El socialista Fernando Acuña -junto a sus colegas concejales Antonio Caileo (Pro) y Víctor Angulo (DC)- fue uno de los que presentó un requerimiento ante el Tribunal Electoral en contra del alcalde de Llanquihue, Juan Fernando Vásquez, a quien acusaron por notable abandono de deberes.

Requerimiento que en primera instancia les resultó favorable, por cuanto el jefe comunal fue apartado de sus funciones hace una semana por el TER.

Sin embargo, el edil fue formalizado en mayo del año pasado por el Tribunal de Garantía de Puerto Varas, por el delito de malversación de caudales públicos (se habla de $6 millones).

De ello, el edil evita hablar, pero explica que "se me bajó la calidad de autor a encubridor y más adelante podré demostrar mi inocencia".

Se trata de unos depósitos que le habrían realizado y "donde la investigación se encuentra en curso".

En el proceso -señala Acuña- ha podido demostrar que no es tan así como se le formalizó, pero "eso es algo que corresponde a la justicia, por lo que yo mantengo mi silencio porque así debe ser hasta que la justicia diga lo contrario".

En la ocasión, el edil ya había manifestado que no había cometido delito alguno y que colaboraría con la investigación.

- Sí, pero también ejerzo mi facultad de concejal en lo que respecta a fiscalizar.

- Aquí hay un conjunto de cosas en que el alcalde incurrió en abandono de deberes. Tenemos remates de la bodega municipal -que el municipio arrienda- y donde la persona que remató la bodega recuperó con creces lo que invirtió en el remate y hoy día está obteniendo ganancias, porque este inmueble fue rematado como en 15 millones de pesos y hoy día su arriendo supera los $800 mil. Por lo tanto, si uno saca la cuenta que han pasado unos dos años, el precio del remate ya está ampliamente pagado.

Además, nunca ejerció alguna acción para recuperar los 38 millones de pesos.

Sus roles en la campaña a diputado del UDI Felipe de Mussy -formalizado en el marco del Caso Penta- clarificaron ante la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, los concejales de Puerto Varas, Eduardo Hernández y Ariel Guzmán (ambos UDI).

Sobre esta cita, Hernández cuenta que a comienzos de semana recibió un llamado que le informaba que debía ser interrogado junto a otras tres persona por instrucción de los fiscales Sabas Chahuán y Carlos Gajardo.

En el lugar, "me preguntaron cuál había sido mi participación en la campaña" de De Mussy. En su relato cuenta que: "me mostraron las boletas que había girado José Tomás Garcés. Y si yo las había visto durante el proceso de la campaña". Una de 4 millones 500 mil pesos y otra de 2 millones 700 mil pesos.

La respuesta de Hernández fue que "nunca las había visto". Y descarta que le hubieran consultado si es que había emitido o no boletas.

Por el contrario, subrayó que su participación en esta campaña fue por amistad y por ser concejal de la UDI: "Lo acompañé de manera voluntaria y gratuita. No recibí pago alguno". Otra de las consultas tuvo que ver con el proceso que terminó con De Mussy como diputado, "dónde realizábamos las reuniones y quiénes eran las personas que concurrían", a lo que Hernández contestó que en un comienzo los encuentros tenían lugar en un sitio reservado del Club Alemán de Puerto Montt.

Hernández recalca que, desde el punto de vista personal, "lamento profundamente el haberme involucrado en este tipo de situaciones, porque mi participación fue voluntaria y gratuita. Quiero ser tajante en que no recibí pago en la campaña de Felipe (De Mussy).

En tanto, el otro edil citado a declarar -Ariel Guzmán- cuenta que concurrió en calidad de testigo solicitado por la defensa de De Mussy, que pidió que se le tomara declaración a algunas personas que trabajaron en la campaña.

En la cita, Guzmán relató su función: "Nunca me consultaron el tema de las boletas, sí cómo veía yo el manejo que se hizo de la campaña. Y mi función era territorial, de manejo de equipos, por lo que por mis manos nunca pasó plata y no cobré un peso por participar en ella".

De parte de De Mussy, se indicó que estas declaraciones se hicieron a petición de su defensa.

vicente.pereira@diariollanquihue.cl

Multas en UTM y que oscilan entre las 10 ($437 mil 600) y 30 ($1 millón 312 mil 800) podrían recibir las autoridades que infrinjan la Ley del Lobby, que comienza a operar para los alcaldes, concejales y consejeros regionales a partir del 29 de agosto.

Ahora, también se contemplan agravantes, como omisión inexcusable o información falsa o inexacta, caso para el cual se puede cursar una multa de 50 UTM ($2.188.000).

Estos castigos, en todo caso, corresponden a los organismos públicos obligados y para los lobbistas, mientras que en el caso de los municipios la ley faculta a la Contraloría para que pueda sancionar.

La idea es que las autoridades puedan transparentar todo lo que hacen y las empresas, gestores de intereses y lobbistas, tendrán que ser transparentes en su actuar y dejar registro de las gestiones que hacen con las autoridades.

Para los municipios, en tanto, significará una carga adicional de trabajo, por cuanto tendrán que dejar registro de las reuniones que tengan y del contenido de ellas.

En los municipios estiman que la implementación podría significar la contratación de unas tres personas, por cuanto se tiene que disponer de un funcionario que maneje la agenda del alcalde y de los ediles.

Para los lobbistas y gestores de intereses, también significará un trabajo mayor por cuanto tienen que solicitar -vía formulario de audiencia- el motivo del encuentro y las personas que estarán en esta reunión.

La autoridad tiene tres días para responder y, frente a un tema determinado, debe existir ecuanimidad y trato igualitario ante los interesados.

Y si la temática abordada fue distinta a la requerida, también debe quedar escrita.

Por eso, ayer tanto las autoridades de las distintas comunas de la región, como los cores, participaron de una capacitación realizada en el Salón Azul del edificio de la Intendencia.

Marcelo Drago, consejero del Consejo para la Transparencia, explicó algunos alcances de esta ley.

De partida, explica que no existe ningún impedimento para que alguna autoridad se pueda reunir con alguien (organización deportiva o gremio) en un lugar público, como una cafetería.

Lo mismo si es que acude a una reunión que fue abierta al público. En ambos casos no debe ser informada la reunión.

¿Por qué? Según explica Drago, ello se debe a que lo que manda es la materia para realizar la formalidad.

Y una reunión con público es abierta y por lo mismo lo que busca la Ley del Lobby es regular las que no están abiertas al público.

¿Un café con un empresario o dirigente? "Eso lo puede hacer siempre una autoridad. Aquí hay que tener cuidado, porque de alguna forma se trata de decir que si todos estos cafés y cenas serían excusa para evadir la ley, ello no es así".

Además, se contempla que ninguna reunión que no sea formal, se haga en su oficina, en el ámbito privado y en horario de trabajo.

El resto, en tanto, corresponde a la vida social de la autoridad, personal o citas que la propia autoridad solicitó.

Por ejemplo, si es el intendente quien debe juntarse con un grupo de pescadores u organizaciones gremiales, porque le preocupa alguna materia de dicha organización, queda fuera de esta ley, por cuanto fue la autoridad quien la pidió.

Por lo mismo, Drago recalca que todos los encuentros casuales -aniversario de un colegio- no es materia de la ley.

Más que las autoridades, el personero destaca que ahora serán los lobbistas quienes tienen que preocuparse de explicar el detalle de un tema planteado. Quién ya está regido por esta ley es el intendente Nofal Abud, que señala que debido a que en la Intendencia ya está operando, es que las audiencias que -según la ley- deben ser registradas a través del sistema informático habilitado para este efecto, están siendo registradas y autorizadas conforme a la normativa.

Esto, de cara a concretar el derecho de la ciudadanía para participar de forma activa de control y desarrollo de la gestión pública.