Marcelo Galindo Gallardo

Consejeros regionales, diputados, alcaldes y ex alcaldes, serán parte de los testigos que prestarán declaración durante el largo juicio que comenzó ayer en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Puerto Montt, contra el alcalde (suspendido) Juan Fernando Vásquez, un concejal, un ex funcionario municipal y un abogado, por malversación de caudales públicos, entre otras acusaciones.

La sala estaba repleta de público, pero lo que más llamó la atención son los 11 abogados y cuatro imputados, que desde ayer comenzaron a intervenir en un juicio que se va a extender por tres semanas.

Durante las audiencias se considera la intervención de alrededor de 60 testigos y nueve peritos contables, algunos de ellos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.

Serán funcionarios municipales, algunos de ellos nombrados en la acusación, las escuchas telefónicas y la revisión de los correos electrónicos, entre otras pericias, lo que dará vida a este juicio, cuyos jueces son José Bustos, Jaime Rojas y Francisco del Campo, éste último juez presidente de sala.

Durante esta jornada se considera el testimonio de dos de los cuatro acusados: Luis Saavedra, ex jefe de Finanzas de la Municipalidad de Llanquihue, y el abogado Miguel Urrutia Tobar, quien incluso fue autorizado por los magistrados para que ejerza defensa a su favor. El suspendido alcalde Juan Fernando Vásquez y el concejal (PS) Fernando acuña, analizarán durante el juicio si prestan declaración.

Testigos

Durante la próxima semana, entre los testigos que declararán en el Tribunal Oral, se encuentra el ex alcalde de Llanquihue, Walterio Vargas, quien es testigo de la Fiscalía de Puerto Varas. Curiosamente, fue esta instancia que exactamente hace cinco años logró condenarlo por malversación de caudales públicos.

También, llegarán al juzgado como testigos de la defensa el diputado (PS) Fidel Espinoza, su hermano el alcalde de Frutillar Ramón Espinoza y el consejero regional (PS) Manuel Ballesteros, entro otros políticos de la región.

Durante la jornada de ayer, el magistrado Francisco del Campo dio lectura a la acusación y posteriormente cada uno de los intervinientes (11 abogados) dieron a conocer sus posturas, entre ellos el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Tejos.

Decretos

El fiscal que lleva el caso, Marco Muñoz, que se hizo acompañar del fiscal Naín Lamas, fue el primero en intervenir.

Explicó en forma detallada la acusación. "En el examen de Contraloría en los decretos de pago se encontraron diferencias en los montos e irregularidades". El persecutor explicó que existen decretos para cancelar sin pagos acreditados, e incluso algunos realizados en dos oportunidades.

Se pagaron remuneraciones de los Programas de Empleos a personas que no tenían domicilio en Llanquihue. "A dentistas, arquitectos y profesionales que no calificaban para estos empleos", aseveró el persecutor.

Entre los decretos de pago, figura la madre del ex jefe de finanzas, Luis Saavedra. En total son 39 millones de pesos rendidos con esta modalidad y en planillas falsificadas, de acuerdo a la acusación fiscal.

Ninguno de los abogados defensores se refirió al juicio, sólo habló Miguel Urrutia, defensor del abogado Miguel Urrutia Tobar. "Desde un inicio apostamos por la absolución absoluta de todos los cargos que se formularon, porque este ha sido un procedimiento irregular desde el inicio, desde la diligencia de registro e incautación que se publicitó por todos los medios de comunicación en contra de mi padre", aseveró.

Urrutia criticó al Ministerio Público por el accionar, y dijo que había un pronunciamiento de la Corte Suprema.

El abogado del CDE Rodrigo Tejos manifestó que la labor del consejo es intervenir en aquellos delitos que hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y precaver el patrimonio fiscal. "En este caso, habiendo sido delitos que produjeron esos perjuicios cabe la presentación de la querella y demanda civil", adujo.

Aplazan juicio abreviado para uno de los imputados en caso de explotación sexual

Nada está definido respecto a uno de los tres imputados en el caso de explotación sexual de menores en Puerto Montt, porque la audiencia de juicio abreviado que se iba a realizar ayer en el Juzgado de Garantía fue aplazada en tres meses.

La solicitud fue planteada en la audiencia por el abogado Jorge Ferdman, quien es defensor de Oliver Patricio Nieto Norambuena.

El profesional confirmó que se busca una salida alternativa. En cuanto al juicio abreviado, señaló que se conversó con el ente persecutor esta instancia.

"Es una de las alternativas que cabe, lo que ocurre es que pedimos la suspensión de la audiencia, porque estamos trabajando en otros antecedentes que nos permitirían como defensa de Nieto Norambuena llegar en mejor condición al procedimiento", aseveró.

Andrea Pröeschle, coordinadora de la Unidad Jurídica del Sename (Servicio Nacional de Menores), explicó que esto va más allá de un aplazamiento, porque el imputado con esto reconoce responsabilidad en los hechos.

El fiscal jefe, Marcello Sambuceti, quien lleva la causa, se mostró de acuerdo con el aplazamiento, porque dijo que significará un aporte de más antecedentes a la investigación.

"Estamos en proceso de análisis y determinando eventuales responsabilidades en otros tipos de ilícitos relacionados con estos hechos", comentó.

Andrea Pröeschle, abogada del Sename, agregó que el imputado Jorge Rodríguez Lopetegui será reformalizado el 30 de este mes.

Confirmó que ese mismo día habrá una audiencia de revisión de medidas cautelares.

"Respecto de ambos también hay una solicitud de ampliación de plazo de investigación, producto de diligencias pendientes que nosotros solicitamos como Sename", acentuó.

21 días se podría extender el juicio por malversación de caudales públicos que comenzó ayer en el Tribunal Oral en lo Penal.

69 testimonios se esperan durante las tres semanas, entre peritos, funcionarios de la Municipalidad de Llanquihue y políticos.