El diputado del distrito 56 Felipe De Mussy expresó su satisfacción por la aprobación en la Comisión de Hacienda la inclusión de un juez de garantía más para Puerto Varas, instancia que según dijo el parlamentario de la zona, "será de mucha utilidad en la mejor administración de justicia".

De Mussy, junto con confirmar esta información, señaló que es sabido por la opinión pública que las estadísticas entregadas por los propios tribunales a través del Ministerio Público, apuntan a una sobrecarga de trabajo ante centenares de causas y juicios que se deben tramitar en la comuna lacustre, donde opera jurisdiccionalmente el Juzgado de Garantía para la cuenca del Lago Llanquihue y alrededores.

"Es muy importante esta determinación y estoy muy satisfecho de haber aprobado con mi voto la redistribución de jueces a la zona, ya que también fueron aprobados dos jueces de garantía para Puerto Montt, lo que también es una buena noticia", dijo De Mussy

Del mismo modo, el legislador reconoció que la sobrecarga y a veces la saturación de profesionales en materia de trabajo, no permite realizar su labor compleja y delicada hacia las personas y, asimismo, el retraso que ello produce.

Una vez aprobadas en las respectivas comisiones estas nuevas incorporaciones de magistrados, que además incluyen comunas de la zona norte y Región Metropolitana, debe ser visada en la Cámara Baja para hacerse efectiva en la práctica.

Un funcionario de Gendarmería, que fue destituido de la institución luego de simular un millonario asalto en la ciudad de Puerto Varas, fue condenado a 300 días de presidio y, además, deberá pagar una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Se trata de Héctor Omar Mora Quintana (31), oriundo de Chillán, que alcanzó a desempeñarse como cabo 2°.

El hecho ocurrió el 7 de julio de 2014, en circunstancias en que el imputado -que se encontraba de vacaciones- y la mujer, con quien tenía una relación, acordaron el supuesto delito.

Fue así como la imputada concurrió hasta un banco de Puerto Montt, donde retiró 5 millones de pesos, y luego se dirigió hasta la oficina de la empresa de su madre en Puerto Varas. En ese momento, llega el gendarme, quien la intimida con una pistola, la amarra y huye con la mochila y el dinero.

Carabineros y la Fiscalía logran establecer que todo era un montaje entre ambos para apropiarse del dinero. La víctima real es la madre de la imputada.

El fiscal jefe de Puerto Varas, Daniel Alvarado, detalló que el Juzgado de Garantía de Puerto Varas dictó sentencia condenatoria en contra del acusado, luego que se realizara un juicio simplificado.

"El funcionario de Gendarmería, coludido con otra persona que también fue condenada, se concertaron para simular un robo con intimidación en el domicilio laboral de la persona que reside en la comuna de Puerto Varas. Incluso, él procedió a amarrar a la mujer y sustrajo en una mochila la suma de 5 millones de pesos y salió del lugar, incluso utilizando una pistola a fogueo, simulando un arma de fuego", detalló. El persecutor dijo que también andaba con pasamontañas, siendo visto por un testigo que lo siguió y lo retuvo, hasta que llegó Carabineros.

Alvarado sostuvo que se indujo a perseguir penalmente un delito de robo con intimidación que no era ni real ni verídico. Se tuvieron que hacer varias diligencias y hubo que gastar recursos en peritajes de Labocar (Laboratorio de Criminalística), balísticos y químicos, entre otros. Incluso se aplicó el plan candado y gastar recursos que son escasos.

"Fue condenado a 300 días de presidio menor en su grado mínimo con el beneficio de remisión condicional , más las accesorias legales de suspensión para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y una multa de 10 UTM (cerca de 450 mil pesos)", dice.

Lo importante de esta sentencia -recalca el abogado- es que el funcionario obtuvo una condena.

"Es una señal clara de que no se van a tolerar situaciones en que se utiliza a la justicia y la denuncia para faltar a la verdad e inventar hechos irreales que tienen un gran costo. Esas personas serán perseguidas por obstrucción a la investigación", sentenció el fiscal.

En algunos casos, la pena puede llegar hasta los 3 años de presidio menor en su grado medio. Lo más complejo en este tipo de situaciones, es que una persona puede terminar incluso privada de libertad.