendo que estas se sumen a un proyecto de unidad nacional.

Por Jaime Brahm Barril,

ex intendente de la Región de Los Lagos.

La movilización que los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (Dgac) realizaron esta semana tuvo graves consecuencias para el transporte aéreo a nivel nacional.

Los funcionarios argumentaron que la decisión de paralizar se remonta al año 1985.

Según sus dirigentes, sus derechos fueron vulnerados a raíz del paso del sistema previsional de reparto al de AFP, en el que está la mayoría de los trabajadores del país. Ello, a pesar que su labor depende de la Fuerza Aérea. En este último caso, los funcionarios militares tienen un sistema previsional propio, de reparto, con una cotización menor que la correspondiente a los civiles.

Los dirigentes de los trabajadores de la Dgac, han realizado una serie de negociaciones con el gobierno, con el fin de solucionar el conflicto.

Las conversaciones se remontan a 2008, cuando lograron formar una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Aviación del Ministerio de Defensa, que finalizó con la presentación de un proyecto de ley en 2009.

Luego, en 2014 se logró restablecer una mesa de diálogo que validara el trabajo realizado en los años anteriores, la que fue liderada por el entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos, y que concluyó en un trabajo tripartito. En éste se acordó que el 2 de julio los funcionarios debían cotizar en la caja de previsión de la Defensa Nacional, pero según los manifestantes, dicha cartera no respondió a los compromisos.

Esta última situación fue la que generó la movilización el pasado mes de septiembre. Ese paro fue superado, nuevamente, con el compromiso de levantar una nueva mesa de negociaciones, la que, tras dos meses, fracasó. Esto generó la paralización de esta semana.

Más allá de las razones para la movilización, sus efectos no afectaron directamente a ninguna de las dos partes en conflicto, sino que a terceros ajenos al problema, que una vez más asumieron las consecuencias de la imposibilidad de que empleados y empleadores lleguen a un acuerdo.