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El Gobierno alemán convocó ayer al embajador de EE.UU. en Berlín, John B. Emerson, luego que la plataforma Wikileaks revelara presuntas escuchas de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) al Banco Central Europeo (BCE), a la canciller Angela Merkel y a varios ministerios.

Según informaciones del diario "Frankfurter Allgemeine Zeitung", que se remite a círculos gubernamentales, el ministro de la Cancillería (Gobierno), Peter Altmaier, llamó al embajador para pedirle explicaciones, principalmente sobre el informe que recoge una conversación telefónica de Merkel sobre Grecia de 2011.

Varios medios se hicieron eco ayer de las nuevas revelaciones difundidas por Wikileaks sobre supuestas escuchas al BCE y a los ministerios de Economía, Finanzas y Agricultura de Alemania, que se unen al espionaje al teléfono móvil de la canciller.

De acuerdo con esas informaciones, las escuchas telefónicas empezaron en los años 90 y se orientaron especialmente al ámbito económico y comercial alemán.

Una de las líneas pinchadas era la utilizada por Oskar Lafontaine en su etapa como ministro alemán de Finanzas, cargo que ocupó unos meses entre 1998 y 1999, en el arranque de la primera legislatura de la coalición roji-verde que encabezó el canciller Gerhard Schröder.

Esa línea telefónica sigue en uso y actualmente pertenece a la secretaría del Ministerio de Finanzas de Wolfgang Schäuble.

Las escuchas al BCE afectaron solo a una línea de la dirección de desarrollo económico.

El diario "Süddeutsche Zeitung" publicó, además, el informe de la NSA sobre una conversación que mantuvo Merkel, el 9 de octubre de 2011, con un asistente no identificado, sobre la situación de Grecia y las diversas opciones que se barajaban en ese momento, en la que la canciller mostraba sus dudas ante una eventual quita de la deuda.

Mayor desconfianza

El ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière, admitió ayer, en declaraciones a la televisión pública ARD, que tras las primeras revelaciones sobre las escuchas -incluido el celular de Merkel- Alemania se ha vuelto más desconfiada respecto del trabajo de los servicios secretos de países occidentales.

Para el ministro de Economía y vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel, el principal problema reside en la duda de si la NSA no espió también empresas alemanas.

El espionaje de la NSA al Gobierno alemán está siendo investigado por una comisión parlamentaria cuyo presidente, Patrick Sensburg, dijo ayer, también en declaraciones a la ARD, que está convencido de que las escuchas se prolongaron por lo menos hasta finales de 2012.

El ex director del área Internacional de Petrobras Jorge Zelada fue arrestado ayer por sus presuntos nexos con el escándalo de corrupción en la petrolera estatal. El ex funcionario, en prisión preventiva, está bajo sospecha de haber cometido fraude en licitaciones, desvío de dinero público, evasión de divisas y lavado de dinero.

Según los investigadores, citados por el portal UOL, existen indicios de que Zelada recibió sobornos para que la empresa estatal contratara un buque de perforación de la empresa Vantage Drilling.

En la denuncia elevada al juez responsable del caso Petrobras, Sergio Moro, los procuradores sostienen que entre julio y agosto del año pasado, cuando la red de desvíos de fondos en Petrobras ya había sido descubierta, Zelada transfirió más de siete millones de euros que tenía ocultos en Suiza, a una cuenta en el principado de Mónaco, con el fin de impedir que le fueran bloquedo.

Funcionarios de Florida, Alabama, Mississippi y Louisiana, en EE.UU., anunciaron ayer que llegaron a un acuerdo por US$ 18.700 millones con BP que resuelve años de litigios por el derrame petrolero de 2010 en el Golfo de México.

El acuerdo anunciado tiene lugar en momentos en que un juez federal se aprestaba a dictaminar cuánto debía BP en penalidades por violaciones a la Ley del Agua Pura después que millones de litros de petróleo contaminaron el Golfo. Los estados también litigaban individualmente.

Destino del dinero

El dinero se utilizará para cumplir con las penalidades antedichas, resolver demandas por daños a los recursos naturales, zanjar demandas económicas y resolver reclamaciones de gobiernos locales, según los términos del acuerdo presentados ayer ante un tribunal federal.

Al argumentar contra el monto de la indemnización, BP adujo que sus costos relacionados con el derrame excederían los US$ 42.000 millones, aún sin la multa por la violación a la ley del Agua Pura. Tampoco estaba en claro cuánto pagará BP según un acuerdo en 2012 con individuos y negocios.

Los costos de BP hasta ahora incluyen unos US$ 14.000 millones por reacción al derrame y limpieza, y US$ 4.500 millones en penalidades anunciadas después de un acuerdo por un caso penal con el Gobierno.

En 2012, BP convino el acuerdo con los abogados de los demandantes sobre reclamos por daños económicos y a la propiedad. En su primer balance para el primer trimestre del 2015, BP calculó por lo menos un costo de US$ 10.300 millones. Pero destacó que la cifra podría ser mayor, dependiendo de cuántos reclamos legítimos fueran interpuestos dentro de un plazo que expiró recientemente.