Un inédito vuelco tuvo el juicio por el llamado caso "Municipalidad de Llanquihue", después que el Tribunal Oral en lo Penal diera a conocer la paralización del proceso que comenzó el 12 de noviembre, provocando molestia entre los intervinientes, porque la determinación conocida el viernes pasado a través del Tribunal Constitucional tiene que ser acatada.

A las 9 horas de ayer, se dio inicio al decimotercer día de juicio oral -en forma breve- por el delito de malversación de caudales públicos, entre otros, contra el suspendido alcalde de Llanquihue, Juan Fernando Vásquez; el inhabilitado concejal Fernando Acuña, el ex jefe de Finanzas Luis Saavedra y el abogado Miguel Urrutia.

El presidente de sala y del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt, Francisco Javier del Campo, dio a conocer la resolución del Tribunal Constitucional, que ordenó paralizar el juicio bajo la solicitud del alcalde de Llanquihue en orden a que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 61 de la Ley número 18 mil 695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Tras ello, cada uno de los intervinientes dio a conocer su postura sobre la medida, y llamó la atención lo señalado por la defensa de Juan Fernando Vásquez, en la que no se mostraron de acuerdo con la maniobra del suspendido jefe comunal, e incluso Juan Pablo Buono-Core y Felipe Caballero indicaron que van a revisar esta situación con su defendido esta semana. "Acatamos la resolución, pero no la compartimos. El señor Vásquez tendrá que tomar una decisión en el transcurso de la semana", aclararon.

Procedimiento

El fiscal que lleva el caso, Marco Muñoz, de Puerto Varas, explicó que la suspensión del procedimiento penal es mientras se resuelve el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Juan Fernando Vásquez y el tribunal (Oral en lo Penal) dispuso el cúmplase de esa resolución, y se mantendrá suspendido el juicio hasta nuevo aviso.

"La disposición que permite al Tribunal Constitucional de suspender el procedimiento es una disposición de carácter constitucional y está contemplada en la ley orgánica constitucional, y en consecuencia no estamos aplicando la norma de procedimiento penal en este caso", relató.

El persecutor dijo que el Ministerio Público buscará por todas las vías legales intentar revertir esta disposición del Tribunal Constitucional "en atención a que no lo compartimos en cuanto a su fundamento y lo dispuesto; por lo tanto, recurriremos a todas las instancias legales que existan y que contempla nuestro ordenamiento jurídico", afirmó.

- Fiscal, ¿este es un inesperado golpe a la Fiscalía?

- Más que golpe inesperado, es una estrategia de defensa que nosotros no compartimos.

Juicio

El presidente de sala y del Tribunal Oral en lo Penal, Francisco del Campo, aseguró que esta es una situación que no se había presentado durante el tiempo que lleva en ejercicio el tribunal "y es la primera vez que esto ha sucedido", observó.

Desde el punto de vista del funcionamiento del tribunal, el magistrado dijo que tiene su repercusión, en lo que se refiere a la organización del juicio y su agenda, "y estaba proyectado para haberlo terminado los primeros 10 días de diciembre y ahora quedamos a la expectativa de lo que pueda suceder con respecto a la reanudación y el tiempo en el cual se pueda desarrollar la parte que falta y concluir en forma definitiva el juicio", manifestó.

El magistrado explicó que, tal como se señaló en la resolución del tribunal, "se ha suspendido por las facultades que tiene el Tribunal Constitucional, y no se ha invocado norma con respecto al Código Procesal Penal, y la norma es de orden constitucional", aseguró.

En este sentido, el abogado Ciro Santiago, defensor de Luis Saavedra, se mostró confiado en que prime la buena regla procesal para estos efectos y no se anule el juicio, "por cuanto pasado 10 días la norma establece que se anula el juicio, pero en este caso considero que debería haber un receso, porque la causal de suspensión no está en las causales legales de suspensión de un juicio oral, basado en la norma del Código Procesal Penal", indicó.

Para José Miguel Devilat, abogado del concejal Fernando Acuña, la medida es un retroceso que interrumpe el desarrollo del juicio que llevaba más de 12 días de audiencias "y crea el riesgo que este juicio se anule, si la suspensión se extiende por más de 10 días, cosa que así se hará y habrá que discutir si se produce o no la nulidad del juicio", explicó.

Para el profesional, lo señalado por el Tribunal Constitucional no tendría que incidir en el desarrollo del juicio oral.

- ¿Qué pasa si se anula el juicio?

- Se tendrá que realizar un nuevo juicio oral ante los jueces no inhabilitados, con las mismas pruebas, pero no se puede volver a una etapa de preparación de juicio oral.

órgano

El abogado Felipe Caballero, defensor de Juan Fernando Vásquez, manifestó que el único que puede alzar esta suspensión es el Tribunal Constitucional, "que es un órgano autónomo, y las acciones que podamos seguir no tienen injerencia". Para el defensor hay un procedimiento en curso y plazos que están corriendo y todo está radicado en el Tribunal Constitucional y una vez que este órgano resuelva la medida de suspensión el juicio va a continuar. "Ello seguirá algún día, no sabemos cuándo, puede ser en los próximos 30 días o en los próximos meses", acotó. En cuanto a la situación de su cliente, Juan Fernando Vásquez, el abogado Juan Pablo Buono-Core señaló que es él quien tiene que tomar una decisión esta semana.

"El tema del Tribunal Constitucional lo llevan otros abogados y no nos podemos meter en ello, pero es él quien tiene que decidir y debemos conversar; pero nosotros vemos lo que es materia penal y no la arista del Tribunal Constitucional que es una determinación que tiene que él tomar con su abogado", aseveró.

Rodrigo Tejos abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), demostró incertidumbre con lo que pueda suceder e incluso si el suspendido alcalde de Llanquihue va a desistir del requerimiento en el Tribunal Constitucional. Para el profesional lo importante es que el juicio, si llegara a retomarse, sería desde lo último con toda la prueba rendida.

Tejos criticó la situación que calificó como un entorpecimiento: "Aquí hay recursos públicos comprometidos; hay tiempo y horas de personas que se han trasladado desde otras localidades, por lo que me parece que está no es la vía y el derecho a un juicio oral es de todo los imputados y él (Juan Fernando Vásquez) lo está entorpeciendo con esta acción constitucional".

12 de noviembre comenzó el juicio oral por el delito de malversación de caudales públicos en la Municipalidad de Llanquihue y que ayer fue paralizado en forma indefinida.

60 testigos y peritos estaban contemplados prestaran declaración en uno de los juicios más largos y complejos que, por ahora, está detenido por disposición del Tribunal Constitucional.

10 días es el plazo que entrega la ley penal para que un juicio permanezca suspendido,; después de ello, quedaría nulo y tendría que intervenir otra sala, con nuevos jueces y declaraciones.