Los dos imputados acusados de balear en la cabeza al subteniente Óscar Muñoz Vega el jueves en Peñalolén, quedaron en prisión preventiva por los 60 días que dure la investigación, tras haber sido formalizados por el delito que mantiene al uniformado en riesgo vital.

Ramón Olguín Díaz, quien ha sido acusado como el autor del disparo fue formalizado por los delitos de homicidio frustrado, porte ilegal de arma, disparar de forma indiscriminada en la vía pública y robo con intimidación. Nicolás Reyes Urbina, quien huyó del lugar para entregarse más tarde el mismo jueves, fue formalizado sólo por el ilícito de porte ilegal de arma.

El fiscal Ernesto Navarro, informó que Olguín "efectúa un disparo, el subteniente cae al suelo y el imputado efectuó dos disparos más".

El imputado tenía una orden de arresto pendiente y en 2003 fue condenado a 12 años de cárcel por los delitos de homicidio y robo, según informó el Ministerio Público.

Felipe Sepúlveda, fiscal jefe de Peñalolén Macul, indicó que "según la declaración del cabo que acompañaba al subteniente, Olguín Díaz tras dispararle al subteniente le grita 'a ti también te voy a matar'".

El tiroteo ocurrió mientras los uniformados realizaban un control a una pareja de motociclistas. El carabinero herido se encontraba vestido de civil durante el procedimiento, pero según se informó, se identificó y mostró sus placas al momento del control.

"Un carabinero que está de civil, que trata de pasar desapercibido, resulta imposible que ande con casco o con un chaleco antibalas", explicó en declaraciones citadas por Cooperativa el general jefe de la zona metropolitana de Carabineros, Cristián Fuenzalida.

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, fue hasta el Hospital Militar para conocer el estado de salud de Muñoz, quien ayer seguía en riesgo vital.

Ahí fue cuando la secretaria de Estado anunció que el Gobierno buscará subir las penas por maltrato de obra a Carabineros. En caso de lesiones graves, gravísimas a un uniformado, serían hasta 20 años en cárcel, es decir, una condena por presidio mayor en su grado máximo y no medio, como es hoy (entre 10 y 15 años).

Blanco dijo que esto se incluirá en la agenda corta de seguridad para "dar una señal de que como sociedad, esto no lo vamos a tolerar".

El ministro en visita Mario Carroza decidió procesar a seis de los militares en retiro en calidad de autores de homicidio calificado y a uno como cómplice, por su responsabilidad en el denominado caso quemados, en el que Rodrigo Rojas de Negri perdió la vida y Carmen Gloria Quintana resultó con graves quemaduras.

El mismo magistrado explicó que los uniformados (r) fueron encausados por ese delito por la muerte de Rojas, quien falleció cuatro días después de los incidentes ocurridos el 2 de julio de 1986, mientras que se les procesará por el ilícito en grado frustrado en el caso de Quintana, pues sobrevivió a los hechos.

Esta semana Carroza ordenó la detención de Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Sergio Hernández, Julio Castañer, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo, por su posible responsabilidad en el crimen, luego de que surgiera el testimonio de Fernando Guzmán, un ex conscripto que dijo que fue testigo de los hechos.

Castañer fue indicado por Guzmán como el autor material del atentado y durante su traslado de Punta Arenas a Santiago para ser interrogado, fue "funado" por un grupo de personas en el aeropuerto de la ciudad austral.

"Se ha resuelto el procesamiento de las personas que se encontraban detenidas, particularmente seis de ellos como autores y uno como cómplice. Los seis autores serían los oficiales y los suboficiales que comandaban las patrullas, y un conductor del camión, el señor Hernández, que hoy en día llegó a declarar desde Valdivia, estaría en calidad de cómplice", señaló el juez.

Los militares (r) se encuentran detenidos en el Regimiento de Policía Militar N°1 de Peñalolén a la espera de las diligencias que determine el magistrado y de las acciones que decidan tomar sus abogados.

Durante la jornada de ayer Carroza tomó la declaración de Sergio Hernández, quien debió ser trasladado por personal de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI desde Valdivia hasta la capital.

Carroza señaló que continuará con las diligencias de la investigación en los próximos días, entre las que se cuentan la toma de declaraciones de los 17 ex conscriptos que se encontraban en la patrulla en la detención de los jóvenes quemados el día que ocurrieron los delitos indagados.

El ministro no descartó llamar a declarar al general (r) Santiago Sinclair Oyaneder, quien fue vicecomandante en jefe del Ejército, integrante de la Junta Militar y senador designado.

Verónica de Negri, la madre de Rodrigo Rojas, acusó al Ejército de encubrir a los responsables de la muerte de su hijo y le pidió a la Presidenta Michelle Bachelet que cierre el penal Punta Peuco. "Este pacto de silencio tiene que terminar, pero no sólo eso, todos los militares que han cometido delitos de lesa humanidad tienen que ser degradados. Tiene que cerrarse Punta Peuco, y la Presidenta (Bachelet) tiene el derecho a firmar un decreto que ordene eso. Terminemos con los privilegios de los militares", afirmó De Negri ayer.