Marcelo Galindo Gallardo

Estupefactos están en el Poder Judicial en Puerto Montt, por la resolución del 25 de noviembre del Tribunal Constitucional que paralizó el juicio oral del llamado caso municipio de Llanquihue y donde el suspendido alcalde Juan Fernando Vásquez es enjuiciado por malversación de caudales públicos, entre otras acusaciones, junto a otros tres acusados.

Se trata de un requerimiento de "inaplicabilidad por inconstitucional" interpuesto el 20 de octubre pasado por el abogado Rodrigo Flores, contratado en Santiago por Juan Fernando Vásquez, y que buscaba que el suspendido jefe comunal pudiese esperar el juicio ejerciendo como alcalde.

La semana pasada, el juez presidente de sala del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Puerto Montt, Francisco Javier del Campo, dio a conocer este requerimiento a los intervinientes, pero el jueves último los abogados, acusados y fiscales recibieron la notificación que el recurso había sido declarado admisible por el Tribunal Constitucional, incluso ordenando frenar el juicio.

"Se resuelve que se suspende el procedimiento referido a la gestión penal invocada en estos autos", señala parte del documento, que en el TOP se recibió el jueves a las 19 horas.

La determinación del Tribunal Constitucional fue por tres votos a uno, y se entregó un plazo de 20 días para adjuntar los documentos de los intervinientes. El presidente subrogante de la primera sala, Domingo Hernández, estuvo por no acoger a tramitación el recurso y votaron a favor los ministros Juan José Romero, José Ignacio Vásquez y el suplente de ministro Cristian Suárez.

Jurisdicciones

El primero en reaccionar fue el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Tejos, quien dijo que es llamativa la pugna entre ambos poderes.

"De alguna forma demuestra que existe una pugna de jurisdicciones, porque el tribunal constitucional le ordena a otro Poder del Estado inhibirse de seguir ejerciendo sus facultades jurisdiccionales", señala.

A Tejos también le llamó la atención la doble estrategia del alcalde Vásquez, "de comparecer a un juicio alegando inocencia y por otro lado solicitarle al Tribunal Constitucional que suspenda este juicio", aseveró.

Juan Fernando Vásquez agregó que este requerimiento fue presentado mucho antes que comenzara el juicio, y que nunca hubo pronunciamiento, por lo que está sorprendido.

"Ello no ocurrió y ahora el Tribunal Constitucional decreta esta suspensión cuando estábamos trabajando en el desarrollo del juicio. Para mí, en lo personal, estoy muy tranquilo con el desarrollo del juicio oral en lo penal, en el sentido que se está demostrando mi inocencia de los hechos que me imputan", adujo.

La suspendida autoridad dijo que esta determinación lo incomoda.

"Producto de esto, manifiesto mis disculpas a la sala donde se está desarrollando el juicio, a los magistrados y a todos los que son parte de esta instancia. La idea mía es, dentro de mis posibilidades, desistirme de esta presentación al Tribunal Constitucional para que el juicio pueda continuar, porque soy de la idea que el juicio debe seguir, ya que la presentación al Tribunal Constitucional viene hoy a destiempo", afirmó.

Comunicación

El juez presidente de sala del Tribunal Oral en lo Penal, Francisco Javier del Campo, confirmó la recepción de la resolución del Tribunal Constitucional.

Explicó que el documento será analizado en la próxima audiencia. "Esta resolución de ese tribunal será sometida a conocimiento de los intervinientes en el juicio que se está llevando a cabo y que hace referencia a la resolución del Tribunal Constitucional para los efectos del conocimiento y después oír la opinión de los intervinientes, y el tribunal (Oral en lo Penal) resolverá lo dado a conocer", manifestó.

Para el abogado, el juicio debe seguir el lunes, y allí a primera hora se analizará el documento.

El fiscal regional Marcos Emilfork adujo que se adoptarán todos los cursos de acción necesarios para que el juicio siga adelante y se desarrolle con normalidad.

"Para la Fiscalía, la suspensión de la audiencia de juicio oral, especialmente en un juicio oral de esta naturaleza, resulta extraordinariamente preocupante", expresó Marcos Emilfork.

Sobre el tema que busca debatir de fondo el Tribunal Constitucional, el fiscal regional Marcos Emilfork manifestó que "lo que se invoca es un cuestionamiento de inaplicabilidad constitucional de una norma que no afecta, que no dice relación y que no tiene ninguna vinculación con este proceso penal y con el resultado del mismo". El abogado añadió que es incomprensible esta determinación.

19 horas del jueves pasado, la resolución del Tribunal Constitucional llegó al Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt.

20 días de plazo entregó el Tribunal Constitucional para que las partes hagan sus descargos y resolver el tema de fondo.