Con el voto en contra de Jacqueline van Rysselberghe (UDI), la Comisión de Pesca del Senado aprobó en general el proyecto de ley que modifica la Ley de Pesca del año 2012.

El texto legal, iniciado en moción de los senadores Rabindranath Quinteros (PS), Carolina Goic (DC) y Adriana Muñoz (PPD), busca discutir y reformular a fondo la también llamada "Ley Longueira".

El senador Quinteros aclaró que "la idea no es derogar una ley, sino que en base a todos los antecedentes que han salido a la luz pública, se haga una revisión a fondo".

Argumentó que la pesca artesanal se ha visto afectada con esta regulación, por lo que "queremos corregir esto. Además de aumentar la competencia en el sector pesquero, mejorando ingresos para el sector público y manteniendo grados aceptables de estabilidad laboral para los operadores".

El texto legal propuesto también establece el "carácter público de los recursos del mar". Ahora, el proyecto de ley será ser sometido a votación en la Sala. De ser aprobado, comenzará su estudio en particular en la Comisión de Pesca.

Bien recibida

Consultado sobre este paso, Juan García, presidente de la AG Demersales, resaltó esa aprobación. Explicó que ese gremio está por "una revisión profunda de la ley, porque consideramos que es necesario, por todos los acontecimientos que siguieron, en los que hubo parlamentarios que prácticamente recibieron recursos para votar de una cierta forma".

Agregó que están dispuestos a colaborar para modificar algunos aspectos de ese cuerpo legal "porque hay cosas en la ley que debemos revisar profundamente", aseveró.

En tanto que Alfonso Almonacid, presidente del Sindicato de Tenglo, afirmó que está de acuerdo si ese proyecto incorpora "una solución para el trabajo del pescador artesanal".

Propuso que en los estudios técnicos para determinar las cuotas de pesca, también participen representantes del sector.

Asimismo, planteó la necesidad de limitar efectivamente el acceso de las flotas industriales a las áreas de pesca reservadas para el sector artesanal.

No fue muy bien recibida la reciente resolución del Comité de Ministros, que mantuvo la calificación ambiental favorable para el proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica de Pasada Mediterráneo, que quedará enclavada en la comuna de Cochamó.

Esa instancia, que preside el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, e integran los titulares de las carteras de Energía, Minería, Economía, Salud y Agricultura, estableció también nuevas medidas de mitigación, para abordar el impacto del proyecto, en los componentes turismo y medio humano.

A pesar de ello, la diputada Marisol Turres aseguró que "ninguna compensación puede justificar poner en riesgo la flora y fauna de nuestra Patagonia y especialmente de la hermosa comuna de Cochamó. El progreso no puede ser a costa de destruir nuestro patrimonio ambiental", enfatizó.

Reconoció que el pronunciamiento del Comité de Ministros le genera sentimientos encontrados. "Muchos de los reclamos de los vecinos, directamente afectados por las líneas de transmisión, fueron atendidos y la empresa deberá invertir en infraestructura turística y contratar a personas de la zona para realizar el proyecto. Eso es positivo", afirmó.

Pero, criticó la "liviandad con que se tomaron los reclamos sobre el impacto en el medio ambiente. Me deja un sabor amargo", afirmó Turres.

Consultada sobre los beneficios que podría traer un proyecto cuya inversión bordea los 400 millones de dólares, Marisol Turres expuso que "es una lástima que para que la gente de Cochamó pueda tener servicios básicos, como caminos, antenas de telefonía celular, agua potable, luz eléctrica, el costo que haya que pagar sea el sacrificio de esa cuenca, con las centrales y mega centrales que se anuncian", dijo.

No rendirse

Mientras que dirigentes del naciente partido político Poder Ciudadano, calificaron como "vergonzoso e impresentable" la decisión de ese comité, por lo que instaron a la comunidad a no resignarse.

"Lamentamos y rechazamos esta decisión, que consideramos una falta de respeto a la ciudadanía, al no abordar a fondo los 27 puntos de reclamación que interpusieron los habitantes de Río Puelo".

Por eso es que "llamamos a la comunidad de Río Puelo, Cochamó y actores sociales de la región, a no rendirse. Eso es lo que la empresa Mediterráneo están esperando que pase", sostuvo Mario Medina, coordinador de Poder Ciudadano.

Mary Rojas, vocera de la agrupación en Puerto Varas, afirmó que "quedó al descubierto que los que tienen el poder no se preocupan del sentir de la gente. Todos sabemos el impacto negativo que traerá esta central hidroeléctrica, no solo para los habitantes de Puelo, sino para toda la región".

Erwin Schnaidt Ávila

La reciente denuncia por la existencia de una colusión de las empresas CMPC Tissue y SCA Chile, que dominan el mercado de los papeles tissue, también está impactando en Puerto Montt.

Así lo reflejan comerciantes callejeros dedicados a la venta de papel higiénico, quienes aseguraron haber experimentado importantes alzas en el precio que pagaban por ese producto.

Luis Marcelo Cárdenas se ubicaba ayer en la esquina de Antonio Varas con Cauquenes, en pleno centro de la ciudad , y mientras ofrecía cuatro rollos de papel por mil 200 pesos, comentó que su proveedor subió el precio de $ 9 mil a $ 13 mil, el paquete de 12 unidades.

Aseguró que está ofreciendo los productos que mantenía en reserva, ya que "a ese precio, no podemos comprar".

Reconoció que las empresas debían obtener utilidades por su negocio, pero que tras conocer la investigación en su contra "ahora sabemos que estaban ganando demasiado".

El vendedor dijo esperar que tras este escándalo baje el precio del papel.

En la feria ubicada en Andrés Bello con Ancud, Víctor Téllez afirmó que veía venir este desenlace, ya que "hace cuatro años el precio era de $ 7 mil el folio de 12 confort-confort, de 30 metros, doble hoja. Pero, fue subiendo y a veces de un día a otro. De repente eran $500, mil pesos el folio en el mes. Se veía que ellos lucraban con esto. Yo tengo las facturas", aseguró.

Así fue como llegó a pagar $10.670 por el "folio", para cobrar $ 1.200. Ante ese mayor valor, optó por cambiar a una nueva marca (FPC, de Coronel) a la que compra en $8.700 las 12 unidades, para vender los paquetes de cuatro, en sólo mil pesos.

Compensación

Mientras que la seremi de Economía, Carmen Gloria Muñoz, destacó que el Sernac "hará cumplir medidas de compensación que tendrán que aplicar las empresas".

Argumentó que durante mucho tiempo los chilenos pagamos más por este acuerdo entre empresas para subir los precios en conjunto. "Por lo tanto, se tendrá que ver en qué medida eso repercutió en los consumidores y de qué manera se les devolverá ese mayor valor", agregó.

La seremi Muñoz explicó que ello se establecerá en un proceso de mediación entre el Sernac y las empresas.

"Llamamos a los consumidores a que estén tranquilos, porque el Sernac va a hacer su trabajo en esta demanda, para que los compradores puedan ser compensados", especificó.

Explicó que como se trata de una situación a nivel país, "deben confiar en que el Ministerio de Economía, a través de sus distintos servicios, como el Sernac y el Tribunal de la Libre Competencia, está actuando y con el mayor rigor".

Agregó que otra medida es la presentación del proyecto de ley de Fortalecimiento de la Libre Competencia, "que restablece las penas de cárcel y multas mayores para quienes vulneren el principio de la libre competencia y se coludan para fijar precios que terminan por afectar a los consumidores".

Expuso que el gobierno le otorgó suma urgencia a esa iniciativa legal, por lo que el Congreso dispone de 15 días para despacharla.