El matrimonio que masacró a 14 personas en un centro de discapacitados de San Bernardino, California (EE.UU.), disparó hasta 75 cartuchos de fusil en el ataque, dejaron tres bombas caseras vinculadas con un dispositivo de control remoto que aparentemente falló, y tenían más de 1.600 balas cuando fueron abatidos en su camioneta deportiva, detalló la policía.

En su vivienda había 12 bombas caseras, herramientas para hacer más explosivos de ese tipo, y más de tres mil cartuchos adicionales de municiones, dijo Jarrod Burguan, jefe policial, en un lúgubre inventario a la mañana siguiente de la matanza que dejó entrever que el baño de sangre del miércoles podría haber sido mucho peor.

Vestidos con ropa negra para ataques estratégicos y blandiendo fusiles de asalto, Syed Rizwan Farook, un inspector de restaurantes de 28 años, y su esposa, Tashfin Malik, de 27, abrieron fuego en el recinto poco después de que él se fue de un banquete en el que había estado participando.

Cuatro horas después y a algunos kilómetros de distancia, la pareja fue acribillada de muerte en una intensa balacera con la policía. Durante el tiroteo ambos hicieron 76 disparos, mientras que los agentes les arrojaron unas 380 balas, señaló Burguan.

Fue el tiroteo masivo más letal en el país desde la tragedia escolar en Newton, Connecticut, hace tres años, en la que fallecieron 26 niños y adultos.

Después de que el FBI asumió la investigación, las autoridades intentaban dilucidar por qué la pareja dejó atrás a su hija de seis meses y se lanzó a realizar la masacre en esta ciudad del sur de California de 214 mil habitantes.

Tomando en cuenta el armamento con que contaban, los viajes a Medio Oriente que hizo Farook y los supuestos contactos de la pareja con extremistas, tanto en EE.UU. como en el extranjero, el FBI lleva adelante una investigación de carácter antiterrorista.

El Presidente Barack Obama dijo que es "posible que esto haya estado relacionado con el terrorismo", pero las autoridades no están seguras de ello. Planteó la posibilidad de que se haya tratado de una disputa laboral o que haya habido diversos móviles.

Mabel González / Agencias

El Congreso brasileño puso ayer en marcha un complejo proceso para la posible destitución de la Presidenta Dilma Rousseff, el que estará en manos de 65 diputados de 23 partidos, quienes decidirán si la Mandataria es sometida a un juicio político.

Esos legisladores formarán la comisión especial que prevé la Constitución para juicios de esa naturaleza y determinarán si las maniobras fiscales denunciadas por la oposición y censuradas por órganos de contraloría del Estado constituyen un motivo para despojar a Rousseff del cargo para el que fue reelegida en 2014.

La comisión, según se acordó ayer, se instalará el próximo lunes y ese mismo día notificará oficialmente sobre el proceso a Rousseff, quien tendrá un plazo de diez sesiones, aún no definidas en términos de días, para presentar su defensa.

Sus alegatos y los de la parte acusadora serán debatidos durante otras cinco sesiones y luego la comisión votará el informe que preparará el diputado instructor del caso.

Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por al menos dos tercios. En caso de que los diputados lo aprueben, Rousseff deberá separarse del cargo por 180 días, plazo que tendrá el Senado para realizar el juicio político definitivo.

El proceso fue aceptado a trámite por el titular de la Cámara, Eduardo Cunha, un polémico legislador enemistado con Rousseff pese a que pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer.

El oficialismo en pleno ha puesto el grito en el cielo en defensa de Rousseff, pero en medio de las protestas sorprendió el silencio del ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su antecesor y padrino político, quien se ha limitado a compartir en redes sociales las quejas de otros sin hacer pública una opinión propia.

Cunha acogió una solicitud de cuatro partidos opositores que se fundamenta en irregularidades cometidas por el Gobierno en 2014 y 2015 en sus balances, de los que ocultó unas deudas acumuladas con la banca pública.

El jefe de los Diputados integra la lista de medio centenar de políticos salpicados por el caso Petrobras y puede perder su escaño en un juicio iniciado por esa causa en el Consejo de Ética de la Cámara baja, que ayer fue motivo de acusaciones mutuas entre el Gobierno y Cunha que agriaron aún más el clima político.

Cunha afirmó que emisarios del Gobierno buscaban un acuerdo con el cual ellos lo apoyaban en las investigaciones sobre sus supuestas implicaciones en los delitos detectados en Petrobras, a cambio de que él no aceptara que la Presidenta fuera juzgada.

Sin embargo, ayer aseguró que se negó a aceptar ese trato y acusó a Rousseff de "mentirle a la nación" cuando dijo que ella no aceptaba negociaciones.