Enrique Osorio Guerrero

"El pueblo, el pueblo, el pueblo dónde está. El pueblo está en la calle, pidiendo dignidad". A viva voz y con un énfasis combativo, esta era la frase que más se repetía ayer en la mañana en el centro de Puerto Montt, lugar donde centenares de empleados públicos se reunieron para mostrar los efectos de la movilización nacional que rechaza el 4,1% de reajuste ofrecido por el Gobierno para el tramo diciembre 2015-noviembre 2016.

La vicepresidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Anef) de Puerto Montt, Pamela Espinoza, señaló que el llamado a paro nacional es por 48 horas (hasta hoy) pero que la mesa del sector público de la Región de Los Lagos convocó a tres días.

Cientos de trabajadores del sector público (800 según la organización, 500 de acuerdo a Carabineros), marcharon.

"Hoy (ayer) se conmemoró el Día Internacional Contra la No Violencia a la Mujer y gran parte del servicio público somos mujeres; por eso, tener a las trabajadoras en la calle es un acto de violencia del Estado contra nosotras", puntualizó Pamela Espinoza.

"Lo que perseguimos es que se realice un reajuste acordado. Los trabajadores y trabajadoras del Estado no podemos asumir las responsabilidades y los costos de un mal manejo en materia económica del Gobierno", afirmó la dirigente de la Anef.

La coordinadora de la mesa del sector público, Zulema Sandoval, indicó que "esto no es un tema caprichoso, es un acto de justicia; el Gobierno no nos puede endosar a nosotros las malas decisiones económicas que tomen. Las resoluciones las toma el Estado y mucha responsabilidad la tiene el empresariado".

La dirigente dijo que las crisis no las provocan los trabajadores, si no que los gobernantes, los parlamentarios y todos los partidos políticos. "Por lo tanto, ese problema no lo podemos pagar los trabajadores ni públicos ni privados", dijo.

Marcha

La marcha se desarrolló en el contexto de la fallida negociación entre los ministerios de Hacienda y Trabajo con los gremios del sector público.

Espinoza afirmó que a nivel regional pararon 1.500 funcionarios del sector público, luego de la información que les entregaron los dirigentes de cada comuna.

La directiva también acusó amedrentamiento a los funcionarios de algunos servicios como la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el Servicio Nacional contra las Drogas y el Alcohol (Senda), la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y Vialidad, donde las jefaturas no dejaron ir a la manifestación a sus trabajadores.

Gobierno

El intendente de Los Lagos, Leonardo de la Prida, afirmó que los funcionarios están buscando el mejor reajuste posible que les pueda otorgar el Gobierno. La oferta fue de un 4,1%, y ellos piden algo más del 5%, por lo que cree que están cerca de una cifra de acuerdo.

La primera autoridad regional añadió que sólo el 30% de los empleados públicos participó del paro a nivel regional y un 3% de ellos hizo con puertas cerradas, pero trabajando en sus oficinas.

Fue en el marco del procedimiento por el homicidio ocurrido el martes en la madrugada en el sector de Llico por la llamada 'guerra del loco', que terminó en el hallazgo de armas y gran cantidad de municiones de guerra que se mantenía en un domicilio en este punto de la zona costera.

Carabineros del OS9 de Puerto Montt llegaron al sector de Llico Bajo, por el lado de la comuna de Los Muermos, donde con una orden emanada desde el tribunal se procedió a allanar un domicilio.

En el lugar se encontró gran cantidad de munición y dos armas de guerra. "Se inspeccionó una vivienda, con previa orden judicial de entrada y registro, y se encontraron estas armas y municiones", explicó la fiscal jefe de Maullín, Ana María Agüero.

La persecutora dijo que se llegó a eso a raíz de la investigación por el homicidio de una persona.

"Se encontró a un hombre con gran cantidad de munición de guerra y armamento, y por ello fue imputado por tres delitos de posesión y tenencia de armas de fuegos, municiones y material bélico, entre ellos 38 balas de guerra, entre otro tipo de elementos balísticos", añadió la abogada.

Guerra

Al capitán Ricardo Díaz, jefe del OS9 de Carabineros de Puerto Montt, llamó la atención el procedimiento porque se trata de material de guerra.

"Se incautó un fusil de guerra Mauser calibre .308, junto a otro fusil calibre .22,70, con gran cantidad de munición balística todo de guerra", aseveró el oficial.

El capitán Díaz aseguró que no existen documentos de la procedencia y por orden de la fiscal todo ello fue decomisado.

Se trata de alrededor de 80 tipos de municiones, en su mayoría de carácter bélico.

Ayer, el único imputado por tenencia ilegal de armamento y municiones fue sometido a la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía, donde se decretó su prisión preventiva. El plazo para investigar es de 90 días.

Sin resultados han proseguido las diligencias para ubicar al presunto autor del homicidio de una persona ocurrida en alta mar en el sector de Llico en la comuna de Los Muermos, y donde se habría registrado el hurto de locos en una zona de manejo.

La víctima Osvaldo Tiznado Barría recibió un impacto de bala por la espalda el martes en la madrugada, mientras permanecía en una embarcación llamada 'Panga' extrayendo el cotizado molusco, sin que hasta el momento se pueda establecer quién efectuó el disparo.

La fiscal jefe de Maullín, Ana María Agüero, explicó que "hasta el momento no hay novedades, aunque las diligencias se siguen desarrollando", enfatizó.

Intelectuales

El alcalde de Los Muermos, Emilio González, dijo que en muchas oportunidades se le ha pedido a la autoridad, a la Armada y a Carabineros, más seguridad.

"No sabemos por qué no se persigue a los autores intelectuales. Se sabe que no es difícil pillar a estos tipos, ellos son los que manejan a quienes van a sacar el loco", manifestó.

Para el jefe comunal, no es complejo indagar estos ilícitos, porque se puede hacer un seguimiento a las facturas y al proceso que conlleva este recurso.

"Lo otro es que estas personas, cuando llegan a las áreas de manejo, lo hacen con lanchas con motores fuera de borda de 200 hp, que valen 20 millones cada uno, por lo que las velocidades son superiores a las patrulleras y lanchas de la Armada", puntualizó.

Para el alcalde de Los Muermos, esta actividad mueve millones de pesos.

"En Estaquilla los pescadores tienen sus áreas de manejo, pero deben pagar por ello, y no es fácil mantener sus recursos. Es algo en lo que llevan trabajando muchos años para preservar el molusco; no es llegar y arrasar como están acostumbrados otros pescadores", anotó.

La presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores (Conapach) señaló que el alcalde ha estado con ellos desde el día del incidente.

Manifestó que independiente de cómo haya sido el hecho, "seguimos lamentando lo ocurrido, pero primero se debe investigar bien lo acontecido. Pero le repito acá en Estaquilla nuestra gente es de trabajo y no hay asesinos", recalcó.

La dirigenta, al mismo tiempo, argumentó que nunca se ha podido trabajar en forma tranquila, por los constantes robos del producto.

"El Estado nos entregó un área de manejo y nos dijo que teníamos ésto para sobrevivir y nosotros decidimos por ello, por el trabajo", aseguró Zoila Bustamante.